El abogado Mauricio Cort y García gestionó, recibió y transfirió los “fondos ilegales” recibidos a través de una sociedad anónima -Arados del Plata, S.A.-, con cuentas bancarias en otras jurisdicciones, en concepto de “pagos ilícitos” a funcionarios de “alto perfil” en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Así informó la Fiscalía Especial Anticorrupción a la Corte Suprema de Justicia, que revisó la situación de Cort, ante un habeas corpus que presentó su abogado Irving Bonilla. El pleno -con ponencia de Abel Zamorano- consideró legal la detención provisional ordenada por la fiscalía, que investiga a Cort como parte del expediente por el posible sobrecosto en la adjudicación del contrato para la preservación del Patrimonio Histórico de la ciudad de Panamá.
Al abogado se le atribuye la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario público y peculado por malversación, y está detenido desde agosto del año pasado.
El contrato fue suscrito el 19 de mayo de 2011 por el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez y el representante de la española FCC, Julio Casla.
Dentro de la investigación constan declaraciones juradas de Casla y de Eugenio Del Barrio (también de FCC) en las que describen que su jefe inmediato Avelino Acero se reunió en su momento con Pepe Suárez, “quien comunica que para efecto de que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al quinquenio 2009-2014, se debía pagar una coima del 10% y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos que se adjudicaría a empresas grandes, señalando además de a FCC a Odebrecht y la empresa Ica-Meco”.
“Fue una imposición que se nos transmitió y que, de no acceder a ello, no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y, a la postre, no podríamos volver a trabajar en Panamá”, declaró Casla.
Casla y Del Barrio agregaron que Heitor Acevedo, de Odebrecht, los reunió en las oficinas de la empresa brasileña en Torre de las Américas, en Punta Pacífica, ciudad de Panamá, “donde realizan la repartición de los proyectos, incluyendo entre estos al que nos ocupa, es decir, Patrimonio Histórico, que fue ejecutado por Odebrecht” (no obstante, el contrato de 2011 de Patrimonio Histórico lo firmó un representante de FCC). En la reunión -siempre según el testimonio de los representantes de FCC- también participaron Alfredo Guzmán y Denis Monge, ambos de Ica-Meco, a quienes se les adjudicaría el contrato de la vía Domingo Díaz.
“Se comunicó la cifra que debía ponerse en la oferta económica para que todos llevaran cifras similares y además del 10% de pago sobre los proyectos que se adjudicarían en el caso de los tramos de vía Brasil”, indicó la fiscalía al pleno de la Corte.
Tanto Casla como Del Barrio contaron que se impartieron instrucciones sobre el giro de los fondos: debían hacerlos a través de la sociedad Arados del Plata, S.A. y la persona designada como “interlocutor” entre el ministro y ellos fue Mauricio Cort. Suárez también comunicó a los contratistas su total confianza a Jorge Churro Ruíz -también detenido preventivamente-, otro “interlocutor” del ministro.
Con Cort se reunieron en varias ocasiones para “verificar” los montos que debían depositarse a Arados del Plata, “así como la firma de contratos ficticios que buscaban justificar estos pagos, además de que confirman [Casla y Del Barrio] que existió sobrecosto en los proyectos de reordenamiento en la ciudad de Panamá, ya que debía incorporarse el pago de coimas”.
El tramo II del corredor Vía Brasil fue asignado a FCC por $174.5 millones, pero la obra terminó costando $216 millones.
El proyecto de preservación del Casco Antiguo, fue adjudicado por casi $255.5 millones, pero, según la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, tuvo un presunto sobreprecio de $51.5 millones.
Adicional, está el testimonio de Carlos Ho -director de Proyectos Especiales del MOP, en aquel entonces- quien en su indagatoria señaló que observó a Cort varias veces en las oficinas del MOP, “y que la empresa Odebrecht realizó pagos a él por servicios ofrecidos”.
La defensa de Cort señala que por estos hechos, su cliente ya fue condenado a 48 meses de prisión como parte de un acuerdo dentro del proceso por las coimas de Odebrecht, por lo que se estaría incurriendo en doble juzgamiento. También se quejan porque las declaraciones a las que hace referencia la fiscalía están bajo reserva y, por tanto, no han podido tener copias de las mismas.
El fallo que declara legal la detención de Cort, con fecha del 10 de diciembre pasado, fue firmado por Zamorano (ponente), Olmedo Arrocha, Cecilio Cedalise, Hernán De León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Jerónimo Mejía y Ángela Russo. José Ayú Prado salvó el voto.
Ayú Prado señala que Cort ha mostrado una conducta que demuestra su intención de atender el proceso. Incluso resalta que el acuerdo de colaboración y de pena en el caso Odebrecht lo pacto estando fuera del país, y aún así, regresó. Si se evade o desatiende el proceso, se vería “desecho” dicho acuerdo de colaboración y de pena.
Además, Ayú Prado remarca en su salvamento de voto que ha transcurrido tiempo suficiente para creer que el Ministerio Público ya recopiló toda la información necesaria para la investigación.
Cort también figura en el llamado caso Blue Apple.
