Este martes 23 de mayo se inicia el juicio de uno de los procesos judiciales donde se investiga la supuesta comisión de blanqueo de capitales: el caso New Business, pesquisa que le sigue el rastro a la compra de Editora Panamá América S.A. (Epasa) con supuestos fondos públicos.
A continuación 10 datos que han salido a la luz pública durante los seis años que tiene la pesquisa dando vueltas en los tribunales.
1. El caso empezó en 2017 durante el gobierno de Juan Carlos Varela, momento en que Kenia Porcell, estaba al frente de la Procuraduría General de la Nación. La Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada ha liderado el proceso.
2. Se llama New Business porque así fue bautizada una de las sociedades que participaron en la transacción. New Business era una sociedad “canasta” creada para recolectar fondos y concretar la compra del grupo de medios comunicación. En julio de 2022, durante una audiencia del caso, el fiscal Uris Vargas, planteó que la compra de Epasa se gestó a través de una intrincada red de sociedades anónimas que recibieron dinero provenientes de empresas; que, a su vez, recibieron contratos para obras de infraestructura en el gobierno 2009-2014. Parte de esos fondos fueron a parar a New Business.
3. Entre las empresas contratistas con el Estado que, según el Ministerio Público, aportaron fondos a la sociedad canasta New Business figuran: Transcaribe Trading (TCT), Excavaciones del Istmo, Financial Pacific, Constructora Corcione, Condote Panamá y Asociados, entre otros.
4. Uno de los testigos dijo a la fiscalía que “un alto funcionario de la Presidencia de la República”, era el que coordinaba los cobros de las coimas y adelantos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dinero que luego se desviaba hacia la sociedad New Business. Ese alto funcionario presionaba a los empresarios para colaborar con la entrega de fondos para la adquisición de Epasa.
5. Gabriel Gaby Btesh, comerciante que era considerado miembro del círculo cero de Martinelli, confesó al Ministerio Público que recibió fondos de David Ochy, uno de los propietarios de la empresa TCT, para gestionar la compra del grupo de medios de comunicación. Incluso, dijo que esas instrucciones se las dieron por escrito. Los aportes que habría hecho TCT procedían de dinero que le fue entregado a través del contrato para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera. Ochy es uno de los llamados a juicio en el caso. Por estos días, Ochy es aspirante presidencial de Realizando Metas, partido que fundó Martinelli, razón por la cual el Órgano Judicial solicitó levantarle el fuero penal electoral.
6. La participación de Martinelli quedó acreditada, según la fiscalía, dado que se probó que el expresidente: contactó a contratistas del Estado panameño, aportó $11.4 millones a través de la sociedad Ricamar Financial Company Inc., dispuso el primer pago de $5 millones para la compra de Epasa e integró la suma de $10 millones que obtuvo mediante préstamo de Global Bank a la sociedad Inmobiliaria TPA, S.A.
7. En la audiencia celebrada a Martinelli en noviembre de 2022, el fiscal citó una declaración del abogado Ricardo Chanis, que por un tiempo presidió Epasa, en la que certifica que el 60% de las acciones de la empresa están bajo el control de Martinelli. El 40% restante lo tenía Henry Mizrachi Cohen, quien -según el Ministerio Público- traspasó algunas acciones al Estado panameño, cuando supo de la investigación por presunto blanqueo.
8. En marzo de 2021, el Ministerio Público informó que se pudo establecer que a través de un complejo esquema, se transfirieron $43.9 millones para la compra del grupo Epasa y se logró recuperar $9.2 millones “en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional”.
9. En la audiencia de noviembre de 2022, el fiscal también citó las declaraciones de los españoles Julio Casla García y Eugenio Del Barrio Gómez, directivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ofrecidas el 24 de junio de 2019 en la Embajada de Panamá en Madrid. Dijeron que Martinelli los contactó a través del abogado Mauricio Cort y se les informó que todas las facturas pendientes de pago de la empresa en Panamá tendrían un recargo del 10%. En ese momento FCC tenía a su cargo el proyecto de la Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud).
10. Por este caso, la jueza liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, llamó a juicio a 21 personas por presunto blanqueo de capitales y pidió el sobreseimiento para otras nueve personas.
