Esta es una historia de traiciones y trampas en tierras antaño surcadas por piratas, donde el garfio y el sable del pasado cambió por el acta y la escritura del presente; y donde el fraude reemplazó a la emboscada. Para explicar con claridad lo que pasó, el relato es prolijo y sustentado en la evidencia visible de las pruebas.
IDL-R recomienda leer el reportaje entero con atención. Pero para la lectora o el lector que precise una mirada puntual, describimos a continuación su estructura, con hipervínculos para llegar directamente a cada uno de ellos.
La nota tiene cuatro capítulos:
La introducción, sobre el gigantesco caso de los Panama Papers y lo que hasta ahora permitió descubrir;
Los socios se hacen trampa; relata las maniobras en sociedades offshore mediante las cuales López Aliaga con sus abogados, y Mossack Fonseca, buscaron alterar a su favor el equilibrio accionario con Lorenzo Sousa;
Chaveteo Offshore; la inesperada respuesta de Sousa que puso en situación crítica a López Aliaga;
El fraude decisivo; la descripción precisa del fraude y la falsificación que perpetraron Mossack Fonseca con López Aliaga y sus abogados, que cambió la suerte de la controversia con Lorenzo Sousa.
[Actualización de la nota al jueves 1 de abril, a las 19:50]
Por Gustavo Gorriti y Rosa Laura.-
Los Panama Papers desnudaron sus secretos al mundo hace cinco años, a comienzos de abril de 2016. Nunca antes se había publicado una investigación basada en tantos documentos (once millones y medio de archivos); ni tantos medios y periodistas de investigación, de cinco continentes, habían trabajado simultánea y coordinadamente durante largos meses en la gigantesca investigación.
¿Quieren verlo en números? Intervinieron 109 medios, de 76 países. Alrededor de 400 periodistas exploraron los datos, buscaron los secretos contenidos en 2,5 terabytes entregados por un informante anónimo al diario alemán Süddeutsche Zeitung que los compartió en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Este organizó la gran tarea de coordinar la investigación, manteniendo una exitosa seguridad a lo largo del complejo y esforzado proceso previo a la publicación simultánea.
Los resultados fueron notables. Unos ocho meses después de la publicación mundial de los Panama Papers, había más de 6,500 investigaciones iniciadas a compañías y personas en cerca de 70 países. El primer ministro de Islandia renunció; el de Pakistán terminó en la cárcel; muchos presidentes (en total fueron más de 70 ex jefes o jefes de Estado en ejercicio) fueron involucrados, en forma directa o a través de asociados cercanos; y desde corporaciones hasta celebridades enfrentaron la muy incómoda perspectiva de arreglar cuentas con el fisco y con los fiscales.
Mossack Fonseca (compuesta por los apellidos de sus dos socios: Jürgen Mossack y Ramón Fonseca) se presentó durante sus cuarenta años como un estudio particularmente próspero de abogados de Panamá, pero en los hechos era una multinacional dedicada a la creación, modificación y administración de empresas en paraísos fiscales (offshores). En su momento de mayor expansión, Mossfon mantuvo oficinas en 40 países, empleó a 370 personas en Panamá y a 600 en sus otras oficinas, ofreciendo servicios offshore las 24 horas.
Los Panama Papers impactaron con fuerza demoledora en la línea de flotación de Mossack Fonseca. La firma se defendió como gato panza arriba de las acusaciones pero no paró de hundirse. El caso Lava Jato les añadió tribulaciones y tanto Jürgen Mossack como Ramón Fonseca fueron encarcelados por cuatro meses en Panamá acusados de haber intervenido en el esquema de pago de coimas de Odebrecht.
Mossack Fonseca terminó de naufragar a fines del primer trimestre de 2018. Un año después, en 2019, se calculó que la investigación de los Panama Papers había ayudado a recuperar más de $1.2 billones (mil 200 millones) de dólares de impuestos evadidos.
Pese a que nuevas investigaciones, otros casos ya habían ocupado la actualidad, las indagaciones policiales, fiscales y judiciales sobre las revelaciones previas prosiguieron en varias naciones. Uno hubiera pensado que aquellos gigas acumulados en teras de precisa información habían agotado ya su producción prodigiosa. Pero quienes trabajamos en la ubérrima base de datos sabíamos que la mina no estaba agotada, que quedaban vetas no explotadas que seguir hacia sus reveladoras riquezas informativas.
