La transcripción oficial de la audiencia de lectura de sentencia de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, celebrada el pasado 20 de mayo en una Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, es un documento de inmenso valor histórico y judicial, ya que contiene las propias declaraciones de culpabilidad de los dos hermanos, sumadas a la explicación narrativa que hicieron sus abogados defensores.
Hay tres protagonistas en esta transcripción de 77 páginas: los abogados Sean Hecker y James McGovern, defensores de Ricardo Alberto y Luis Enrique, respectivamente, y el juez federal Raymond J. Dearie. Entre los actores de reparto estaban los propios hermanos Martinelli Linares y los representantes de la Fiscalía Federal y del Departamento de Justicia estadounidense: Alixandra Eleis Smith y Michael C. Harper, respectivamente.
La audiencia transcurrió en tres momentos. Inicialmente, habló la defensa de Ricardo Alberto; luego, la de Luis Enrique, en ambas ocasiones con algunas intervenciones del juez Dearie, algunos aportes mínimos de los fiscales y los comentarios finales del propio juez.
La defensa de Ricardo Alberto
Luego de la página de presentación de la transcripción y hasta la número 27, se desarrolla todo lo referente a la intensa defensa que el penalista Sean Hecker hizo de su cliente, acompañado de las preguntas del juez y algunos comentarios reactivos del abogado del Departamento de Justicia. La intención de esta defensa buscaba obtener una condena equivalente a los 23 meses de prisión que el empresario panameño había pasado ya detenido en Guatemala y Brooklyn. Adicionalmente y como plato fuerte de la defensa, Hecker empatiza la particular situación del hogar familiar y la difícil relación de Ricardo Alberto hijo con su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).
En la página 5, Hecker no pierde tiempo en describir su versión de lo que pasó: “... nuestro cliente Rica y su hermano Luis, fueron atados a esta conspiración de lavado de dinero, más de una década atrás en el 2009 por su padre, quien era entonces presidente de Panamá, quien era el receptor de los sobornos de Odebrecht”. Más adelante, en la página 6, Hecker afirma sobre su cliente que: “él cometió este crimen porque su padre se lo pidió”.
En la página 8, Hecker soltó un dato desconocido: “El señor McGovern y yo viajamos a Panamá, nosotros nos reunimos con el procurador general allá”. Aunque no se identifica el nombre del procurador, por el calendario de eventos relacionados con estos abogados, hace suponer que la reunión fue con el procurador Javier Caraballo. A nadie le pareció extraño en la audiencia que dos abogados estadounidenses se reunieran con Caraballo. Si hubiese sido el caso contrario, es decir, que dos abogados panameños logren reunirse con el procurador general de Estados Unidos, el escándalo sería mayúsculo.
En lo que pareció un mensaje telegrafiado de Hecker al juez Dearie, el abogado defensor se quejó de las condiciones de detención en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, recinto donde se encontraban detenidos los dos hermanos.
“Si se tratara de mí, usted me podría dar [una condena por] un año en Allenwood, en vez de una de seis meses en el MDC”, le dijo Hecker al juez. Allenwood es una cárcel sumamente cómoda para delincuentes de cuello blanco y fue precisamente esa cárcel la que el juez Dearie recomendó para los Martinelli Linares.
El Departamento de Justicia y la fiscalía argumentaron, por medio del abogado Michael Harper, que Ricardo Alberto y Luis Enrique, una vez blanquearon los $28 millones a través del sistema financiero estadounidense, “ayudaron al funcionario del gobierno de Panamá a identificar nuevos intermediarios a quienes el acusado pasó el bastón corrupto para que ellos abrieran las nuevas cuentas, para que Odebrecht pudiera seguir pagando sobornos al funcionario del gobierno de Panamá, por un monto de 30 millones adicionales”.
En toda la audiencia los fiscales señalaron únicamente al “funcionario del gobierno de Panamá” y nunca lo identificaron por su nombre propio. En la página 18, Harper afirmó que: “El [acusado] le pagó 2 millones de dólares a un intermediario para que la investigación de este caso no siguiera [en Estados Unidos]”. Los dos abogados defensores sustentaron que esta contratación fue un timo.
La audiencia evolucionó con un debate entre la defensa y el Departamento de Justicia sobre las similitudes del proceso seguido a los Martinelli Linares con el proceso a José Carlos Grubisich, un ejecutivo brasileño que fue detenido y que finalmente decidió cooperar ampliamente con la justicia estadounidense, obteniendo una condena de dos años por blanqueo de capitales. Cubierto este debate, el abogado defensor Hecker señaló en la página 22 que: “...nuestros clientes fueron claramente mal aconsejados múltiples veces antes de que cayeran en prisión en Guatemala”.
En la página 23, el acusado Ricardo Alberto Martinelli Linares empieza a exponer su historia, su arrepentimiento por los hechos cometidos y le ofrece sus disculpas a su madre, a su hermana, a su pareja y a otros seres queridos. El texto de su declaración empezó con el saludo protocolar al juez, y en la misma página 23 se registra lo siguiente: “Yo he cometido un crimen y me gustaría asumir cualquier responsabilidad, cualquiera sentencia que la Corte me imponga”.
La defensa de Luis Enrique
Concluida la parte de la audiencia referente a su hermano mayor, llegó el turno de Luis Enrique Martinelli Linares. De la lectura del documento se hace evidente que los dos grupos de abogados defensores estaban fielmente coordinados. Mientras la defensa de Ricardo Alberto fue emotiva, la de Luis Enrique fue más racional. Su principal abogado defensor, el exfiscal federal de este mismo distrito James McGovern, se enfocó en sus razonamientos de una forma quirúrgica.
