Cuando falta una semana para conocer la sentencia que recibirán por conspirar para blanquear coimas de Odebrecht, los abogados de Ricardo Alberto (Rica) y Luis Enrique Martinelli Linares intentan minimizar la participación de sus defendidos e insisten en que ambos fueron “actores indiscutiblemente periféricos” en este esquema criminal.
En diciembre de 2021, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) se declararon culpables de conspirar para lavar $28 millones en sobornos que recibieron de la constructora brasileña, para beneficio de un “familiar cercano” que, a su vez, era un “alto funcionario del gobierno de Panamá”, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015.
La defensa sostiene que la fiscalía de Nueva York y el Departamento de Justicia estadounidense no hacen distinción entre la “abrumadora” cantidad de fondos de Odebrecht “que pasaron por, pero no para Rica y Luis”.
“Estados Unidos ha conseguido dos condenas sin juicio en este caso, ha recibido una montaña de pruebas de Rica y Luis, y ha obtenido su singular ayuda para repatriar fondos que, de otro modo, estarían fuera del alcance del gobierno. Y aunque Estados Unidos no quiso o no pudo efectuar una resolución conjunta con Panamá, ese país está tomando medidas para recibir los fondos que se han puesto a disposición de ambos gobiernos sólo a través de la cooperación de Rica y Luis que el gobierno ahora desestima como una ‘fachada’, en vísperas de la sentencia”, señalan Sean Hecker y James McGovern, abogados de Ricardo Alberto y Luis Martinelli Linares, respectivamente, en una nota conjunta dirigida el viernes 13 de mayo de 2022 al juez Raymond Dearie, quien el próximo 20 de mayo comunicará la sentencia de prisión que corresponde a los hermanos.
Respuesta a la fiscalía
Los abogados Hecker y McGovern repasan el contenido de la nota que la fiscalía de Nueva York envió a Dearie (lo hizo una semana antes, el 6 de mayo) en la que pide una sentencia mínima de 108 meses de prisión (9 años) y máxima de 135 meses (11 años y 3 meses), alegando la gravedad de los cargos, la poca colaboración de los acusados y la fuga que ambos llevaron a cabo en junio de 2020, lo que es considerado como un “intento por evadir sus responsabilidades de los crímenes cometidos”.
La fiscalía calcula, además, que los Martinelli Linares habrían recibido $30 millones, pero en euros, en coimas adicionales a los $28 millones que fueron blanqueados a través del sistema financiero estadounidense. Según la fiscalía, parte de ese dinero fue utilizado para adquirir bonos, acciones y bienes “de lujo”, como un yate, un condominio frente al mar y una participación en una compañía de servicios de telefonía celular, cuyo nombre no se precisa. En esa compañía habrían gastado $9.5 millones.
Pero la defensa asegura al juez Dearie que esa es una verdad “a medias”. Señala, por ejemplo, que esos $9.5 millones “no fueron invertidos por Rica y Luis… esa inversión se hizo con fondos mal habidos del oficial del gobierno de Panamá, bajo la dirección del oficial del gobierno de Panamá y para beneficio del oficial del gobierno de Panamá”. Al respecto, es importante observar que la fiscalía ya había advertido al juez que los hermanos intentan minimizar su participación en la comisión del delito, cuando en la práctica ejercieron un rol “esencial” y mantuvieron “una conducta criminal, sistemática y estratégica, por cerca de seis años”.
Hasta ahora, ni la fiscalía ni la defensa han informado públicamente el nombre de ese funcionario, familiar cercano de los dos acusados. En las notas entregadas por ambas partes, hay frases que han sido tachadas y en la Corte hay documentación que ha sido declarada confidencial por el juez Dearie, desde que este proceso ingresó oficialmente a su despacho, el 27 de junio de 2020. Nueve días después, fueron capturados en Guatemala.
Los abogados aseguran en la nota entregada el pasado viernes, que sus clientes, desde que estaban detenidos en Guatemala a la espera de ser extraditados (proceso al que se opusieron a través de distintos recursos judiciales en varias instancias), empezaron a cooperar para que Estados Unidos y Panamá iniciaran el proceso de repatriación de los fondos ligados a Odebrecht.
