Después de reunirse por segunda vez en dos días con la ministra de Desarrollo Social y la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Senniaf) el procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, confirmó este jueves que hay al menos ocho procesos que tienen que ver con situaciones ocurridas en distintos albergues.
“En algunos ya se han dado imputaciones, acusaciones. Tenemos procesos que nada más están a la espera de la audiencia de juicio, pero lamentablemente eso no lo manejamos nosotros; tenemos uno que la audiencia se ha fijado para 2023″, afirmó Ulloa.
El procurador Eduardo Ulloa, dijo que el Ministerio Público maneja más de 8 procesos que tienen que ver con casos de albergues y hay uno en espera de la audiencia de juicio. #LaPrensaSecuestrada informa: https://t.co/GYFlhXgpyW Foto: Pastor Morales. pic.twitter.com/DN1WSeu84E
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El procurador Ulloa confirmó que las titulares del Mides y la Senniaf se presentaron a entregar unos poderes para convertirse en querellantes en los casos que sean procedentes.
“Les hemos expresado a ambas instituciones del Estado que es nuestro total compromiso de realizar estas investigaciones con la mayor objetividad y celeridad, y que se llamarán a aquellas personas que sean responsables de estos hechos”.
Uloa fue enfático en señalar que independientemente que el Mides y la Senniaf entren como querellantes, no implica que personal de estas entidades no se vean imputados en estos casos.
En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se reunió la mañana de este jueves con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, para conocer si tienen todos los recursos que se requieran para estos procesos que tienen que ver con la niñez y la adolescencia.
“El objetivo del diálogo fue conocer las necesidades financieras y económicas que tiene el Órgano Judicial para acabar con la mora en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, y que los menores no se mantengan en los albergues más del tiempo necesario”, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.
Esta mañana la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, se presentó al Ministerio Público para anunciar que la entidad se adhiere como querellante en este caso por el abuso contra menores de edad en al menos 14 albergues del país.
A su llegada la Procuraduría, acompañada del abogado Luis Carlos Cabeza, la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) afirmó que la entidad se constituye en querellante en este proceso y que se busca el castigo de todos los responsables en este caso.
Al ser cuestionada por el hecho de convertirse en querellante, siendo la presidenta de la Senniaf -ente que tiene bajo su responsabilidad los albergues-, Castillo guardó silencio.
De inmediato, Cabezas reaccionó y reiteró que la ministra llegó a presentar la querella para que se investigue hasta las últimas consecuencias y que Castillo no tiene porqué renunciar.
La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, afirmó que están indignados con la situación y quieren que se castiguen a los responsables y evadió contestar sobre si renunciará o no al cargo. #LaPrensaSecuestrada informa: https://t.co/S86XtH0K4F Video: Richard Bonilla. pic.twitter.com/hoi4iF1445
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Ya el Ministerio Público había recibido el pasado lunes 15 de febrero el informe completo de las investigaciones que llevó a cabo la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, en el que se deja constancia de abusos a menores de edad en albergues de protección, subsidiados por Senniaf.
En su totalidad, son cerca de 700 páginas, confirmó la fiscal Meléndez.
La investigación sobre este informe presentado por la comisión legislativa la lleva la fiscal Superior de Familia, a cargo de Katya Meléndez, quien ayer estuvo en una reunión en la que participaron el procurador, Eduardo Ulloa; la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo y la directora de la Senniaf, Mayra Silvera.
La fiscal Meléndez adelantó que entre las acciones a seguir están las inspecciones a los lugares de los hechos, tomar las medidas de protección y las entrevistas a los menores que correspondan. “Y habrán otras investigaciones, dependiendo de cómo se vayan desarrollando”.
Este jueves en un comunicado, el Mides precisa que luego de convertirse en querellantes en esta caso, se emprenderán otras acciones como la presentación en la Asamblea Nacional, en menos de 15 días, una ley para aumentar las sanciones por delitos sexuales contra menores de edad.
Además, el inicio de una auditoría de los subsidios que otorga el Estado para ONGs y Fundaciones que administran albergues.
Pedro Meilán, del equipo legal de la Senniaf, afirmó que están esperando el resultado de investigaciones y se está desglosando la cantidad de niños están a cargo de la institución, ya que algunos están a cargo de juzgados.
“En denuncias tenemos siete; una de Veraguas, una de Colón, dos de Panamá Oeste y las otras de Panamá, y eso es lo que estamos desglosando. Algunas [denuncias] de gobiernos anteriores”, afirmó Meilán .
Agregó que se está determinado si pueden entrar como querellantes y si en caso que no puedan estarán vigilantes que se dé una investigación prístina y que se encuentren a los responsables.
