Por la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos, fueron condenados (con penas de prisión) el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y cuatro personas más: Daniel Ochy, Janeth Ibeth Vásquez Sanjur, Iván Arturo Arrocha Chevalier y Valentín Martínez Vásquez.
¿Cuál fue el grado de participación de cada uno de ellos en este ilícito?
Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales y al pago de una multa de $19.2 millones. La juez penal Baloisa Marquínez, en su fallo de 306 páginas, resalta que en la investigación se demostró que el exmandatario planificó y ejecutó (por interpuestas personas) actos tendientes “para lograr un beneficio con dineros provenientes de un delito contra la administración pública” y, posteriormente, darle una apariencia lícita. Además, “hechos delincuenciales se cometieron cuando fungía como presidente de la República”.
Las acciones fueron adquiridas en diciembre de 2010, cuando Martinelli tenía año y medio como gobernante. El 1 de junio pasado, penúltimo día del juicio de este caso denominado New Business, uno de los abogados de Martinelli, Luis Eduardo Camacho González, admitió que su defendido tiene el 29% de las acciones de Epasa.
Caso New Business: La sentencia de 306 páginas de la juez penal Baloisa Marquínez fue dada a conocer este martes 18 de julio, 46 días después de que terminara el juicio seguido a 15 personas en total.https://t.co/Dzwr43Imr0 pic.twitter.com/1HAXYDOTZ8
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 18, 2023
La juez recalca que Martinelli utilizó diferentes técnicas y metodologías que le permitieron ocultar, encubrir, y ayudar a eludir (de manera continuada) los controles legales del sistema financiero, a fin de adquirir Epasa con fondos aportados por contratistas del Estado, dineros que correspondían a anticipos de pagos o por avance de obras. Además, se ocultó que el beneficiario final y accionista mayoritario de Epasa era Martinelli.
Sostiene que Martinelli giró instrucciones, realizó actos de coordinación y de planificación y dio seguimiento a cada uno de los pasos dirigidos a “estratificar” los fondos ilícitos obtenidos para comprar las acciones. Posteriormente, intentó ocultar la titularidad del bien obtenido, utilizando testaferros y sociedades anónimas.
También sostiene que su condición de presidente le permitía a Martinelli ejercer control y manipular a las personas que tenían el deber de ser garantes del sistema financiero local, así como beneficiar y presionar a aquellas empresas que mantenían contratos con el Estado para que colaboraran con él.
Sobre Janeth Vásquez, directora de cobros de Condotte Panamá (contratista de los proyectos de la ciudad deportiva de las ciudades de Colón y de David), fue condenada a 90 meses de prisión. A Vásquez se le vincula con la firma de un cheque en 2017 por $600 mil a favor de la sociedad Global Office Corp., para el proyecto de ciudad deportiva en Colón. Ese cheque fue utilizado para saldar un préstamo de $600 mil que Henri Mizrachi (otro exaccionista de Epasa y exmiembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá) tenía con la estatal Caja de Ahorros (CA). Según la juez, Vásquez sabía que esos dineros tenían una procedencia ilícita y, aun así, giró el cheque.
En cuanto a Iván Arrocha, quien fue vicealcalde de la ciudad de Panamá entre 2004-2009, también está ligado a Condotte y al cheque de los $600 mil, y fue condenado a 70 meses de prisión. El fallo precisa que incurrió en un delito que afectó al sistema financiero a través de la estratificación de dinero, al simular un contrato de arrendamiento netamente ficticio, para dar apariencia de licitud a los fondos transferidos. Esa conducta evidencia un conocimiento y planificación para la comisión del delito de blanqueo.
Con relación al abogado Valentín Martínez Vásquez, de la firma forense Martínez Acha y Asociados, fue condenado a 80 meses de prisión. Prestó servicios a Construcciones Hospitalarias, S.A., relacionados con el contrato de la ciudad hospitalaria (hoy ciudad de la salud). Su participación en esta trama se materializó a través de transacciones por montos de $80 mil en el año 2010 y de $1.3 millones en el año 2013, a favor de Global Office Corp., utilizados para pagar el préstamo de Mizrachi con la CA y, de ese modo, adquirir las acciones de Epasa.
Daniel Ochy, otro de los cinco condenados por la juez Marquínez, es directivo de Transcaribe Trading (TCT), otra contratista importante del gobierno de Martinelli. Fue condenado a 96 meses de prisión. La juez, en su fallo, sustentó que incurrió en el delito de blanqueo de capitales a través de la estratificación de $4.3 millones que provenían de un delito contra la administración pública, relacionado con la rehabilitación de la autopista Arraiján-Chorrera Esos dineros fueron canalizados a través de seis sociedades anónimas y una persona natural. Ochy no tenía una relación comercio o contractual que legitimara el envío de esos fondos.
Daniel Ochy tiene dos hermanos: David y Dina María, quienes también manejan TCT. Dina fue declarada prófuga por la juez Marquínez y David será enjuiciado aparte, porque cuando se llevó a cabo el juicio anterior, entre el 23 de mayo y el 2 de junio, gozaba de fuero penal electoral, el cual adquirió como precandidato presidencial de las primarias de Realizando Metas, el partido que fundó y controla Martinelli.
En su fallo de 306 páginas, la juez absolvió a 10 imputados: Gonzalo Germán Gómez, los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare Arias, Aaron Ronny Mizrachi (cuñado de Martinelli), Vernon Salazar Zurita, Salomón Btesh Btesh, Jack Btesh Hazan, Leo Cohen Mugrabi y Marcos Ángel Acrich. La fiscalía había solicitado la absolución de dos de ellos: Salomón y Jack Btesh.
