La incertidumbre aún planea sobre los familiares de las víctimas y desaparecidos de la invasión del 20 de diciembre de 1989, 34 años después aún hay quienes no tienen una tumba a la cual acudir para depositar una flor.
Ayer miércoles, ministros de Estado, excombatientes, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la acción militar estadounidense se congregaron en el Jardín de Paz en un acto para recordar a los quienes perdieron la vida.
Brenda Bethancourt, hija de Braulio Bethancourt un exoficial de las Fuerzas de Defensa de Panamá cuyo paradero aún se desconoce, reclamó que es necesario que las autoridades del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realicen la identificación de los 41 restos humanos exhumados y que aún no han sido identificados.
Bethancourt aseguró que esos cuerpos que se encuentran almacenados en el Imelcf requieren de una sepultura por lo que se hace necesario que el Estado destine los recursos financieros para realizar las pruebas de ADN que permita identificarlos.
Trinidad Ayola, de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Invasión, aseguró que a pesar del tiempo transcurrido las heridas dejadas por la invasión continúan abiertas y el dolor es permanente.
Ayola relató que aún un grupo de familiares de víctimas de la invasión desconocen lo sucedido a sus seres queridos. Agradeció la declaratoria mediante ley del 20 de diciembre como día de duelo nacional y el reconocimiento de aquellos que cayeron durante esa acción militar.
Nunca sabremos cuántas vidas se perdieron
En tanto, el arzobispo José Domingo Ulloa en su homilía recalcó que aún hoy no se conoce con exactitud cuántas vidas se perdieron durante la invasión y que tenemos la obligación histórica de recordar estos hechos para que no se repitan.
Ulloa también instó a las autoridades a hacer los esfuerzos necesarios para identificar a aquellas víctimas que aún están en el anonimato, pero que con ayuda de la ciencia se puedan identificar.
Si bien no podemos dejar de pedir justicia reparativa para quienes perdieron familiares en la invasión, también es necesario buscar la reconciliación para seguir adelante a pesar de la pérdida de un ser querido.
Por su parte Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión del 20 de Diciembre de 1989, aseguró que la invasión de 1989 fue violatoria del derecho internacional y de los derechos humanos por uso desmesurado de la fuerza contra civiles inocentes.
Murgas Torraza planteó que Estados Unidos tiene el deber moral de entregar las compensaciones económicas correspondientes a los afectados por los hechos ocurridos en diciembre de 1989.
Investigación penal
La Fiscalía de Descarga del Ministerio Público mantiene abiertos unos 16 casos por personas desaparecidas durante la invasión y realiza el cotejo de restos óseos exhumados en el Jardín de Paz con los perfiles de ADN de miembros de la Asociación de Familiares para establecer un posible parentesco.
Hasta la fecha se ha logrado establecer la identidad de los restos correspondientes a Ismael Enrique Dorcy. También se logró esclarecer que los restos sepultados con la identificación de Boris Gilkes Ayarza y Braulio Bethancourt no corresponden a esas personas, ya que Ayarza está vivo. Las autoridades informaron que trabajan en la identificación de los restos óseos sepultados para identificar a quiénes corresponden.
La fiscal Geomara Guerra, a cargo de esta investigación, informó que el Imelcf trabaja en los perfiles de ADN, que luego serán enviados a Guatemala para un análisis definitivo.
Ayarza, quien residía en El Chorrillo, resultó herido cuando rescataba víctimas de las bombas y fue llevado al Hospital Santo Tomás, y al aparecer se le reportó como muerto.
La Comisión del 20 de Diciembre tiene unos 30 casos de personas reportadas como desaparecidas durante la intervención militar.
