El ministro de Seguridad, Frank Abrego, dispuso entregar poder a los abogados Alexis Rivera Taylor y Carlos Antúnez Morales como representantes legales del Estado en la querella penal presentada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con el pago de coimas de la empresa Odebrecht.
En un documento enviado al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Águeda Rentería, el ministro Abrego informa que en este caso Rivera Taylor actuará como abogado principal, mientras que Antúnez Morales participará como sustituto.
En el escrito se establece que ambos abogados quedan facultados para recibir, desistir, transigir, reconvenir, allanarse, comprometerse, celebrar acuerdos que impliquen disposición de acciones e interponer todos los recursos legales que consideren convenientes y necesarios para procurar la mejor representación de sus intereses.
En septiembre de 2023, el entonces ministro de Seguridad, Juan Pino, otorgó poder al abogado Carlos Muñoz Pope para representar al Estado panameño en este proceso. En esa ocasión, se argumentó que el objetivo era constituirse en querellante, atendiendo a la magnitud del perjuicio ocasionado al erario público como consecuencia de los actos ilícitos identificados en este proceso, y establecer un precedente histórico para resarcir el daño moral, material y reputacional del Estado panameño como principal afectado.
La querella presentada en perjuicio del Estado incluye, entre otros, a Dana Harrick, Juan Antonio Niño Pulgar, Demetrio Papadimitriu Bagatelas, José Domingo Arias, Federico José Suárez, Frank George De Lima, Jaime Leonel Lasso del Castillo, Michelle Lasso Barraza, Navin Mohan Bhakta, Riccardo Francolini Arosemena, Rodrigo Alonso Díaz, Aaron Mizrachi Malca, Francisco Pérez, Carlos Duboy, Roberto Brin, Aurora Muradas y quienes resulten culpables.
El 8 de septiembre de 2023, el ministro Pino interpuso tres demandas civiles por un total de $789 millones ante el liquidado Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, en ese momento a cargo de la jueza Baloisa Marquínez. Las demandas fueron presentadas contra los expresidentes Ricardo Martinelli, por $159 millones, y Juan Carlos Varela, por $30 millones. Además, se demandó a Credicorp Bank por $600 millones; esta última demanda fue retirada tres días más tarde.
El juicio del caso Odebrecht está programado del 12 de noviembre al 19 de diciembre de 2024.