“Es indiscutible que Rica y Luis proporcionaron a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá los medios para su propia incriminación y restitución… No puede haber duda de que Rica y Luis están pagando un alto precio por no asegurar un acuerdo de cooperación formal”, sostienen Hecker y McGovern.
Más adelante, agregan que “Estados Unidos recuperará todos los fondos que busca de Rica y Luis, solo gracias a su ayuda”.
Igualmente, defienden la membresía de sus clientes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Según el gobierno estadounidense, los Martinelli Linares ingresaron a Guatemala, por la frontera terrestre con Honduras, utilizando credenciales “inválidas” del Parlacen. Pero los abogados defensores replican que “el gobierno se basa en dos artículos extraídos de internet para alegar que Rica y Luis ‘buscaron y obtuvieron credenciales diplomáticas inválidas’ del Parlacen”, y citan publicaciones de los diarios La Prensa y La Estrella, “que están asociados con las facciones panameñas opuestas al partido político de los Martinelli y tejen una historia inexacta que lamentablemente ha sido adoptada y presentada por el Departamento de Justicia”. Aunque fueron elegidos diputados suplentes en mayo de 2019, la propia junta directiva del Parlacen ha reconocido que los hijos del expresidente Martinelli no han sido juramentados, por lo que nunca han asumido el cargo.
Sobre la recomendación de la fiscalía, la defensa calcula que una pena de 9 años de prisión sería “la sentencia más severa por soborno en el extranjero en la historia del Segundo Circuito”, y de cuatro a cinco veces superior a la pena de prisión dictada a Marcelo Odebrecht en Brasil (30 meses en una cárcel y otros 30 en arresto domiciliario).
A lo que aspira la defensa es a la excarcelación de los dos acusados. El 29 de abril, solicitó por escrito al juez Dearie que ordene la libertad de sus representados, por considerar que los 23 meses que han estado en prisión preventiva (primero en Guatemala y ahora en Brooklyn) equivale a la pena correspondiente por el delito del que se han declarado confesos.
En cuanto a Guatemala, han negado el plan para fugarse de la base militar Mariscal Zavala, asegurando que éste ha sido desmentido por el presidente de ese país, Alejandro Giammattei. No se refieren al apartamento que por un año ocuparon los hermanos en el penal, un aposento privado que fue decorado y amoblado por un diseñador de interiores que anteriormente decoró el apartamento de Luis Enrique en Brickell Avenue, Miami, así como una mansión que en esa misma ciudad tiene el “familiar cercano”, “alto funcionario”.
‘No pueden bañarse’
Actualmente, Ricardo Alberto y Luis Enrique están en el centro de detención metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), de Brooklyn, donde ingresaron el 15 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021, respectivamente, cuando fueron extraditados por Guatemala. Sus abogados dicen que la estadía de ambos ha coincidido “con uno de los periodos más sombríos de la larga historia del MDC” y que están encerrados en sus celdas casi todo el día. Las restricciones no son solo por la pandemia respiratoria de la covid-19, sino también por una pelea de pandillas en una cárcel de Texas, en enero pasado, que dejó un saldo de dos muertos y motivó a que en todos los penales del país se suspendieran las visitas y se limitara el tiempo de recreo. Aunque el gobierno ha dicho que no hay restricciones desde el 17 de febrero pasado, la defensa asegura que el MDC fue “cerrado de nuevo” esta semana, por otra pelea.
“Rica y Luis no pueden bañarse desde el lunes 9 de mayo. Solo han salido de sus celdas una vez en los últimos cuatro días; después fueron devueltos al confinamiento total indefinido”.
Los abogados cierran la nota reiterando la colaboración de sus clientes para aportar información que ha servido para repatriar el dinero de Odebrecht, “que, de no ser por la ayuda de los hermanos, estaría fuera del alcance de los gobiernos de Estados Unidos y Panamá”.
“Frente a la condena de 20 meses de José Grubisich [el antiguo CEO de Braskem, filial de Odebrecht, condenado a 20 meses de prisión] y a las condenas de 24 meses por conductas aún más culpables, los casi 23 meses que han cumplido Rica y Luis son la condena más parsimoniosa en este caso”, remarcaron.
La lectura de la sentencia será el próximo 20 de mayo, en una audiencia a las 3:00 p.m. (hora de Panamá).