Hasta el momento de cerrar, Ramón Fonseca sostuvo que “el único crimen” que se cometió no los tuvo a ellos como perpetradores sino como víctimas: el ‘robo’ de sus millones de archivos. Todas sus actividades, afirmó, fueron lícitas.
Fonseca no dijo la verdad; y lo sabía. IDL-Reporteros revela en este reportaje una acción de patente ilegalidad que él conoció apenas perpetrada, que le produjo desagrado pero no el suficiente como para corregirlo y denunciarlo. Por lo contrario, su firma participó en el delito.
Fue un caso que involucró un serio conflicto entre empresarios peruanos. Uno de ellos era cliente de Mossack Fonseca, tenía plata y estaba en problemas. Necesitaba un cierto tipo de ayuda. ¿Su nombre? Rafael López Aliaga.
Y esta es la historia de peleas, trucos, tramas y trampas offshore en la que Mossack Fonseca y López Aliaga participaron en estrecha colaboración.
Aquí la contamos. O, mejor, dejamos que los documentos de los archivos de Mossack Fonseca la relaten en todo su revelador detalle.
Los socios se hacen trampa
En 2004, la sociedad entre Rafael López Aliaga y Lorenzo Sousa entró en crisis como resultado de una confrontación de varios años y en la que pelearon en todos los niveles. Desde pedreas callejeras en San Isidro con matones contratados y la Policía como espectadora, hasta juicios civiles, penales, arbitrajes en el Perú, en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Hubo órdenes de captura y por lo menos un arresto en Cusco.
Nueve años después, un informe de parte, hecho a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), listaba los siguientes casos:
Si puntuamos la confrontación, podemos decir que Sousa perdió por puntos virtualmente todos los asaltos y en alguno de ellos sufrió el equivalente de un knockdown. Pero no lo noquearon, si se cuentan solo los eventos previos a la publicación de los Panamá Papers.
Dentro de ellos yació escondida, en los archivos de Mossack Fonseca la historia real de las maniobras, intrigas, trucos y trampas que se utilizaron en esa confrontación.
Son extraordinariamente reveladores sobre los personajes que la protagonizan, especialmente sobre López Aliaga.
En la compleja estructura empresarial societaria de Sousa y López Aliaga, Peru Holding de Turismo S.A.A. (PHT) tenía una posición central. Se acercaba el período de renovación del directorio planteado así en 2002:
Fue el último directorio pacífico. El 2004 empezó la guerra, sorda y agazapada primero, por el control corporativo. Su principal escenario de batalla fue el offshore.
Es que gran parte del tramado empresarial estaba anclado en empresas offshore inscritas sobre todo en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. Las acciones de PHT estaban en posesión de la compañía Latin Security Corporation, de las BVI.
A comienzos de julio de 2004, López Aliaga y sus abogados iniciaron un esquema sigiloso para romper el equilibrio de poder entre los socios. Lo hicieron a través de Mossack Fonseca, con Mónica Ycaza, la representante de Mossfon en la oficina que mantenía en Lima.
El 1 de julio, Ycaza mandó el siguiente correo a Verna Lee de Nelson, en Mossfon Panamá:
“El cliente” era López Aliaga, quien pedía crear una “nueva sociedad” con el mismo nombre que la de las BVI. La nueva Latin Security Corporation iba a quedar registrada en Panamá. Su accionista “al 100% (acciones nominativas)” iba a ser Latin Security Corporation BVI.
La maniobra se describía a continuación. Los primeros directores de la nueva sociedad serían provisionales: personajes de conveniencia (o “prestanombres”, como les dicen en Panamá) que normalmente trabajan para las oficinas de abogados especializados en sociedades offshore. Su misión era:
– “Otorgar un poder amplio a Asociación de Crédito Social — ACRES”. Su representante iba a ser Rafael López Aliaga
– Hecho lo anterior, “aumentar el capital de la sociedad mediante el aporte por parte de su matriz (Latin SC BVI)”.
