Saber qué funcionarios electos por votación ejercen cargos públicos pese a tener condenas de prisión por la comisión de un delito penal, es una verdadera odisea.
El abogado Ernesto Cedeño se embarcó en este proyecto después de conocer que miembros del Consejo Municipal de Panamá ejercen cargos pese a tener condenas en sus expedientes. Ha enviado notas al Ministerio de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que le entreguen información al respecto, pero hasta ahora no ha recibido lo que pide. Incluso, ha tenido que recurrir a la Procuraduría de la Administración, que vigila la conducta de los funcionarios.
La primera solicitud de información fue dirigida a la Contraloría General de la República, el 5 de diciembre de 2022.
El 5 de enero de 2023, la Contraloría, a través de la Nota No. 26-2023-LEQ/CE, le respondió que, en términos generales, esa entidad no tiene forma de verificar si algún funcionario que ejerce un cargo de elección popular ha sido condenado penalmente con sentencia en firme.
Luego, el 10 de enero, Cedeño envió al ministro de Gobierno, Roger Tejada, una nota en la que pide la referida lista. El 3 de febrero pasado, Tejada le respondió que, de conformidad con las atribuciones legales establecidas en la Ley 19 de 3 de mayo de 2010, que dicta el régimen de organización de ese ministerio, tiene vedada la competencia para emitir criterios o dar un algún tipos de respuesta sobre la materia consultada.
También en enero, Cedeño presentó solicitudes similares a la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, pero tampoco recibió una respuesta.
Por último, presentó la misma petición al procurador de la Administración, Rigoberto González. Pero esta vez, el receptor hizo algo diferente: el pasado 7 de marzo, le pidió a Caraballo que le consiguiera esa información. Ya Cedeño no estaba solo; ahora González también quería conocer eso. Pero tampoco tuvo suerte, porque Caraballo sí respondió, pero para decir que la información la tiene el Órgano Judicial
El propio Caraballo remitió una nota a Cedeño el 8 de marzo, en la que le pide disculpas porque la nota se traspapeló y terminó en manos de una oficina diferente a la que está llamada a dar estas respuestas.
Señala que en el Ministerio Público no reposa información referente al tema dentro de la planilla total del Estado, que la integran 255,440 funcionarios registrados a agosto de 2022. Eso sí, le dice que si le proporciona los nombres y las generales de los funcionarios electos que quisiera verificar, se podría buscar en los reportes de sentencias notificados a los despachos o dependencias de la institución, ya que la base de datos con sentencias ejecutoriadas reposa en el Órgano Judicial.
