El abogado José María Castillo, que forma parte del equipo legal del expresidente Ernesto Pérez Balladares, recomendó que “las personas que están interesadas en que La Prensa siga haciendo su trabajo están obligadas a hacer una vaca y poner de su bolsillo” para consignar una fianza y levantar el secuestro de la cuenta.
Castillo explicó, este lunes 6 de julio, durante una conferencia de prensa virtual, que la acción legal de secuestro contra Corporación La Prensa (Corprensa) responde a una demanda por daños y perjuicios interpuesta en el año 2012 por el expresidente en la continuación de un proceso civil que lleva ya 8 años el Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo de la juez Lina Castro De León.
Señaló que la medida cautelar está encaminada a garantizar las acciones legales que emprendió Pérez Balladares en 2012 contra este conglomerado al que pertenece el diario La Prensa, por la difusión de información falsa en una serie de artículos publicados el 21 y 22 de marzo de 2011 en las versiones impresa y digital de dicho medio.
En esa oportunidad las notas periodísticas hicieron alusión directa y sin fundamento de que el exmandatario estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales que era investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, dijo.
“A pesar de que se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos, La Prensa no tuvo la disposición de retractarse. En consecuencia, en marzo de 2012 el exmandatario introdujo una demanda civil por 5.5 millones de dólares en contra de la Corporación La Prensa por daños y perjuicio, al vincularlo de manera intencional e injuriante al blanqueo de capitales”.
Entre sus alegatos no solo destaca el daño moral y el desprestigio nacional e internacional de su imagen, sino la posible presión mediática indebida hacia el juez que atendería una audiencia preliminar a la que Pérez Balladares debía acudir por aquel caso, agregó Castillo.
El abogado aseguró que “la ejecución de este secuestro no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodista a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país”.
La acción se ejecuto amparándose en lo dispuesto en el artículo 533 y siguientes del Código Judicial, con la finalidad de evitar que el proceso civil en contra de la Corporación La Prensa sea ilusorio en sus efectos. No se pidió la administración del medio de comunicación, aseguró Castillo.
La orden de secuestro corresponde a la evolución natural del caso en la que ambas partes han ejercido las acciones legales que contempla la Constitución y las leyes complementarias que salvaguardan los derechos de todos los ciudadanos.
“La afirmación que ha impulsado la parte demandada de que la acción de secuestro afecta la democracia es falaz”, expresó.
Nuestra acción se fundamenta en el reclamo de derechos humanos, especialmente en el derecho a la honra. Añadió que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12 establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Castillo manifestó que se reclama una violación al derecho de inocencia y por este medio nos amparamos en ante el derecho de buscar protección judicial, imparcial, sin ser discriminado por la afiliación política como se pretende hacer con el expresidente.
“Por tanto, consideramos que el Estado democrático tiene el debe de ofrecer las protecciones que hemos activado inclusive si atentan contra la democracia... desde el momento desde que se comparte información errónea se debe entender que la información veraz es una garantía jurídica en la sociedades democráticas. La veracidad es el principal garante de la libertad de expresión”, señaló.
El abogado, durante la conferencia virtual, aseguró que en ningún momento se ha querido paralizar el trabajo del medio de comunicación pero este medio conoció que el expresidente Pérez Balladares quiso secuestrar todos los equipos de impresión y el papel, entre otros equipos, necesarios para la impresión de los periódicos de Corprensa.
Y fue el mismo abogado Castillo, quien lo solicitó al Juzgado Decimoquinto Penal, que debe resolver la acción en la que el expresidente reclama un pago de $5 millones por supuesto daño moral.
Sin embargo, la juez Lina Castro De León rechazó la pretensión del exmandatario de secuestrar los equipos, por considerar que son los bienes que usa la corporación en sus labores diarias.