En la Latin SC de las Islas Vírgenes, López Aliaga y Sousa tenían poderes de igual rango. Había equilibrio de pares, pero, cada uno de ellos, tenía la capacidad potencial de decidir sobre todo, si jugaba sucio. Y ese era precisamente el caso.
Al trasladar las acciones de Latin SC BVI a la nueva compañía homónima en Panamá, y poner a la “Asociación de Crédito Social, ACRES”, controlada por López Aliaga como director, la correlación de poder cambiaba a favor de este. Así de simple en los hechos.
Mossack Fonseca de Panamá contestó el día siguiente, pidiendo algunos requisitos formales más (¿quién era el nuevo tesorero?, por ejemplo), pero ya el lunes 5 de julio de 2004 adjuntaba un “modelo de poder para la aprobación de su cliente y la conformidad para “que procedamos con el nombramiento de nuestra nueva Junta Directiva usual para esta sociedad”.
Durante julio y agosto de ese año hubo un continuo intercambio de correos electrónicos entre Mossack Fonseca Panamá, especialmente del abogado Ramsés Owens con Mónica Ycaza, de la oficina en Lima; y con los abogados del estudio que asesoraba a López Aliaga: Cauvi, Ferraro, Devoto & Del Solar, que organizaron desde el comienzo, antes de mediados de 2004, las estrategias y estratagemas corporativas con Owens. Ya en junio, estaba en marcha el proceso de organizar la información previa a las acciones que empezaron a realizarse el mes siguiente:
Las comunicaciones de esas semanas pueden ser muy interesantes para comprender el manejo de las sociedades offshore y sus puntos de conexión con las compañías reales, en los países donde operan y lucran bajo el beneficioso paraguas de su pertenencia a una compañía offshore que nació en una gaveta de abogados especializados en el tema, con el fin de disminuir responsabilidades, eludir obligaciones y, con frecuencia, evadir impuestos.
En esta correspondencia, junto con Latin Security (las de Panamá y de la BVI), entró otra compañía, Acres, que también iba a jugar un papel en el juego de transferencias de acciones y poderes con el fin de que López Aliaga lograra finalmente el control corporativo.
Las cosas fueron relativamente rápidas y el 17 de agosto de 2004, el notario Boris Sucre inscribió el “Acta de una Reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad anónima denominada Latin Security Corporation…”.
En el acta, la representante de Mossack Fonseca, Ana María Escobar, protocolizó una supuesta reunión de accionistas de la offshore llevada a cabo en Lima…
…que había acordado lo siguiente:
En la reunión, López Aliaga actuó como representante de la totalidad de acciones de Latin Security Corp, de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Así, pudo ordenar un “aumento de capital” para la nueva sociedad panameña, homónima de la anterior, con “942,211 acciones clase A, representativas del capital social de Peru Holding de Turismo S.A.A.A.”.
El truco estaba hecho y además notarizado. Mossack Fonseca había hecho bien su trabajo. El empate quedaba roto. En la guerra todavía no declarada, Rafael López Aliaga parecía haber ganado antes de empezarla.
Chaveteo Offshore
El primero de octubre de 2004 llegó la respuesta de Lorenzo Souza y con ella la guerra abierta entre los socios.
En carta notarial a López Aliaga, Augusto Larco Deza, socio y apoderado de Lorenzo Sousa, le informaba que otra offshore, Morimori Management Inc., había adquirido el 21 de septiembre “de Latin Security Corp (Islas Vírgenes Británicas) el 100% de las acciones emitidas por Latin Security Corp (Panamá), sociedad inscrita en la Ficha Nº 457987 documentos 640351 [sic] del Registro Público de Panamá”. Es decir, habían comprado la sociedad diligentemente inscrita en la notaría Sucre por Mossack Fonseca y López Aliaga apenas un mes antes.
Si López Aliaga había tenido el poder de “hacer y deshacer” en su sociedad, Sousa podía deshacer y hacer a su vez, en tanto ambos tenían la misma categoría de poderes.
