El expresidente Ricardo Martinelli, así como allegados suyos –como Aurora Muradas Fraiz–, todos acusados del delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, ha elevado sendas peticiones al Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) de Brasil, a fin de que se impida usar pruebas aportadas por propia constructora, en su acuerdo de indulgencia.
Para esa tarea ya se ha prestado el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien a través de esta práctica ha anulado numerosos casos en Brasil y en algunos otros países.
La información fue dada a conocer por el diario digital brasileño Metrópoles, que resalta que las peticiones de Martinelli y de Muradas Fraiz a Dias Toffoli tienen antecedentes en acciones similares presentadas ante el mismo magistrado por otros dos acusados en el caso Odebrecht en Panamá. Se trata de Riccardo Francolini y Juan Antonio Niño, que ya obtuvieron la ayuda de Dias Toffoli, quien también auxilió judicialmente al expresidente peruano Ollanta Humala, al quitarle la validez a las pruebas presentadas en su contra en Perú.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público de Panamá contra Martinelli y otros acusados se encuentran los informes de los delatores de Odebrecht y evidencias extraídas de los sistemas de comunicación encriptada Drousys y MyWebDay B.
Estos sistemas eran los que utilizaba la llamada División de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht, para la gestión del pago de coimas a políticos y autoridades de Brasil, Panamá y los otros en donde tenía presencia el gigante de la construcción brasileña.
El contenido de los dos sistemas de comunicación fue parte central del acuerdo de indulgencia que firmó Odebrecht con las autoridades de Brasil y constituyen el respaldo probatorio de las declaraciones de los denunciantes, pruebas estas que han sido invalidadas unilateralmente por Dias Toffoli.
Ex-presidente do Panamá vai a Toffoli para anular provas da Odebrecht https://t.co/6SPXZVInm1
— Guilherme Amado (@guilherme_amado) March 16, 2024
La desestimación de estas pruebas ha sido solicitada también por el operador financiero Rodrigo Tacla Durán, un delator que escapó de Brasil y que testimonió en la prensa española sobre la participación de autoridades panameñas en el esquema de corrupción de Odebrecht.
Más auxilios
Los abogados de Martinelli hicieron otra petición al magistrado: impedir que ocho de los delatores de Odebrecht sean escuchados como testigos en la causa penal panameña, cuyo juicio está programado para que se desarrolle entre el 12 de noviembre y el 19 de diciembre de este año, y como fecha alternativa, los días comprendidos entre el 20 de enero y el 28 de febrero de 2025.
La defensa de Martinelli alega que su solicitud se basa en su opinión de que si las pruebas son nulas, sus testimonios también lo serían.
Los abogados de Martinelli también hicieron la petición a nombre de Muradas Fraiz, quien, de acuerdo con la causa penal panameña, recibió dinero de Odebrecht por petición del expresidente.
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Fuentes del Ministerio Público en Panamá sostienen que el caso contra los acusados en Panamá tiene, además de las evidencias acumuladas de los delatores y de los sistemas de comunicación de Odebrecht, numerosas pruebas más emanadas de la cooperación internacional.
Además, existen los testimonios de los propios hijos del expresidente Martinelli, en mayo de 2022, en un tribunal en Nueva York, Estados Unidos, en el que se declararon culpables de conspirar para recibir sobornos de Odebrecht, siguiendo instrucciones de su padre. Los hijos, que en enero de 2023 fueron expulsados de Estados Unidos, serán también enjuiciados en Panamá.
También están las confesiones de testaferros que llegaron a acuerdos de penas en Panamá.
El ‘error’
Este magistrado –José Antonio Dias Toffoli– que anula las pruebas contra los acusados es miembro del Tribunal Supremo Federal de Brasil, gracias al hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien también favoreció anulando todas las evidencias en su contra.
Dias Toffoli ingresó en 2009 al STF, luego de que Lula lo nominó al cargo en su segundo mandato presidencial (2006-2010).
Pero Lula y Dias Toffoli se conocían desde mucho antes.
Sus nombres han estado juntos en varias campañas presidenciales, así como en dos gigantescos escándalos. Uno de ellos, tras la segunda elección de Lula, y el otro, la operación Lava Jato, en el que el magistrado habría tenido la oportunidad de devolver algunos favores.
Como es sabido, Lula fue condenado a casi 10 años de prisión en 2017, en el caso Lava Jato, tras ser hallado culpable de “corrupción pasiva”, es decir, de recibir sobornos de la constructora brasileña OAS, así como del delito de lavado de dinero.
El expresidente cumplió 18 meses de prisión entre 2018 y 2019, pero su condena fue anulada por la Corte Suprema de Brasil en 2021, no porque fuera inocente, sino porque la Corte consideró que se cometieron violaciones a su proceso penal.