En la página 27, McGovern retoma el debate sobre el caso Grubisich para realizar una comparación que minimiza el rol de los hermanos Martinelli Linares en el esquema de coimas de Odebrecht y que lógicamente conllevaría una condena menor a los dos años de prisión que recibió Grubisich.
Más adelante, en la página 31, McGovern hace un perfil psicológico de los hermanos, con la intención de conseguir una mayor simpatía de parte del juez, a quien le dijo: “Usted está mirando a dos niños pequeños muy asustados de un padre muy dominante”. El juez, en cambio, consideró que ambos eran unos “arrogantes”.
En la página 32, McGovern enfoca el origen de la relación corrupta de su defendido con Odebrecht de la siguiente forma: “Trece años atrás el padre fue electo como presidente de Panamá. …Hasta el 2010, él aparentemente tenía un acuerdo con alguien en Odebrecht, por el cual él iba a recibir dineros [proveniente] de ellos”.
En la página 39, McGovern trata de justificar el comportamiento de los Martinelli Linares, frente al reclamo de los fiscales de que no cooperaron lo suficiente.
“¿Puede alguien imaginarse el pensamiento de venir a [las autoridades] para cooperar contra tu propio padre?”, preguntó McGovern. Luego se refirió al manido tema de las credenciales del Parlacen, para demostrar que tenían algún grado de inmunidad diplomática, pero finalmente reconoció que no se habían juramentado.
Para justificar que usaron para su beneficio personal los fondos de las coimas de Odebrecht que habían sido blanqueados, McGovern dio un ejemplo y explicó que el barco que Luis Enrique usaba para pescar, se hundió y acudió a su padre para solicitarle ayuda para comprar uno nuevo. Según el abogado defensor, lo que ocurrió fue lo siguiente:
“Su padre dijo: ‘¿por qué no compras un nuevo barco?’ y Luis dijo: ‘Yo no tengo dinero para comprar un barco nuevo’, y él dijo: ‘Bueno, por qué no usas algo del dinero de las cuentas del banco suizo”.
La fiscal Alixandra Smith aprovechó para aclarar lo del Parlacen y explicó en la página 50 que los jóvenes empresarios fueron “electos” de una forma muy peculiar. “No fue una elección popular. Mi entendimiento es que fue una elección entre su mismo partido... según entiendo, es el partido del padre del acusado, un expresidente de Panamá, el que los puso como delegados... sin que el gobierno [de Estados Unidos] lo supiera”, señaló. Con esta afirmación, Smith intentó demostrar la enorme influencia política de los acusados y que dicha candidatura al Parlacen se dio al mismo tiempo que negociaban con la fiscalía, sin que esta supiera de sus aspiraciones políticas.
La fiscal intensificó sus argumentos contra la supuesta ingenuidad y la pasividad de los dos hermanos en estas transacciones ilícitas, diciendo en la página 53: “Y cuando hubo problemas [con las cuentas suizas en dólares] nosotros hablamos de las cuentas denominadas en euros, había unos 30 millones adicionales que fluyeron a través de las mismas. Así que no pienso que hayan sido pasivos desde el principio”. En esta afirmación, la fiscal hace alusión a que los bancos suizos empezaron a cuestionar los pagos en dólares, lo que llevó a que los sobornos de Odebrecht se dieran en euros para evitar la acción de las autoridades de los Estados Unidos.
En la página 54, el más joven de los hermanos se presenta al juez y dijo: “Mi nombre es Luis Enrique Martinelli Linares y he cometido un crimen. Yo asumo la responsabilidad completa de mis acciones y aceptaré cualquier sentencia”.
Más adelante, Luis Enrique ofrece sus disculpas a su familia y a Panamá, enfocando su arrepentimiento hacia su esposa y sus dos hijas. Al igual que su hermano, explicó al juez que la raíz de su comportamiento delictivo, era la presencia dominante de su padre, a quien quería imitar y complacer en todo momento.
Una conclusión pendiente
El juez Dearie explicó repetidas veces en la audiencia que había tenido que consultar a dos de sus colegas. Seguramente, estaba incómodo con la sentencia que tenía que emitir debido a la gravedad de la conducta del blanqueo de capitales de sobornos pagados por Odebrecht. El juez afirmó que los acusados le parecían “arrogantes”.
En la jurisprudencia del Distrito Este de Nueva York, en casos similares las sanciones han sido relativamente leves. Así que el juez Dearie emitió una condena de 36 meses de prisión, la más alta en un caso de corrupción con acuerdo de pena. De esos 36 meses se debieron descontar los 23 meses de la detención anterior en Guatemala y Estados Unidos.
El caso no tuvo el resultado ideal para Estados Unidos, de enviar un mensaje contundente de disuasión de la corrupción y blanqueo de capitales, porque la fiscalía apostó a un solo delito. En lo que parece ser producto de un sistema poroso, los cinco delitos por los que fue imputado Luis Enrique fueron reducidos a uno; lo mismo Ricardo Alberto: fue acusado de tres delitos, pero fue condenado por uno.
Julia Nestor, la fiscal que originalmente llevó el caso, dejó su trabajo como servidora pública para unirse a una firma de abogados. Su ausencia se hizo sentir porque conoció este caso desde su nacimiento. En los sistemas penales acusatorios, los ministerios públicos están bajo la presión de negociar condenas y evitar los juicios para no gastar dinero y ocupar el recurso humano. En la justicia negociada, siempre hay espacio para la transacción cruzada: cuando abogados penalistas de alto calibre representan a clientes en múltiples procesos, se da el fenómeno de una negociación compleja en la que le piden a la fiscalía un trato suave para el cliente “A” a cambio de la cooperación del cliente “B”, para otro caso. Favor con favor se paga.
Ahora, es el turno de que la justicia panameña haga su propio trabajo. La transcripción de esta audiencia es un buen aporte para esa meta.