No solo eso. La carta notarial informaba también a López Aliaga, que la Junta de Accionistas de su nueva adquisición había resuelto, en reunión del 21 de septiembre, lo siguiente: Nombrar un nuevo estudio de abogados como agente residente. En este caso se trató de Vallarino, Vallarino & García Maritano. Nombrar “como nuevos directores a los señores Lorenzo Sousa Debarbieri, Augusto Larco Deza y Lorenzo Sousa Castañeda”. Y además, “transferir 942,211 acciones Clase A emitidas por Perú Holding de Turismo S.A.A. a favor de Brascan Group Inc, transferencia de propiedad que se materializó mediante contrato suscrito con fecha 21 de septiembre de 2004”. Y, finalmente, disolver la sociedad Latin Security Corp (Panamá).
El contragolpe era rotundo. Utilizando los mismos mecanismos tramposos de las compañías de conveniencia que utilizaron contra él, Sousa contraatacó y dejó, según se podía ver, fuera de juego a López Aliaga.
Esta es la carta:
Junto con la comunicación notarial, Lorenzo Sousa envió una carta a Mossack Fonseca alertándolos de “exhimirse [sic] de participar en una operación ilegal”.
El primero de octubre de 2004 fue un viernes. El fin de semana se hacía imposiblemente largo para el grupo de López Aliaga, que fue, como se verá, totalmente sorprendido por la contraofensiva de Sousa.
Si la serie célebre sacó su título de la recomendación frente a una súbita crisis: (“Better call Saul!” “¡Mejor llama a Saul!’), en Mossack Fonseca el nombre cambiaba, aunque las situaciones en el fondo no fueran tan diferentes: “Better call Ramses!” “¡Mejor llama a Ramsés!”. Y eso fue lo que hizo Mónica de Ycaza, cuya cercanía con López de Aliaga se reveló inequívoca en la circunstancia.
A las 11 de la noche del mismo viernes, Ycaza escribió a Ramsés Owens, con copia a quien parece ser la pareja de este. Ycaza explica a ella, luego de disculparse por meterse en su fin de semana, la confrontación entre los socios, las noticias que anuncia la carta notarial. “Por favor” pregunta Ycaza, “¿me puedes dar un ‘diagnóstico’ de este asunto” ¿Podrían hablar, continuó Ycaza el día siguiente, sábado, “a las 11 de la mañana, hora en que estaré con los clientes para hablar de este tema”.
Ramsés Owens no solo estuvo dispuesto a conversar con ella sino participó telefónicamente en la reunión con López Aliaga, sus abogados e Ycaza. Luego, a las 2 de la tarde del sábado, le escribió a Ycaza sobre un par de asuntos que quizá ni a él le fueron cómodos hablar por teléfono. “En efecto, se trata de algo muy grave y sensitivo […] Solo se puede resolver por medio de los tribunales de justicia […] Es importante, Mónica, que para estos casos […] estamos hablando de mucho que facturar. En casos similares, en que ha habido, digamos, US$20 millones involucrados, hemos cobrado alrededor de US$200,000.00 […] el cliente debe estar bien al tanto de esto, porque se cobra bastante en el área litigiosa”.
Minutos después, Owens escribió un mensaje a los abogados de MF expertos en litigios, encabezados por Yolanda de Azcárraga. Ahí, luego de informarles haber conversado por la mañana “con Mónica de Ycaza y sus clientes” enumera algunas de las acciones de emergencia por tomar en el inicio de lo que prevé como un litigio “de mayor cuantía”.
También sugiere subcontratar como litigante a [el abogado Alejandro] Watson. El tema es inminente, dice, “y los señores ya quieren que viajemos a Lima para ver esto o los abogados de estos viajarían a Panamá muy pronto”.
En cuanto a lo que está en juego, Owens informa a sus colegas que “Mónica de Ycaza habla de US$40 millones involucrados”.
Azcárraga contestó el lunes 4 por la mañana, con un argumento común en varios estudios de abogados, que, parafraseando a Carlos Fuentes, cuidan su prestigio de día, pero salen de noche. “… Deberíamos subcontratar al Lic. Watson dado que eventualmente tendríamos que ir contra los colegas Vallarino, Vallarino & Maritano y posiblemente contra el Notario y es preferible que el nombre de Mossack & Fonseca no esté involucrado. […] También considero que los honorarios no deben ser menos de US$500,000 dada la cuantía del caso”. Cuidar “el nombre” era una cosa; y otra también cuidar la billetera.