“La prisión de Lula puede considerarse uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, declaró Dias Toffoli en septiembre pasado, al tiempo que –a solicitud de los abogados de Lula– anuló todas las pruebas que se obtuvieron contra el presidente, las cuales también declaró inutilizables en cualquier jurisdicción en el futuro. Y justo por esa declaración es que ahora varios acusados intentan o han logrado zafarse de sus procesos judiciales en Brasil y en otros países, incluido Panamá.
Relación
Dias Toffoli contaba con solo 41 años de edad cuando llegó al Tribunal Supremo Federal, tras ser nominado por Lula en su segundo mandato presidencial. La legislación brasileña le permite permanecer en el cargo hasta la edad de 75 años, es decir, hasta 2042.
Aunque su vida es ahora la de un magistrado federal, no siempre se dedicó al derecho. Antes tuvo una vida política que siempre giró en torno al Partido de los Trabajadores (PT) y del propio Lula.
En 2018, cuando se iba a votar el encarcelamiento de Lula –votación que perdió el hoy presidente brasileño–, Dias Toffoli era el más cercano a él. Entre 1993 y 1994, fue consultor jurídico de la Central Única de Trabajadores, organización de la que Lula fue uno de sus fundadores e históricamente vinculada al partido de Lula, el PT.
En 1994, Dias Toffoli fue asesor del diputado Arlindo Chinaglia (PT) en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo. Hoy, el parlamentario ocupa un escaño en la Legislatura federal. Posteriormente, durante un quinquenio (1995-2000) el hoy magistrado federal fue asesor jurídico en la dirección del PT en la Cámara de Diputados.
Además, fue abogado en tres elecciones presidenciales –1998, 2002 y 2006– en las que Lula se presentó como candidato presidencial. De hecho, Dias Toffoli se desempeñó como asesor jurídico en la campaña de 2002, es decir, en la primera que ganó las elecciones el PT, bajo el liderazgo de Lula.
Durante el primer mandato de Lula, en 2003, Dias Toffoli fue jefe adjunto de la Secretaría Especial de Asuntos Jurídicos, una dependencia de la Casa Civil, en ese momento a cargo de José Dirceu. Además, era el encargado de decidir los asuntos que debían ser conocidos por el presidente de la República, es decir, por Lula.
‘Escândalo do Mensalão’
La Casa Civil fue dirigida por José Dirceu, del partido de Lula. Dirceu, por cierto, también fue condenado por el juez Sergio Moro en el mismo caso de Lava Jato, al igual que lo fue Lula. Pero este escándalo no era el primero en el que Dirceu fue protagonista. También tuvo un papel relevante en otro megaescándalo de corrupción política en Brasil en 2005, durante el primer mandato de Lula.
Ese año, Dirceu se vio obligado a renunciar del cargo de ministro de la Casa Civil (o jefe de gobierno), tras ser acusado por el diputado Roberto Jefferson de ser el “jefe” y “cerebro del mayor sistema de corrupción de la historia de la República” de Brasil.
Jefferson se refería al denominado “Escândalo do Mensalão”, también conocido como el “sistema de las mensualidades”. Consistía en el pago mensual de $10 mil a cada diputado para concretar una alianza secreta entre el Partido Laborista Brasileño –y otros colectivos políticos brasileños– y el Partido de los Trabajadores mientras Lula ejercía la presidencia de la República.
Dias Toffoli no estuvo tan al margen de aquel escándalo, ya que fue denunciado ante el Senado de su país por su presunta participación en el mega escándalo de las “mensualidades”. Abogados alegaron que tenía mucha proximidad con los acusados, razón por la cual debía declararse impedido de conocer la causa. Pero Dias Teffoli no solo no se separó del caso, sino que favoreció a Dirceu.
El magistrado votó por la absolución del exministro Dirceu del delito de corrupción activa (ofrecimiento de coimas). Lo hizo, pese a haber sido señalado por los testigos como el arquitecto del escándalo. Dias Toffolli dijo que no había pruebas contra su antiguo jefe:
“¿Qué hay en contra de José Dirceu? Cualquier cosa. Al no existir elementos que sustenten la condena de José Dirceu en relación al delito de corrupción activa, juzgo infundada la acción penal”, señaló el magistrado.
Y, al igual que hoy, Dias Toffoli desestimó la declaración del principal delator del caso Mensalão, Roberto Jefferson. Según dijo entonces Dias Toffoli, “la única prueba de que Dirceu conocía el sistema de asignaciones mensuales es el testimonio del denunciante del sistema, Robert Jefferson…”
No mucho después, Dias Toffoli –como si fuera un bono, tras eliminar las pruebas contra Lula– pretende hacer lo mismo contra los casos de todos los acusados extranjeros en el caso Lava Jato, acusados en sus respectivos países, desacreditando pruebas y testimonios de los que tienen la autoridad –puesto que fueron los perpetradores– para describir cómo se consumó el mayor escándalo de corrupción de los últimos años en América Latina.
