Después de casi dos años escuchando que Ricardo Alberto (Rica) y Luis Enrique Martinelli Linares conspiraron para blanquear $28 millones en sobornos de Odebrecht, para beneficio de un “alto funcionario panameño” que, además, es “familiar cercano” de ambos, finalmente se sabe quién es esa persona: el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
Sucedió ayer, en la audiencia convocada por el juez Raymond Dearie, del Distrito Este de Nueva York, para comunicar la sentencia, cinco meses después de que Ricardo Alberto y Luis Enrique, de 42 y 40 años de edad, respectivamente, se declararan culpables. Cada uno fue condenado a 36 meses de prisión, a lo que habría que descontar los 23 meses que han estado en detención preventiva. Una vez cumplan el tiempo en prisión, deberán permanecer dos años en libertad supervisada. También deben pagar una multa conjunta de $250 mil.
La develación
El primero que se refirió a la participación del expresidente fue Sean Hecker, abogado de Rica Martinelli.
“Los dos hermanos no buscaron pertenecer a una empresa criminal, ni pensaron en ellos. Su padre se los pidió”, dijo Hecker al juez Dearie, indicando que los acusados, inicialmente, pensaban que toda la operación era legal.
“Luego, cuando se enteraron, por el monto de dinero, decidieron cooperar con la justicia, porque sabían que eso no estaba bien. Fueron ellos mismos los que llevaron el caso al gobierno [estadounidense]. Ustedes entenderán que no es fácil ir a hablar con el gobierno de Estados Unidos sobre tu propio padre”, señaló Hecker. “Lo que hicieron fue porque el padre se los pidió”, agregó después.
El juez, sorprendido, se refirió a los dos acusados, presentes en la sala vistiendo uniformes de prisioneros, como “dos jóvenes arrogantes”, lo que fue refutado por el abogado de Luis Enrique, una vez se le concedió la palabra.
“¿Arrogantes? No son arrogantes. Ellos lo que tenían es miedo, porque no conocían el sistema. Muchísimo miedo de llevar la contraria, porque son dos muchachos que se criaron con un padre dominante”, señaló James McGovern.
“Él [Luis Enrique] empezó a hacer lo que su padre decía y abrió las cuentas [bancarias]. Pero una vez entendió que el origen de los fondos era ilegal, vino, fue al gobierno, habló, dio información, entregó el dinero y avisó a su padre”, añadió.
La fiscalía ha dicho que el crimen se cometió entre agosto de 2009 y septiembre de 2015. McGovern le dijo al juez que su cliente se percató que el dinero era “sucio” en 2010.
“Nadie puede estar por encima de la ley, al menos en Estados Unidos. Ellos creían que aquí, en Estados Unidos, podían hacer lo mismo que en Panamá, especialmente cuando su padre era presidente”, indicó la fiscal adjunta Alixandra Smith.
Martinelli Berrocal gobernó entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2014.
La fiscal consideró inaceptable la solicitud de la defensa para que se considerara que los acusados ya habían cumplido la sentencia, en virtud de los 23 meses que han estado en prisión preventiva (primero en Guatemala y ahora en Brooklyn), desde que fueron capturados, el 6 de julio de 2020.
“La sentencia debe ser un ejemplo para los funcionarios de Panamá que cometen ese delito y usan el sistema financiero estadounidense. Debe haber una condena razonable para una conducta inaceptable”, remarcó Smith.
Arrepentidos
Los dos acusados también se dirigieron al juez. Ambos leyeron notas en las que expresaban su arrepentimiento y pidieron disculpas a Panamá, a su madre y a su hermana. Luis Enrique también se refirió a su esposa e hijas. Ninguna de ellas estuvo presente en la sala, durante la audiencia de ayer, abarrotada de periodistas, a los que solo se les permitió tomar apuntes. Los celulares y las cámaras estaban prohibidos. También estaban dos enviados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), identificados con gafete. Se trata del fiscal Superior de Asuntos Internacionales, Agustín Almario Castillo, y del fiscal Superior Anticorrupción, Mahmad Daud Hasan. Uno de los fiscales estadounidenses que acompañaba a Smith se les acercó para saludarlos.
“Cada vez que hablo con ellas, debo asumir que he cometido un error que pagaré toda la vida”, le dijo Luis Enrique al juez, sobre su esposa e hijas. Consideró un “error” haber aceptado tomar las riendas de la cadena de supermercados, propiedad de su familia, cuando su padre ganó las elecciones presidenciales, en mayo de 2009. “Debí haber dicho que no”.
La defensa pidió clemencia e hizo referencia a las numerosas notas enviadas por familiares, amigos, excompañeros de trabajo y de universidad… Hasta el sacerdote del centro de detención metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), de Brooklyn, escribió una nota.
“Su señoría, ¿usted había visto que un capellán del MDC diera una carta de recomendación?”, se jactó McGovern. Luego hizo un recuento de las condiciones “inhumanas” del MDC, donde ingresaron los acusados cuando fueron extraditados de Guatemala (Luis Enrique, el 15 de noviembre de 2021, y Ricardo Alberto, el 10 de diciembre). “Hoy es la primera vez que salen de la celda. Esto no es normal, al menos aquí, en Estados Unidos”, indicó.
‘Sin comentarios’
El Departamento de Justicia estadounidense emitió un comunicado ayer, luego de conocer la condena dictada por Dearie. En el comunicado, expresó su disposición de utilizar todas las “herramientas” a su alcance, para combatir la corrupción.
“Ricardo y Luis Martinelli Linares enviaron millones de dólares en sobornos, a través de bancos estadounidenses, a sus cuentas en Suiza, a fin de ayudar a Odebrecht a ganar influencia corrupta en los niveles más altos del gobierno panameño”, señaló Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, citado en el referido comunicado, donde no se menciona directamente el nombre de Martinelli Berrocal.
En Panamá, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, señaló que el objetivo de la defensa era obtener una sentencia favorable para Luis Enrique y Ricardo Alberto.
“En sus conversaciones con ellos, [el expresidente] les expresó que sus abogados deberían hacer todo lo que fuera necesario con ese fin”, señaló Camacho, en un mensaje divulgado en su cuenta en Twitter. Martinelli retuiteó el mensaje, agregando la frase: “Sin comentarios”.
Horas antes de la audiencia de este viernes, la fiscal adjunta Smith presentó una orden preliminar al juez Dearie, para confiscar casi $18.9 millones, además de todos los “derechos”, títulos, intereses e ingresos “que se puedan rastrear”, ligados al delito por el que los hermanos Martinelli Linares se declararon confesos. Parte de los fondos está depositado en dos cuentas en el Bank Vontobel AG, en Suiza, a nombre de las sociedades Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd.
Entre los bienes decomisables está un condominio frente al mar en Brickell Avenue, Miami, en el edificio Icon Tower, que en un tiempo fue la residencia de Luis Enrique. El apartamento ya fue vendido en $1.4 millones. Además, la fiscal adjunta pide la ejecución de la fianza de inmigración que ambos consignaron, luego de ser detenidos por agentes migratorios, el 20 de noviembre de 2018. Esa fianza tiene un importe aproximado de $1 millón 32 mil, para cada uno.
Sobre el apartamento en Icon Tower, la defensa alegó que Luis Enrique lo adquirió, porque su padre le dijo que “invirtiera” el dinero.
