El procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que no es jurídicamente viable que los miembros de las juntas directivas de las empresas públicas autoricen mutuos acuerdos contrarios a las disposiciones contenidas en la ley, refiriéndose a las indemnizaciones alcanzadas por al menos seis gerentes y ejecutivos de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
En una opinión remitida al ministro de Comercio e Industrias y presidente de la junta directiva de Etesa, Jorge Rivera Staff, el procurador recordó que artículo 1 de la Ley 24 de 2014 (que regula el periodo de funcionarios de instituciones públicas), señala que quienes son nombrados jefes, gerentes, directores o administradores de entidades públicas autónomas y semiautónomas y de empresas estatales, lo harán por un periodo de cinco años, concurrente con el periodo presidencial.
Por tanto, no tendrán derecho a una indemnización por terminación de su período de servicio.
Para González, los gerentes generales y demás miembros de la alta gerencia de estas empresas tienen el carácter de funcionarios regidos por el derecho administrativo y no están llamados a sostener una relación laboral por tiempo indefinido enmarcada en el Código de Trabajo.
En ese sentido, detalla que quienes vayan a ocupar estos cargos en una empresa estatal deberán vincularse a la misma a través de un acto administrativo por un período fijo, a través de una toma de posesión.
González también le solicita al ministro Rivera Staff le remita en tiempo perentorio copia autenticada del contrato de trabajo y de los acuerdos de terminación de la relación de trabajo, suscritos con los miembros de alta gerencia, directores y jefes de Etesa.
La consulta surge luego que el pasado viernes se conociera que el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera, recibirá una indemnización de $249,195. Mosquera ya recibe un jugoso salario: $14,315, más del doble de lo que ganan el presidente de la República, ministros y diputados.
También el subgerente Óscar Rendoll pactó un mutuo acuerdo, en su caso, de $306,615.
Además de Mosquera y Rendoll, otros cuatro directivos de Etesa aguardan su indemnización por mutuo acuerdo. Entre los seis, representan un gasto de casi un millón de dólares.
Procurador Rigoberto González Montenegro, se refiere a la indemnización solicitada por el Gerente General de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). pic.twitter.com/ycNF5yzMBE
— Procuraduría de la Admon.🇵🇦 (@ProcuadmonPma) June 26, 2024
Etesa ha defendido estos desembolsos y señala que los mismos fuero autorizados por la junta directiva, que preside el saliente ministro de Comercio. Rivera será reemplazado por Julio Moltó, y Mosquera, por Roy Morales.
José Raúl Mulino, presidente de la República a partir del próximo lunes, pidió a la Contraloría General de la República que no refrende estos desembolsos.
Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (Sitiespa) han señalado que esas indemnizaciones por mutuo acuerdo son ilegales, ya que ellos no se regimen por las normas contenidas dentro del Código de Trabajo. Tampoco le son aplicables los beneficios acordados en la Convención Colectiva. De hecho, resaltaron que Mosquera ni siquiera paga cuota sindical.
