En las bóvedas de bancos suizos y andorranos permanecen cautelados, desde 2019, millones de dólares por casos de corrupción en Panamá e investigados en Europa. De acuerdo con la justicia europea, estos fondos provienen de actividades ilegales, específicamente, del pago de sobornos de empresas europeas a panameños, a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Las autoridades han determinado que los funcionarios panameños y ejecutivos europeos acordaron elevados sobreprecios en las obras contratadas. El monto extra era entonces blanqueado a través de testaferros y sociedades fantasma, para terminar en las cuentas de dichos exfuncionarios.
La Audiencia Nacional de España, que investiga a la constructora española FCC por el posible pago de comisiones millonarias durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), solicitó el 21 de octubre de 2019 el “embargo cautelar y decomiso sobre los saldos” en Suiza y Andorra de dinero de un grupo de sociedades a través de las cuales se direccionaron los sobornos.
A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción española, la Audiencia Nacional solicitó a Suiza y Andorra el embargo de las cuentas de dichas sociedades, por tratarse de “ganancias ilícitas” que tuvieron su origen en el blanqueo de capitales. También en Panamá, el Ministerio Público (MP) lleva años investigando la corrupción derivada de obras adjudicadas a FCC.
Pero la República de Panamá no se ha apersonado en los procesos de Europa, por lo que es ajena a dichas cautelaciones, así como a la suerte que correrán dichos fondos, en caso de condenas, y el consecuente decomiso de los fondos ilegalmente obtenidos.
Cuándo y dónde
Según las pesquisas en España, de la sociedad Arados del Plata, que tiene al abogado panameño-español Mauricio Cort como intermediario, se recibieron más de $87 millones. El desvío de estos fondos —según la fiscalía—, “permitió esbozar un esquema de corrupción internacional que sitúa a Mauricio Cort en el centro de un entramado societario, creado para la recepción, ocultamiento y gestión de fondos cuyos destinatarios finales serían agentes del Gobierno de Panamá”.
Actualmente, bajo las sociedades Arados del Plata y Neecel Corp., S.A., ambas con cuentas en los bancos suizos UBS y United Mizrahi Bank (hoy Hyposwiss Private Bank), el Ministerio Público de Suiza mantiene cautelados $25.9 millones.
Según la Fiscalía, los pagos provenientes de FCC y de otra empresa española —Televent, que vendió semáforos a Panamá bajo el mismo esquema— se diversificaron en 21 destinatarios que, a su vez, recibieron 55 millones de euros. “De dicho grupo de destinatarios, 13 se han relacionado con Ricardo Martinelli Berrocal y familiares, recibiendo del circuito de Mauricio Cort $47.1 millones”.
Montos de igual magnitud están también cautelados por las autoridades en bancos de Andorra.
En España, además, está cautelado un costoso inmueble. Se trata de un departamento de lujo en Madrid, valorado originalmente en 4 millones de euros. Sin embargo, fue sometido a una reforma integral, y su valor comercial hoy ronda los 10 millones de euros. Una segunda casa en España también se investiga, comprada en ese mismo período, por la pareja sentimental de un miembro de la familia Martinelli.
¿Y Panamá?
La República de Panamá sería la víctima de este millonario latrocinio, al haber salido del Tesoro Nacional los fondos para el pago de los sobreprecios. ¿No debería Panamá adherirse como parte afectada con el fin de recuperar estos fondos? La Prensa preguntó a la Cancillería panameña y al MP. Este último respondió que la Fiscalía Anticorrupción giró aproximadamente 10 solicitudes de asistencia legal mutua a España, Suiza, Reino Unido y Andorra, para aprehender millones de dólares de presunto origen ilícito.
La Cancillería indicó que Panamá puede solicitar la restitución de los bienes cautelados, pero dependerá de si existe o no un convenio bilateral o multilateral de asistencia legal mutua en materia penal, aunque afirma que “de no existir un instrumento jurídico de cooperación internacional, se tramita a través de este ministerio”.
La Cancillería también indicó que, por los bienes cautelados en Suiza, España y Andorra, relacionados, entre ellos, al caso Odebrecht, Panamá negocia con Andorra, y se está por iniciar el respectivo proceso con Suiza. Además, que se culminaron negociaciones con Francia.
Antecedentes
En el gobierno de Guillermo Endara, a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), se gestionó la recuperación de bienes en el extranjero, adquiridos ilegalmente por funcionarios de la dictadura (1968-1989).
La DRP, bajo la dirección del entonces magistrado Eusebio Marchosky, hizo esfuerzos por recuperar cuentas bancarias del fallecido dictador Manuel Antonio Noriega en Londres así como inmuebles en París.
