La mesa técnica establecida por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para analizar el proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, sesionó este martes 11 de abril, en la que fue su cuarta jornada.
Adjuntos
2021_P_625.pdfEl debate se centró en cuál sería la jurisdicción de la norma. Abogados, especialistas y diputados, no se ponen de acuerdo sobre este asunto, pues algunos abogan porque sea una jurisdicción que forme parte del Ministerio Público (MP), mientras que otros sugieren que esté bajo el ala de la Contraloría General de la República.
Leandro Ávila, diputado presidente de la Comisión de Gobierno, dijo no estar de acuerdo con que la extinción de dominio quede en manos de la Contraloría y recalcó que por el contrario, debe ser un ente independiente, una especie de autoridad que se apoye en el Ministerio Público. “Inclusive que el mismo Ministerio Público lo pueda investigar y pueda ser también fiscalizado por la Corte Suprema de Justicia a fin de que se mantengan los equilibrios en los poderes del Estado y que haya una sana administración de esta nueva ejecución que sería, por ejemplo, la dirección de extinción dominio. Creo que lo fundamental es que se puede hacer el trabajo desde el final del músculo de actividades ilícitas. Todo es parte de lo que se tiene que ver”, manifestó.
El diputado también se refirió a la designación de los fiscales y jueces de extinción de dominio. Sobre este asunto manifestó que el MP y la Corte, podrían proponer ternas para esos nombramientos.
Entre las voces a favor de la propuesta, está la del secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, quien sostiene que en las discusiones se busca el consenso para construir un documento que se ajuste a la realidad nacional, y se tomen en cuenta el catálogo de delitos que ha sido propuesta por la mesa técnica. “Hemos trabajado el proyecto de ley que ha cambiado desde el día que se presentó el informe hasta el día de hoy. Se avanza en la cuarta reunión de la mesa técnica. Tenemos consenso en alrededor de 14 artículos y nos da la esperanza que el país pueda contar con la ley de extinción de dominio. Un marco jurídico que busca combatir las finanzas ilícitas del crimen organizado”, añadió.
El Ministerio Público, representado por Rómulo Bethancourt, fiscal superior de litigación; señaló que el papel que jugaría el MP en esta jurisdicción es la de investigar para presentar ante un juez las pruebas necesarias. Este, añadió, es quien tendría la autoridad en el tema. Además resaltó que el procurador Javier Caraballo aboga para que sea el poder judicial quien decida el destino final de la propiedad en cuestionamiento. “El debido proceso está garantizado por el juez natural, por el cual se debate ante el objeto y están las partes presentadas” señaló.
El abogado Alfredo Vallarino, quien está entre los abogados que se oponen a que la extinción de dominio quede en manos del MP, sostiene que dicha jurisdicción podría estar adscrita a la Contraloría General de la República, ya que le preocupa que el Ministerio Público concentre “tanto poder”.
Por su parte, el abogado Ariel Corbetti, manifestó no tener objeción con que el MP sea el encargado de llevar a cabo la investigación de extinción de dominio. No obstante, le inquieta el hecho de quién sería el encargado de administrar los bienes extinguidos, luego que el demandado pueda exponer sus motivos sobre el tema.
Delitos
Riggs afirmó además que se han hecho las modificaciones al proyecto de ley. Añadió que el catálogo de delitos que se proponen en la iniciativa apunta contra el crimen organizado, el narcotráfico y sus delitos conexos, entre ellos, la extorsión, la estada, el robo, el homicidio, el sicariato, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el blanqueo de capitales.
Al ser consultado por el delito contra la administración pública, que se encontraba dentro del proyecto de ley original, Riggs respondió que ese artículo se desestimó.
Los debates del proyecto de ley 625 se llevan a cabo en el salón azul de la Asamblea Nacional, discusiones en las que participan representantes del Ministerio de Seguridad, de la Procuraduría General de la Nación, sociedad civil y abogados.
En la agenda de la Asamblea, figura otra reunión de la mesa técnica mañana miércoles 12 de abril, aunque el diputado Ávila sostiene que la discusión se podría extender hasta el final de la semana.
