Lingotes de oro: la Corte envía el caso de Zulay Rodríguez al Ministerio Público

Lingotes de oro: la Corte envía el caso de Zulay Rodríguez al Ministerio Público
La Corte Suprema de Justicia rechazó al menos cinco recursos a la excandidata presidencial Zulay Rodríguez, en el caso de los lingotes de oro. Elysée Rodríguez


La Corte Suprema de Justicia declinó a la esfera ordinaria el proceso seguido a la exdiputada perredista Zulay Rodríguez, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales tras la apropiación 68 kilos de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos, ya fallecido.

Fuentes del Órgano Judicial confirmaron a este medio que la Asamblea del periodo 2019-2024, finalmente notificó a la Corte que Rodríguez, efectivamente renunció a su curul a finales de febrero pasado. Por tanto, la magistrada fiscal del caso, María Cristina Cheng Stanziola remitió la investigación al Ministerio Público (MP).

Hay que recordar que el 26 de febrero de 2024, en víspera de la audiencia de imputación por este caso, Rodríguez anunció su renuncia como diputada al tiempo que hacía campaña para la reelección en las elecciones del 5 de mayo. Rodríguez, que competía para la Presidencia, para alcaldía de San Miguelito y para diputada, fue derrotada en las elecciones. No obstante, inició una batalla legal por la curul del circuito 8-2, que fue asignada a Omar Ortega, de Realizando Metas. El Juzgado Segundo Administrativo Electoral falló a favor de Ortega, pero ella apelará ante el pleno del Tribunal Electoral.

Ya el Ministerio Público adelantaba pesquisas sobre el oro, pero relacionadas con Álvaro Testa, esposo de Rodríguez y al abogado Rafael Araúz. El expediente de la exdiputada será añadido a esta carpeta.

Al resolver un amparo de garantías constitucionales en agosto de 2023, el Primer Tribunal de Justicia autorizó al Ministerio Público a analizar las cuentas bancarias de Testa y Araúz como parte de las investigaciones por blanqueo de capitales.

En esa ocasión la fiscal Elizabeth Carrión comisionó a la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial para que elaborara un informe sobre la trazabilidad de los fondos que no tengan justificación de Testa y Araúz.

El proceso a Rodríguez se mantuvo en la Corte, porque por Constitución los diputados en ejercicio solo pueden ser investigados y procesados por los magistrados de la Corte. Su defensa presentó al menos cinco recursos ante esa corporación de justicia.

Rodríguez presentó tres amparos de garantías, dos recusaciones y dos hábeas corpus preventivos contra las actuaciones de las magistradas Ariadne García, quien actuaba como juez de garantías en su caso y María Cristina Cheng Stanziola, magistrada en funciones de fiscal.

El 3 de abril pasado la magistrada García rechazó una solicitud de un acuerdo extrajudicial entre Rodríguez y Juan David Penagos (hijo de José Luis Penagos), lo que habría evitado la continuidad del proceso penal.

Mientras que el pasado 24 de mayo el pleno de la Corte le rechazó a Rodríguez un recurso de hábeas corpus preventivo, que fuera presentado luego que de se le fijó una audiencia de imputación.

Para el 19 de junio el pleno de la Corte no le admitió un amparo de garantías constitucionales, por supuesta falta de competencia contra los magistrados de la Corte para conocer su caso.

El pasado 2 de julio la Corte rechazó un recurso de recusación presentado contra la magistrada García, por supuesta falta de competencia para conocer su caso, luego de que sus abogados defensores alegaron que Rodríguez renunció como diputada del PRD.

En tanto, el 10 de julio la Corte rechazó un amparo de garantías contra la resolución del 15 de diciembre de 2022 por la cual la Corte admitió la denuncia en su contra.

En cuatro ocasiones la Corte intentó imputar a Rodríguez: 29 de febrero, 9 de marzo, 15 de marzo y 3 de abril, pero solo compareció su abogado Ángel Álvarez.

En este caso, la Corte investiga a Rodríguez por la supuesta comisión de los siguientes delitos: contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto con abuso de confianza y estafa; contra el orden económico, específicamente por blanqueo de capitales; contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, y contra la administración de justicia, específicamente por prevaricato.

La investigación contra Rodríguez, Testa y Araúz se originó después de una denuncia presentada por Juan David Penagos y su madre, Diana Clemencia Ríos Cardona. Ellos recordaron que en 2009, José Luis Penagos, el esposo de Diana y padre de Juan David, fue detenido en el aeropuerto de Tocumen por llevar 68 kilos de oro que mostraban indicios de metanfetamina. Afirmaron que Rodríguez, quien había sido contratada como abogada para la defensa de José Luis Penagos, se apoderó del oro.


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