La defensa de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) solicitó acumular, en un solo expediente, las causas de New Business y de Odebrecht, argumentando que ambas son sobre blanqueo de capitales y tienen vinculación con el expresidente.
Así está consignado en el escrito de apelación que presentó Martinelli contra la sentencia de la juez penal Baloisa Marquínez, que el pasado 17 de julio condenó al exgobernante a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
Marquínez ya había rechazado la solicitud de acumulación, por considerarla improcedente. La instrucción del caso Odebrecht se inició el 29 de septiembre de 2015 y el de New Business, el 6 de marzo de 2017. Pero aunque empezó primero, en el de Odebrecht ni siquiera se ha celebrado el juicio (será el 27 de septiembre próximo), mientras que en el de New Business ya hay una condena dictada en primera instancia. Por tanto, no se encuentran en la misma etapa procesal.
Además, aunque se trata del mismo tipo penal (blanqueo), son hechos distintos: New Business es sobre el esquema financiero que se utilizó para ocultar los fondos ilícitos que se usaron para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa); Odebrecht es sobre el pago de coimas a funcionarios y políticos, a cambio de contratos con el Estado.
Pero en su apelación, el abogado de Martinelli, Luis Eduardo Camacho González, sostiene que los dos expedientes sí deben acumularse, aunque su intención es que se declare la nulidad de ambos procesos, ya que manifiesta que cuando esas dos investigaciones se iniciaron Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y, además, estaba protegido por el principio de especialidad al ser extraditado de Estados Unidos.
Al respecto, Martinelli renunció al Parlacen en el año 2018; no fue hasta 2020, cuando ya había perdido su condición de parlamentario centroamericano, que fue citado a indagatoria por Odebrecht y New Business.
En cuanto al principio de especialidad, la juez Marquínez indicó que Martinelli estaba amparado por esta prerrogativa del 11 de junio de 2018 al 17 de febrero de 2020. Por tanto, ya no le es aplicable.
El abogado Camacho también alega que la juez violó las garantías fundamentales de su cliente al impedirle interrogar a los testigos protegidos identificados como N-FECDO-01-2020 y N-FECDO-10-2020, durante la celebración del juicio. También detalla que era responsabilidad del Ministerio Público lograr la comparecencia de ambos y, según la defensa de Martinelli, no se hicieron los esfuerzos pertinentes para ubicarlos y solo se les aplicó una sanción “ridícula”. No obstante, durante el juicio se anunció que esos testigos habían sido notificados; luego, el fiscal Emeldo Márquez comunicó que ambos temían por su seguridad. La juez zanjó la discusión advirtiendo que la declaración de los testigos estaba en el expediente, que eso lo sabían los abogados defensores y que no era necesario que ambos comparecieran en el juicio, ya que el mismo no se desarrolló bajo el sistema penal acusatorio (SPA).
Otro de los puntos objetados por Camacho es la declaración del perito Eliseo Ábrego, quien realizó un informe de actuación financiera de la sociedad New Business Services, a cuyo nombre estaba la cuenta canasta en Global Bank utilizada para recibir el dinero para la compra de las acciones de Epasa.
En este aspecto, precisa que el citado informe no tiene rigor científico, ya que el perito mostró desconocimiento de la materia tratada en su informe, no realizó las verificaciones necesarias para complementarlo e incurrió en numerosas contradicciones durante el contrainterrogatorio realizado por los abogados defensores en el juicio.
Además, señala que la persona que propuso la compra de Epasa fue Henry Mizrachi y que ello se pudo comprobar a través de los testimonios de Francisco Arias Vallarino y su hijo Francisco Arias Galindo.
Camacho también sostiene que la fiscalía se excedió en el término para concluir la investigación, violando las garantías fundamentales del imputado y que la juez solo valoró las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
El recurso también pide al Tribunal Superior de Liquidación la validación de seis incidentes de nulidad que previamente fueron desestimados por Marquínez.
