Ricardo Martinelli (2009-2014) no acudió personalmente a la audiencia preliminar celebrada este martes 29 de noviembre en la que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó enjuiciar al expresidente por presunto blanqueo de capitales en la compra de Editora Panamá América, S.A., caso conocido como New Business.
En su lugar acudió su abogado Luis Eduardo Camacho González, quien pidió el sobreseimiento definitivo del exgobernante porque, según él, todos los fondos utilizados en la compra de Epasa tienen una procedencia lícita.
La juez Baloisa Marquínez inició la jornada a las 9:05 a.m. y negó la presentación de incidentes a la defensa, ya que -según explicó la juez- la audiencia de este martes es una “continuidad” de aquella celebrada el 27 y 28 de enero de 2022. En aquella ocasión, Martinelli alegó tener fuero electoral penal y presentó un recurso de nulidad, razón por la que la juez suspendió el proceso en lo que concierne a su acusación, hasta este martes.
La audiencia fue transmitida en directo por el Órgano Judicial y La Prensa.
En la sala había un defensor público alterno, designado por la juez en caso de que no compareciera el abogado particular de Martinelli.
El fiscal Uris Vargas inició su intervención explicando cómo se gestó la compra de Epasa con millones de dólares de fondos públicos, canalizados a través de la sociedad New Business. Esos dineros provenían de contratos otorgados a distintas empresas y sociedades, para la ejecución de obras públicas. El fiscal mencionó específicamente el contrato para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Nacional, otorgado en 2010 a la empresa Constructora Corcione.
Vargas explicó cómo circuló el dinero a través de distintas cuentas y sociedades, “para llegar al mismo destino de manera simulada”, que en este caso era la sociedad New Business.
La participación de Martinelli queda acreditada, según el fiscal, dado que se probó que el expresidente: contacto a contratistas del Estado panameño, aportó $11.4 millones a través de la sociedad Ricamar Financial Company Inc., dispuso el primer pago de $5 millones para la compra de Epasa e integró la suma de $10 millones que obtuvo mediante préstamo de Global Bank a la sociedad Inmobiliaria TPA, S.A.
Igualmente, se hizo referencia a los testimonios de David Ochi, Felipe Virzi, Samuel Jiménez y Riccardo Francolini, en los que consta que se elaboraron “contratos ficticios”, para dar una apariencia de legalidad a toda la operación.
El fiscal citó una declaración del abogado Ricardo Chanis, que por un tiempo presidió Epasa, en la que certifica que el 60% de las acciones de la empresa están bajo el control de Martinelli. El 40% restante lo tenía Henry Mizrachi Cohen, quien -según el Ministerio Público- traspasó algunas acciones al Estado panameño, cuando supo de la investigación por presunto blanqueo. No obstante, es Martinelli quien ejerce “el control final de estas acciones”.
Es importante explicar que el 100% de las acciones de Epasa fueron transferidas a la sociedad TPAHC, Inc., creada el 9 de diciembre de 2010 y cuyo agente residente era Chanis. Las acciones de TPAHC se repartieron así: 60% a nombre de Corporacion de Inversiones Multimedios, S.A. (sociedad controlada por Martinelli) y el resto (40%) se repartió a partes iguales entre Ibiza Overseas Corp. y Meadows Investments, S.A., ambas controladas por Mizrachi. Posteriormente, según una gráfica que mostró la fiscalía, las acciones de Meadows y de Ibiza fueron transferidas a favor del Estado.
La fiscalía terminó sus alegatos a las 9:57 a.m. y correspondió el turno de la defensa, para lo cual contaba con hasta una hora (igual que el fiscal Vargas).
Lo primero que pidió Camacho fue intervenir desde su puesto y no desde el podio. Lo segundo fue promover un incidente para que se le otorgara más tiempo. La juez negó la solicitud.
