Esta vez le tocó a Ariadne García, magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ponente del recurso de casación presentado por la defensa de Ricardo Martinelli, contra la sentencia a 128 meses de prisión por el caso New Business.
Cuentas en redes sociales, leales al expresidente de la República enfilan sus dardos con la magistrada. “El país entero la mira. Su actuar dejará saber al país, a su familia y a sus amigos si es o no una funcionaria correcta”, se lee en una de las publicaciones.
La estrategia de presionar a fiscales, jueces y magistrados no es nueva. Ha sido una de las principales tácticas que ha implementado Martinelli para eludir cualquier tipo de responsabilidad penal relacionada con sus investigaciones. En la mayoría de los casos, de la presión pasa a los tribunales, jugada que la sociedad civil denomina “acoso judicial”.
Buena parte de esas demandas han sido desestimadas. La lista es larga. Aquí presentamos algunos ejemplos.
El 21 de noviembre de 2019, Martinelli acudió a la Asamblea Nacional junto a su equipo de abogados a demandar a los entonces magistrados de la Corte, Jerónimo Mejía y Harry Díaz, quienes actuaron como juez de garantías y fiscal de la causa del caso pinchazos, respectivamente. Los acusó de abuso de autoridad y les exigió $5 millones a cada uno como compensación por supuestos daños a su honor.
Meses después, el 4 de junio de 2020, sus abogados demandaron a Díaz ante el Ministerio Público. Para entonces Díaz había terminado su periodo en la Corte. Martinelli lo acusó de haberle ocasionado daños y perjuicios por su actuación como fiscal en el caso pinchazos. Le exigió $10 millones.
Mientras que el 9 de junio de ese año, Martinelli regresó al Ministerio Público junto a sus abogados Alma Cortés y Alejandro Pérez. Esta vez denunció nuevamente a Mejía, quien ya había concluido su periodo en la Corte. Lo acusó de la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, por el caso pinchazos.
La próxima en la lista fue Kenia Porcell, en cuyo periodo en la Procuraduría General de la Nación (1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019) fueron acogidas las primeras denuncias contra el exmandatario por su presunta vinculación con conductas tipificadas en el Código Penal. Una de las acciones legales contra Porcell se presentó el 7 de julio de 2020. Acusó a Porcell de haberle lesionado su honor por una entrevista que Porcell dio en 2019 en calidad de procuradora. Esa demanda generó un secuestro civil hasta por la suma de $144 mil.
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En esa época, Martinelli y sus abogados no daban tregua. En julio de 2020 presentaron seis acciones legales (querellas, recusaciones, advertencias de inconstitucionalidad y quejas) contra la entonces fiscal anticorrupción Tania Sterling, que lo investigó por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. Con las querellas le reclamó $10 millones por supuesto “daño moral, psicológico, comercial, empresarial, social, familiar y político”.
La magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López tampoco ha escapado del acoso. El 7 de abril de 2023, su abogado Alejandro Pérez, la denunció ante la Asamblea por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia y contra los servidores públicos.
Pérez sustentó su denuncia en supuestas presiones de López Arias para alterar el calendario de las audiencias y fijar la fecha de juicio seguida a Martinelli en el caso pinchazos, para acelerar fases procesales e ignorar etapas de los procedimientos judiciales.
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Caso New Business
Entre abril y julio de 2023, el equipo de abogados del expresidente Martinelli presentaron varios recursos para separar a la juez Baloisa Marquínez del caso New Business. En abril de este año la recusaron por no admitir una serie de pruebas que ellos pretendían usar en el juicio. El 23 de mayo de 2023, el primer día del juicio New Business, el abogado Oliver Quiel Miranda se presentó como abogado de Martinelli y acto seguido presentó un incidente de nulidad y recusó a Marquínez, tras alegar que habían sido pareja 17 años atrás.
Quiel alegó que el tema comprometía la imparcialidad del caso.
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El 8 de junio de 2023, el abogado Roniel Ortiz, denunció al fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez a cargo del caso New Business, por la presunta comisión de los delitos de falsedad y asociación ilícita para delinquir.
La denuncia interpuesta por Ortiz alegaba que Márquez y Marquínez, permitieron que uno de los testigos protegidos del caso New Business viajara al extranjero en el año 2020, a pesar de tener supuestamente una medida cautelar de impedimento de salida del país.
Más recursos contra Marquínez. El 9 de junio de 2023, el abogado Alfredo Vallarino, la denunció ante el Tribunal de Integridad y Transparencia de la Corte alegando que no permitió el interrogatorio de los testigos protegidos en el caso New Business.
Días después, el 19 de julio de 2023, el abogado Alejandro Pérez, en representación de Martinelli acudió al Ministerio Público para denunciar a Marquínez por la supuesta violación del principio de especialidad consignado en el tratado de extradición suscrito entre Panamá y los Estados Unidos.
Mientras que el 11 de diciembre pasado, los abogados del expresidente denunciaron al magistrado del Tribunal Superior de Liquidaciones, Manuel Mata Avendaño, pues no admitió un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria impuesta en primera instancia por New Business.
La denuncia contra Mata Avendaño se sustenta en una supuesta alteración de documentos públicos, por la ausencia de algunas páginas del expediente entregados a la defensa en una memoria digital.
Mata Avendaño también ha sido objeto de algunas publicaciones en medios de comunicación propiedad de Martinelli.
