El ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, y el de Gobierno, Carlos Romero, dieron a conocer un informe al país sobre la masacre en La Joyita del pasado 17 de diciembre, en donde murieron 13 personas y resultaron heridos otros 14.
Mirones empezó hablando del panorama que rodea al centro penal: pocos custodios, falta de luminarias, inexistencia de videovigilancia, falta de escáner para la revisión de personal que entra al penal, por lo que se tiene que hacer de forma manual, entre otras causas.
Narró que no se detectaron las armas porque estaban escondidas en dos cavidades “muy sofisticadas que habían sido desarrolladas por los internos, una de ellas de dos metros y medio, donde cabía una persona. Tenía escaleras, tapa de cemento".
Según Mirones, “era un cuarto debajo de la celda”.Mientras que otra era la llamada “Tumba”, a la que se accedía a través de una tapa elaborada con dos varillas de acero. Tenía seis pies de alto. ".
Mirones contó que en los últimos seis meses se realizaron 175 requisas en las cárceles del país. Cinco de ellas se hicieron a raíz de reportes de Inteligencia, dos de ellas en el pabellon 14 de La Joyita donde ocurrió la masacre.
Fue allí que cuando explicó que no se encontraron armas porque estaban debajo de las celdas.
“Pruebas de la degeneración del sistema: del año 2014 al 2018, hubo 146 fugas de las cárceles panameñas. Del 2014 al 2018 hubo 133 fallecidos por actos violentos dentro de las cárceles. Cuando nosotros recibimos en el 2019, en los seis primeros meses, 23 fallecidos. Fugas, 2019 en el momento en que recibimos la administración: 30. Si vamos a hablar de fallecidos en el periodo 2014-2019 de la administración anterior, tenemos que sumar 133 más 23, estamos hablando de 156 personas que fallecieron en los centros penitenciarios del 2014 al 2019 en la administración anterior. Entonces si tenemos un sistema degenerado”, argumentó el ministro.
Mientras que Carlos Romero, ministro de Gobierno, institución a cargo del Sistema Penitenciario del país, aseguró que encontraron un sistema “degenerado, permisivo, con muy pocos controles”, y con deficiencias de programas de resocialización.
Informó que no encontraron elementos de prueba para aplicar procesos disciplinarios a Walter Hernández, director del Sistema Penitenciario; y al subdirector Luis Gordón, a quienes se les separó del cargo después del evento. “Se procede a la destitución de la Alexandra Vence, directora de la cárcel La Joyita”, aseguró.
Se le iniciará proceso administrativo al custodio Javier Carter, jefe de seguridad interna del penal, "por su posible omisión en tomar medidas preventivas de seguridad horas antes de los hechos".
La misma suerte, según Romero, correrán Ismael Arguelles, quien era el jefe de seguridad externa del centro penal; y José Vidal Franco Calderón, (jefe penitenciario) por la posible omisión en tomar medidas preventivas de seguridad horas antes de los hechos.
En cuanto a los comisionados José Melamed, Alberto Correa, y el cabo primero Roberto Pinto, a los cuales que se separó del cargo, no encontraron elementos de prueba para formular cargos disciplinarios por el hecho investigado.
Entre las recomendaciones que dio el funcionario figuran: el presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que contempla la creación del Servicio de Seguridad Penitenciaria, la “estricta selección de personal”, y hacer mejoras estructurales a los centros penales.
Tanto Mirones como Romero, reiteraron una y otra vez que se trataba de un informe administrativo, y no penal, y que ya le entregaron información importante al Ministerio Público.
Por eso el informe careció de datos que le explicaran a la ciudadanía sobre lo que realmente ocasionó ese 17 de diciembre, y sobre todo ¿qué falló?