En Francia, donde en 1992 la justicia de ese país embargó a Noriega tres departamentos valorados en millones de dólares, todos en París, y con valores millonarios en su interior, los esfuerzos de Panamá fueron infructuosos. Los tribunales franceses concluyeron que las propiedades se compraron con fondos de actividades ilícitas, y ordenaron su confiscación y Francia se los quedó. Panamá fue indemnizada “simbólicamente” con un franco.
Mejor suerte corrió Panamá en 2016, en el caso Finmeccanica. Panamá contrató los servicios de la firma Hogan Lovelles y logró entrar a los procesos que se seguían en Roma y Napoli, en calidad de víctima.
Así quedó posicionada para recuperar los fondos malversados y forzó al conglomerado italiano a sentarse a negociar. Finmeccanica devolvió las comisiones pactadas y accedió a la anulación del contrato de los radares, lográndose la recuperación de cerca de $110 millones.
Condena en Nueva York
En mayo pasado, tras declararse confesos de colaborar en un esquema de blanqueo, o sobornos recibidos de Odebrecht, los hijos del expresidente Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, fueron sentenciados a 36 meses de prisión y a devolver $19 millones.
Dichos fondos también están en bancos europeos, y los hermanos se comprometieron a colaborar para que estos fondos ingresen al tesoro de Estados Unidos.
Los fiscales de EU informaron que por el sistema financiero de ese país pasaron $28 millones. O sea que los Martinelli retuvieron $9 de esos millones. También se supo en las audiencias que las autoridades norteamericanas detectaron que, en relación con Odebrecht, otros $30 millones habrían ido a parar a bancos europeos.
El MP panameño anunció el día de la audiencia que había enviado a dos fiscales y que gestionaría con el Departamento de Justicia de EU que esos fondos retornen a Panamá. Quedará por verse si el tribunal accederá a tal solicitud de Panamá, actor con nula participación en el proceso. El MP aún no ha informado sobre estas gestiones.
Sobre estos fondos cautelados en EU, la Cancillería informó que el 10 de diciembre de 2021 se realizó una solicitud formal de restitución de los bienes incautados. “Esta solicitud formalizó en el momento oportuno el interés en la restitución a la República de Panamá, como víctima del delito, de los dineros o cualquier suma equivalente a los bienes o al producto del ilícito comisados o que en el futuro se puedan comisar” en el proceso seguido a los hermanos Martinelli Linares.
Panamá se queda corto
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, opina que el MP debe robustecer su capacidad para recuperar activos. “El MP, por ejemplo, en el caso Odebrecht, hizo un recuento de los fondos recuperados… pero cuando se ve la cifra que ellos mostraron contra lo que se estima que se robaron en sobornos y sobrecostos, no comienza ni a arañar el problema”.
A su turno, el presidente del Capítulo de World Compliance Panamá, el abogado Tabaré Albarracini, dijo que “es importante que las autoridades busquen los mecanismos, no solo para formar parte de las investigaciones internacionales que se hayan dado, […], sino también para devolver ese dinero al pueblo panameño, el cual quedó en cuentas de personas privadas y exfuncionarios que, por medio de actos de corrupción buscaron la forma de beneficiarse, afectando el erario público...”.
Además de imputar a varios exejecutivos de FCC y a la propia empresa, también se señaló a Cort como presunto intermediario en el pago de dichas comisiones.
La Asociación por los Derechos del Ciudadano (Asdeci) logró que se imputara al operador financiero de Odebrecht Rodrigo Tacla Durán, hoy residente en España, por su presunta participación en el esquema de blanqueo de capitales y cohecho.
¿Y Martinelli?
No fue sino hasta septiembre de 2020, cuando una fundación española que tiene entre sus objetivos la lucha contra la impunidad a nivel internacional en casos de corrupción y crimen organizado planteó a la Audiencia Nacional lo obvio: ¿Quedará Ricardo Martinelli impune?
Ese fue el planteamiento que hizo la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) que, en base a una acción popular, querelló penalmente al expresidente, toda vez que “existían confesiones de exdirectivos de FCC y movimientos bancarios que apuntan hacia el expresidente y sus hijos”.
Martinelli fue citado, en calidad de “investigado”, y rindió indagatoria, vía videoconferencia, el 17 de diciembre de 2021. El expresidente, como es ya su costumbre, dijo que todo es una persecución política y que es inocente. Cuando llegó el turno de la fiscal anticorrupción de interrogar, se acogió a su derecho de no responder. Tampoco se atrevió a responder el cuestionario preparado por Fibgar.
(Con la colaboración de Leonardo Grinspan).