“El grupo empresarial vale como US$40 millones” les informó Owens, “No todo el dinero tiene que ver con Latin Security, pero una buena parte […] lo ideal sería cobrar lo más posible. En esa dirección vamos”.
Ese lunes hubo desde temprano gran actividad en Mossack Fonseca de Panamá, con Ramsés Owens coordinando con varios sectores a la vez. A las 10 de la mañana, un mensaje de Joanna de Ceballos, una funcionaria de MF, paró a Owens en seco. “Licenciado, disolvieron la sociedad”.
– ¿Quién te dijo? –preguntó Owens.
– Estoy con Francisco en el tel –respondió Ceballos en el email – y mandando a sacar las copias de todo. Fueron dos escrituras entraron y salieron el mismo día [sic].
Ahí emergió la plena panameñidad de Owens:
“HAYALA !!!!
QUE VAINA!!! SE PONE DURA LA COSA”.
Y pidió las copias de las escrituras para luego llamar a Mónica, “con las mismas en la mano”.
En cuanto al resto de cosas, Owens dijo que había que “dejar en stand by. Si la compañía está disuelta TODO CAMBIA, ahora se trata de un gran lío, solo a resolverse por medio de juzgado y viendo cómo se resuelven cosas en el lugar donde están los activos de la compañía”.
El fraude decisivo
En ese momento, Ramsés Owens parece haber recordado el mensaje que le había enviado Mónica de Ycaza unas horas antes, el domingo 3 a las 10:35 de la noche.
En él, Ycaza le expresa a Owens el resumen de “lo conversado con el cliente final (Sr. Rafael López Aliega) y nuestros clientes, los abogados del Estudio Cauvi, durante largas horas de este fin de semana, y luego de un extenso intercambio de ideas se nos pide (a MOSSFON) lo siguiente”. A continuación subraya la condición necesaria para lo que va a proponer: “siempre y cuando veamos en el Registro de Panamá que efectivamente la sociedad ha sido disuelta con fecha 21 de setiembre”.
La propuesta era fraguar una Escritura con fecha atrasada, el 20 de setiembre de 2004, haciendo una transferencia supuestamente previa de las acciones de Peru Holding de Turismo (PHT), de Latin Security de Panamá a otra offshore disponible (Logos Development Corp). Luego habría que fraguar otra reunión de “Junta de Directorio” ese mismo día “para aprobar esa transacción”.
Así, fraguando documentos con fecha pasada, como si hubiera ocurrido entonces, podrían “demostrar” que ellos ya habían dispuesto de las acciones de PHT cuando Sousa intervino, el 21 de septiembre.
Era fraude y falsificación puras. A Owens, sin embargo, no le pareció mal en cuanto recordó el mensaje. Y sabía dónde buscar.
“Favor preguntar en la Notaría Quinta” escribió a Ceballos “para ver si tiene escritura con fecha de lunes 20 de septiembre, o viernes 17, o jueves 16, o una de esas fechas. Trata en alguna otra notaría, por si acaso”.
La respuesta de Ceballos tardó un minuto.
“Aurelia tiene uno del 20¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ de septiembre listo lo tenemos el 5873. Notaría Quinta”.
Con notarías así se podría autenticar en forma convincente hasta billetes de trece soles.
Owens no perdió el tiempo. Cinco minutos después le escribía a Ceballos:
“Yo mismo estoy haciendo el acta, o sea que tú te encargarías de convertirla en escritura.
Te la paso pronto, conjuntamente con bosquejo de mensaje para Mónica”.
Texto íntegro de las escrituras con fecha falseada:
Escritura Pública Sobre Transferencia de Acciones de PHT by IDL_Reporteros
Escritura pública sobre cesión de derechos políticos a la empresa... by IDL_Reporteros
Un comentario de Yolanda de Azcárraga, el martes 5 de octubre por la tarde, describe bien el ambiente de tensión y dudas en el que se desarrolló el vertiginoso proceso de acciones, jugadas, trampas y fraudes en ese caso.
