Los abogados de Ricardo Alberto (Rica) y Luis Enrique Martinelli Linares solicitaron su excarcelación a un juez federal de Nueva York, por considerar que ya han cumplido la condena que les correspondía por haber conspirado para blanquear $28 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense.
En sendas notas dirigidas este viernes 29 de abril a la Corte del Distrito Este de Nueva York, los abogados de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal explican al juez Raymond Dearie que sus clientes han permanecido los últimos 23 meses en prisión: 17 meses en una base militar en Guatemala y cinco en el centro de detenciones de Brooklyn. Consideran que 23 meses son “suficiente” y, por tanto, solicitan se reconozca que ya han cumplido la pena de prisión que les correspondía, después de que ambos admitieran su participación en el esquema de sobornos de Odebrecht, para “beneficio de un alto oficial del gobierno de Panamá” y pariente “cercano”. El nombre de ese familiar, de momento, es confidencial.
Las dos notas de los juristas fueron entregadas a tres semanas de que el juez Dearie dicte sentencia y es parte del procedimiento regular. La fiscalía también debe escribir para hacer una recomendación al juez, tomando en cuanto factores como la disposición de los acusados para colaborar con la investigación, su comportamiento en prisión y lo que dicta la guía de sentencias aprobada por el Congreso de Estados Unidos en referencia al cargo por el que se han declarado culpables: conspiración para lavar dinero.
Cuando el juez Dearie celebre la audiencia de sentencia, el próximo 20 de mayo, los hermanos Martinelli Linares habrán permanecido 638 días en prisión, tomando en cuenta que fueron capturados el 6 de julio de 2020, en Guatemala.
En diciembre pasado, al declararse culpables (en audiencias separadas), el juez ya les advirtió que la condena (que no puede ser apelada) no sería superior a 151 meses de prisión (12 años y 7 meses).
Los abogados defensores sostienen que los hermanos tuvieron una participación menor en el esquema para blanquear los sobornos y que todavía deben hacer frente a cargos similares, por estos mismos hechos, en Panamá. Además, alegan que José Grubisich, el CEO de la petroquímica Braskem, subsidiaria de Odebrecht, recibió una sentencia de 20 meses de cárcel por haber repartido $250 millones en coimas, una cantidad sustancialmente superior al monto blanqueado por los Martinelli Linares.
En las notas al juez Dearie, los abogados se refieren al expresidente Martinelli y describen cómo era la relación con sus hijos. Sean Hecker, abogado de Rica Martinelli, escribió que su cliente tuvo una relación “tensa y distante” con su padre, un poderoso hombre de negocios a cuya sombra creció con un sentimiento de vergüenza por no cumplir sus expectativas. James McGovern, el defensor de Luis Enrique, lo describe como un adicto al trabajo que no siempre estuvo presente en la vida de sus hijos, pero cuando sí estaba, ejercía control y autoridad, y en el núcleo familiar, era indiscutiblemente quien tomaba las decisiones.
“Sus órdenes e instrucciones siempre eran acatadas”, escribió McGovern, que agrega que esta dinámica se mantuvo incluso cuando las hijos ya eran adultos. Asegura que Luis Enrique buscaba constantemente la aprobación de su padre, ya que éste era “su modelo a seguir”.
En la carta a Dearie, Sean Hecker admite que lo de las coimas de Odebrecht empezó en cuanto el padre ganó la elección presidencial de mayo de 2009. Contó que a los hermanos se les solicitó servir de “intermediarios” de los pagos que haría la constructora a un “familiar cercano”, descrito además como un miembro “dominante” en el entramado familiar. Los sobornos fueron desembolsados entre 2009 y 2012, pero las actividades de lavado se extendieron hasta 2015.
Nadie ha dicho públicamente el nombre de aquel “familiar cercano”, pero el abogado de Luis Enrique sostiene que se trata de una persona “de confianza, cuyas órdenes ha seguido toda su vida”. El de Rica lo llama “un maestro de la manipulación” y un “astuto operador político”.
Los hermanos -siempre según las notas de los letrados- calculan que el dinero que lavaron representa cerca del 3% de las coimas que Odebrecht y Braskem pagaron a políticos y funcionarios en todo el mundo. Luis Enrique -según su abogado- inicialmente pensaba que las transacciones eran “legítimas”, aunque sabía que esos dineros guardaban relación con los “negocios” que el “alto oficial” había acordado con Odebrecht. “No fue hasta el año 2010 que él y su hermano entendieron que las transacciones financieras que llevaban a cabo tenían relación con el pago de coimas”, escribió McGovern.
Los abogados también exponen que sus clientes se reunieron con agentes estadounidenses desde 2018, buscando un acuerdo de colaboración. Aseguran que la idea fue de ellos. En noviembre de ese año, fueron detenidos por agentes migratorios y estuvieron a punto de ser extraditados a Panamá. No obstante, salieron libres bajo fianza, decidieron permanecer en Estados Unidos y continuaron las reuniones con oficiales del Departamento de Justicia y el FBI, con la promesa de recibir a cambio el asilo y legalizar su situación migratoria. Todo cambió con la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020. Por temor a ser nuevamente detenidos por agentes migratorios y expulsados del país, cometieron el “error” de salir de Estados Unidos, con la intención de llegar a Panamá y supuestamente enfrentar la acusación que tienen acá, también por los sobornos de Odebrecht.
Ya se conoce cuál fue el desenlace de aquello: los hermanos no pudieron llegar a Panamá y fueron capturados en Guatemala, el 6 de julio de 2020. Ambos presentaron toda clase de recursos y alegaron una presunta inmunidad diplomática, a fin de impedir su extradición a Estados Unidos. No obstante, al juez Dearie le cuentan que, mientras estuvieron en una prisión militar guatemalteca, mantenían el compromiso de colaborar con las autoridades estadounidenses y voluntariamente solicitaron la extradición.
En el centro de detenciones de Brooklyn, donde se encuentran detenidos desde finales del año pasado, cuentan que las condiciones son “deplorables”, “inhumanas”, y que han permanecido en aislamiento solitario la mayor parte del tiempo, por la pandemia de la Covid-19. El centro estuvo 52 días bajo un confinamiento estricto, en el que solo podían salir de la celda por media hora, tres días a la semana. En enero, la medida se endureció, por una pelea de pandillas en una cárcel en Texas, que acabó con la vida de dos reclusos; por esa razón, en todas las cárceles estadounidenses se ordenaron restricciones y a los detenidos solo se les permitió salir de la celda por 10 minutos, tres días a la semana.
Los abogados también entregaron al juez notas de familiares, amigos, empleados y excompañeros de sus clientes. En esas cartas, todos abogan por la excarcelación y aseguran que ambos están arrepentidos y deseosos de pasar tiempo con sus familias.