Camacho inició su presentación diciendo que el expediente es una “fábula”, que su cliente es procesado por “motivaciones políticas” y que la investigación se armó en base a “bochinches”. También insistió que su defendido está “protegido” por el principio de especialidad consignado en el tratado bilateral de extradición de Panamá y Estados Unidos y que goza de inmunidad como miembro del Parlacen (si bien él mismo renunció a ese organismo en julio de 2018), aunque todo eso ya ha sido descalificado por distintas instancias judiciales.
“Aquí hay una reunión entre comerciantes que se dio para aportar fondos para la adquisición de un medio”, remarcó; insiste que los fondos son lícitos y señala que muchos de los dineros que aportó Martinelli estaban acreditados en la declaración de bienes patrimoniales que presentó cuando tomó posesión como presidente de la República, el 1 de julio de 2009. Camacho no mostró dicha declaración patrimonial, la cual nunca ha sido divulgada y se ha mantenido siempre en secreto.
Aunque mencionó que su cliente nunca ha utilizado testaferros ni ha simulado operaciones, el fiscal citó minutos antes un extracto de la declaración del fallecido Felipe Virzi, que bajo juramento contó cómo fue contactado por el entonces presidente Martinelli, para que se sumara a la operación.
“Me invitó el señor Ricardo Martinelli. Él estuvo en Santiago para proponerme que participara. El señor Ricardo Martinelli me llevó un documento donde decía que yo tenía interés en participar. Yo no quería, pero se lo firmé como un favor y le puedo decir que ni lo leí”, contó Virzi en su indagatoria, rendida el 4 de agosto de 2017.
La fiscalía también leyó extractos de la indagatoria de Nicolás Corcione, el 5 de abril de 2018, quien declaró que el propio Martinelli lo invitó, en diciembre de 2010, a participar en la compra de Epasa. Corcione contó que aportó un millón de dólares, siguiendo instrucciones de Martinelli. Aunque a cambio no le dieron ninguna acción, Corcione “entendía que era el 3%”.
En cambio, Camacho sostiene que toda la operación de compra fue conducida por Henry Mizrachi.
Sobre los contactos de Martinelli con contratistas del Estado, el abogado defensor dice que su cliente se relacionó con Corcione y Virzi porque son sus socios en otros negocios y negó que el expresidente presionara a contratistas como Transcaribe Trading (TCT) y Excavaciones del Istmo, las cuales, según la fiscalía, participaron en el esquema de blanqueo de capitales que derivó en la compra de Epasa.
Asegura que todas las declaraciones que reposan en el expediente en contra de su cliente “no sirven”. Mencionó que hay imputados que han cambiado su testimonio porque tienen un acuerdo de colaboración en el que participó, como abogado, William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore. “En esto no hay casualidades”, dijo Camacho.
Posteriormente, soltó la siguiente frase: “uno de los derechos de los imputados, es mentir”, para luego pedir el sobreseimiento definitivo de su cliente.
Antes, Camacho dijo que la causa inició porque los diarios que controla Martinelli eran los únicos medios de comunicación que hacían oposición al gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), a quien Martinelli ha identificado como su enemigo y ha dicho, varias veces, que si se lo encuentra le meterá “un trompón”.
Camacho concluyó su alegato a las 11:01 a.m.
Acto seguido, la juez se refirió a tres principios que, según Camacho, están vigentes y motivarían la nulidad del proceso: el principio de especialidad, la inmunidad del Parlacen y el fuero penal electoral. No obstante, Camacho advirtió que no había sustentado esas aseveraciones como incidentes, sino como parte de su discurso de alegato, razón por la cual la juez no se pronunció al respecto y declaró cerrada la sesión a las 11:05 a.m.
Ahora la juez tiene un plazo de hasta 30 días para comunicar si Martinelli será enjuiciado o no por estos hechos.
Por este mismo caso, ya hay 20 personas llamadas a juicio, desde el 21 de octubre pasado.
La investigación se inició en 2017, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada reveló que la compra de Epasa se gestó a través de la sociedad canasta denominada New Business.
