Los magistrados Carlos Vásquez y Olmedo Arrocha se perfilan como los candidatos que disputarán la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a la actual presidenta María Eugenia López Arias, a quien se le vence su mandato el próximo 31 de diciembre.
El nuevo presidente deberá ser escogido el primer día hábil del 2024 (martes 2 de enero) y ocupará el cargo por dos años.
Ese día, durante la convocatoria del pleno de la Corte para la elección del nuevo presidente, sus integrantes deben escoger a uno de los magistrados para que presida la reunión. Luego se abre un período para la presentación de candidaturas, se hace la votación, se redacta un acta del proceso y se anuncia quién fue el ganador o ganadora.
Durante la gestión de la magistrada López, quien busca un segundo período como presidenta, se han logrado aumentos salariales por un monto de $500 para los jueces de circuito y municipales y defensores públicos, y de $200 para los funcionarios municipales y de circuito, a partir del 2024.
López, quien hace poco presentó su informe de gestión de los años 2022-2023, también tiene entre sus logros la implementación del Tribunal de Integridad y Transparencia como parte de la carrera judicial.
También impulsó la ampliación del uso del expediente electrónico para la agilización de los procesos judiciales.
Mientras que el magistrado Arrocha, actual vicepresidente de la Corte y presidente de la Sala Civil, fue el impulsor del proyecto de Código Procesal Civil, que será implementado a partir del próximo año.
Arrocha realizó un proceso de divulgación personal de la nueva iniciativa, así como de la modernización de los procesos judiciales.
En tanto, el magistrado Vásquez, quien preside la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral, se encuentra involucrado en el desarrollo del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, que ya fue presentado al Pacto de Estado por la Justicia.
El nuevo presidente de la Corte enfrenta los retos de modernización de la administración de justicia, entre ellos, culminar el proceso de liquidación del sistema inquisitivo mixto y la digitalización de los procesos penales, civiles y contencioso administrativo. Igualmente, el mejoramiento de la infraestructura de juzgados, con la construcción de la ciudad judicial.
Para el próximo año fiscal 2024, el Órgano Judicial contará con un presupuesto de $385 millones.