“Ese caso ha sido realmente muy difícil” escribió Azcárraga, “Es cierto lo que dice el Lic. Fonseca que Mónica no nos dio desde un principio la información completa sino a medias. […] Deseo aclarar lo siguiente. En el día de ayer, el estrés fue impresionante porque por una parte teníamos a un cliente desesperado de no perder parte de sus bienes que supuestamente su socio le había robado […] si por mí fuera, no hubiera accedido a esta solicitud por el riesgo que conlleva para la firma […] pero el Lic. Owens estuvo dispuesto a asumir el riesgo y firmar él las escrituras. El cliente estuvo de acuerdo en firmar la carta de indemnización que le pidiéramos y le enviamos para su firma los los documentos adjuntos preparados por el Lic. Owens.
Ahora Mónica está solicitando que todas las escrituras sean autenticadas en el Consulado de Perú. Favor tomar nota que estas autenticaciones llevarán la firma de mañana de un hecho que supuestamente sucedió el 21 de septiembre. Aunque no es ilegal, esto va a parecer muy sospechoso”.
De manera que nadie en la firma de Mossack Fonseca (y mucho menos Mónica Ycaza, López Aliaga y sus abogados en Lima) ignoraba que la salida a su atribulada situación previa había sido posible mediante el fraude y la falsificación de documentos, no por notarizados menos falsos.
El mensaje de Azcárraga provocó una reacción furiosa de Ramón Fonseca, uno de los dos dueños de la firma. A las 4 de la tarde del 5 de octubre, Fonseca escribió un mensaje múltiple, dirigido primariamente a Yolanda de Azcárraga pero con copia, entre otros, a Owens.
“Se suponía que NO teníamos que autenticar en el Consulado de Perú. Ud me dijo esto. El cuento cambia a cada instante. No hacer nada más. Repito: no me gusta para nada esto. Creo que tenemos que llamar a Mónica a capítulo y explicarle cómo hacemos las cosas nosotros. Si no está de acuerdo, cancelamos su contrato y ya. Predigo que vamos a terminar en los periódicos de Perú. De repente el otro accionista no es ningún maleante y el maleante es el nuestro. Le estoy perdiendo la confianza a Mónica”.
En cuanto a predicciones, Fonseca estaba lejos de imaginar, por cierto, cuán corta iba a quedar la suya de lo que le deparaba el futuro.
Mientras tanto, el fraude funcionó, la contraofensiva de Sousa fue controlada y el asunto entró en litigio judicial. Owens manejó las negociaciones con el grupo de López Aliaga y 10 días después intercambió mensajes dentro de Mossfon sobre un tema en el que todos estaban de acuerdo: cuánto iban a cobrar.
Mossack Fonseca subcontrató al abogado panameño Alejandro Watson para llevar el litigio. Owens calculó que este le costaría unos $350 mil a López Aliaga. Ramón Fonseca estaba interesado en saber cuánto iba a cobrar Watson y cuánto le iba a quedar a Mossfon. “Watson quiere el 30%” escribió Owens. “Ahora sí. Gracias,” respondió Fonseca, “Aunque antes de consultarle al cliente, fr consultar con Watson a ver si es mucho o es poco”. “100%. Así será”, le respondió Owens.
Mossfon y Watson hicieron que López Aliaga ganara el juicio. El 15 de octubre de 2010, el juzgado sexto de circuito de lo civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, sin discriminar entre pruebas truchas y reales, falló a favor de López Aliaga. A esas alturas, Lorenzo Sousa cosechaba una derrota tras otra en los múltiples juicios y procesos entablados, con superlativa inquina, con su ex socio. Luego vendría la sorprendente reconciliación que muestran hoy quienes hasta hace muy poco no habían dejado acusación sin formular ni insulto sin pronunciar.
Mossack Fonseca naufragó y, como sucede en los naufragios, sus funcionarios tuvieron suertes diferentes. Ramsés Owens, el audaz prestidigitador de asambleas fantasmas y con máquina del tiempo, tiene una orden de arresto pendiente contra él en Estados Unidos. Para la justicia gringa, su paradero es hoy por hoy desconocido.
En cuanto a Rafael López Aliaga, ya saben qué hace y dónde está. Y esta nota les ha permitido saber dónde estuvo y qué hizo gracias a los Panama Papers.
Publicado el miércoles 31 de marzo, 2021 a las 8:00 | RSS 2.0.
Última actualización el jueves 01 de abril, 2021 a las 20:58
