Ricardo Martinelli Berrocal intenta apartar al procurador general de la Nación (encargado), Javier Caraballo, de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la decisión del Tribunal Electoral (TE) de mantener el fuero electoral penal y reconocer la vigencia del principio de especialidad a favor del expresidente.
La abogada Shirley Castañeda, apoderada de Martinelli, presentó un incidente de recusación contra Caraballo el pasado 4 de abril, tres días después de que éste opinara que la Resolución del 22 de marzo de 2022 firmada por los magistrados Alfredo Juncá y Heriberto Araúz, del TE, es violatoria de por lo menos cinco artículos de la Constitución.
“Araúz y Juncá no solo apartaron de su conocimiento la cuestión que debían resolver, sino que además se adentraron en materias que constitucionalmente rebasan sus atribuciones...”, concluyó Caraballo.
A Caraballo le fue solicitada su opinión por la magistrada María Eugenia López Arias, ponente de la demanda que presentó Héctor Herrera, contra la Resolución del 22 de marzo de 2022 del TE. A esta acción se le acumuló la demanda que, por el mismo tema, presentó el pasado lunes el Partido Panameñista.
La magistrada López ahora deberá también dar curso al incidente de recusación presentado contra Caraballo.
El levantamiento del fuero electoral penal de Martinelli había sido solicitado por Baloisa Marquínez, la juez penal de los casos Odebrecht y New Business, en los que el expresidente es investigado por presunto blanqueo de capitales.
Martinelli tiene fuero electoral penal porque su partido Realizando Metas está en el proceso de escoger a las autoridades de las secretarías de la Mujer y de la Juventud.