Luego de seis días de audiencia, este lunes 3 de julio concluyó el juicio a 32 personas acusadas de presunto blanqueo de capitales en el caso denominado Lava Jato.
La juez penal Baloisa Marquínez se acogió al término de 30 días para dictar sentencia en este caso (que se puede extender, conforme el volumen del expediente), luego de escuchar los testimonios de peritos y extrabajadores (dos de ellos con acuerdos de colaboración con el Ministerio Público) de la extinta firma Mossack Fonseca, y los alegatos tanto de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada y de nueve abogados defensores.
La fiscalía pidió condena de hasta 12 años de prisión para 28 imputados y la absolución de cuatro.
El imputado Jürgen Mosssack, cofundador de Mossack Fonseca, ha estado presente en el tribunal los seis días de juicio y este lunes finalmente habló. Le contó a la juez que su firma creó 250 mil sociedades y que muy pocas de ellas pudieron ser usadas para fines no lícitos, pero que todas se crearon en el marco de la ley.
Más temprano
El sexto día de audiencia se inició con la presentación de los alegatos de la abogada Diva Pinzón, defensora de nueve de los 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, en el caso Lava Jato: Yadira de Boutaud, Carmen Wong, Jaqueline Alexander Parrales, Yvette Rogers, Verna de Nelson, Ray Taylor, George Allen, José Meléndez y Giselle Ocampo, para quienes solicitó una sentencia absolutoria.
Pinzón alegó que sus clientes solo eran directores nominales de sociedades creadas y vendidas por Mossack Fonseca, por lo que -según ella- no mantenían control alguno sobre las mismas y no eran los beneficiarios finales.
También alegó que la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada ha intentado vincular a sus clientes con la comisión del delito de blanqueo de capitales, sin demostrar la existencia de un delito precedente. Tampoco se ha acreditado la actuación dolosa de alguno de sus clientes y dónde escondieron los fondos.
Los mismo alegó Yeskelle Pedroza, abogada de Ricardo Samaniego, Yenny Martínez Dutari, Leticia Montoya, Francis Pérez, Imogene Wilson, Hercibelle González y Yakeline Pérez Barría. Remarca que aunque sus clientes eran los directores nominales de las sociedades anónimas que presuntamente fueron utilizadas como para de la red de blanqueo, eso no los convierte en delincuentes.
Pedroza alegó que la fiscalía no presentó documentos que revelen un acto delictivo continuado.
Además, criticó los informes presentados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ya que -según ella- fueron preparados por personal que no tenía la formación necesaria.
Dijo que el testimonio por Adolfo Linares, experto en derecho societario, aclaró las competencias de los directores nominales, ya que se trata de una figura de uso común y que, según Linares, todos los abogados de Panamá utilizan.
El cierre de los alegatos por parte de la defensa estuvo a cargo de Marcela Araúz, abogada de Ramsés Owens.
Dijo que la fiscalía vinculó a su cliente por haberse reunido con el brasileño Ademir Auada, procesado por corrupción en Brasil, pero que ello no implica la existencia de un acto delictivo. Alegó que su defendido solo explicaba las bondades del sistema de sociedades anónimas y nunca cometió un ilícito.
Owens, un antiguo socio de Mossack Fonseca & Co. y gerente de Mossfon Trust/Mossfon Managers, no solo está ligado a Auada, sino también a Pedro Baruco, otro cliente de Brasil ligado a escándalos de corrupción. La fiscal Isis Soto le dijo a la juez que Owens participó de manera directa en el proceso de ocultar la procedencia ilícita de los fondos que se movían a través de las sociedades creadas por la firma.
Según la fiscal, Owens realizó acciones directas para encubrir y ocultar acciones relativas a la creación de sociedades y sus beneficiarios finales.
