La resolución del caso New Business, una de las investigaciones ligadas a corrupción más emblemáticas de los últimos años, cada vez está más distante. El proceso está a merced de las tretas legales de varios de los implicados y eso quedó en evidencia, una vez más, ayer jueves 19 de julio cuando el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales ordenó, por tercera vez, suspender la audiencia preliminar, porque cinco de los abogados se ausentaron.
La jueza Baloisa Marquínez anunció una nueva fecha: del 4 al 6 de julio de 2022. Justo cuando la diligencia judicial comenzaba, el Tribunal Electoral colgaba el edicto 27-2022, que ordena revocarle el fuero electoral penal “relacionado con el proceso de elecciones” del partido Realizando Metas (RM), decisión que dejaría al presidente de ese partido, Ricardo Martinelli, sin esa coraza que legal que por el momento le ha servido para evitar este caso.
El que se suspendiera por tercera ocasión la audiencia de este proceso generó indignación. “Burla descarada a la justicia”, así calificó el tema el abogado Carlos Barsallo, expresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
New Business, otra audiencia suspendida
Por tercera ocasión el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales se vio obligado a suspender la audiencia preliminar seguida a 46 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por la compra de la Editora Panamá América (Epasa) supuestamente con fondos públicos, a través de la sociedad New Business.
A las 9:35 de ayer jueves 19 de mayo, la jueza Baloisa Marquínez reanudó la diligencia judicial que había sido suspendida el pasado 28 de enero, luego de que el expresidente Ricardo Martinelli alegó tener fuero electoral penal a raíz de las elecciones internas en el partido Realizando Metas (RM), donde funge como presidente.
Sin embargo, poco tiempo después de que la jueza diera inicio al acto, tuvo que suspenderlo porque cinco de los abogados defensores no comparecieron.
Alfredo Vallarino y Gladys Quintero presentaron sendas excusas médicas, que fueron debidamente notificadas, aunque en el caso de Vallarino deberá aportar el original del certificado médico, ya que solo adjuntó una copia.
En tanto, los abogados Basilio González, Rodolfo Palma y Joaquín Rogers no justificaron su ausencia, por lo que se les impuso una multa de $100 a la luz de lo que establecen los artículos 2268 y 2270-A del Código Judicial. Esa última disposición establece que “el defensor que deje de comparecer a la audiencia, sin causa plenamente justificada, será sancionado con multa de veinticinco a cien balboas, que será impuesta por el presidente de la audiencia”.
Marquínez también multó al abogado José María Castillo. Sin embargo, el abogado Gilberto Pérez, de la firma José María Castillo & Asociados, dijo desconocer los motivos de la sanción, ya que en este caso el poder les había sido revocado y que esa situación se le había notificado al juzgado. El 23 de mayo de 2022, la juez dejó sin efecto la multa, al reconocer que Castillo ya no es abogado defensor, dentro de este proceso.
La jueza Marquínez fijó como nuevas fechas de audiencia preliminar los días del 4, 5 y 6 de julio próximos. Por su parte, el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, quien lleva el proceso, dijo sentirse “incómodo” por la ausencia de los abogados defensores.
Aseguró que el Ministerio Público (MP) estaba preparado para presentar sus argumentos, en cuanto a la vinculación que se hace contra un grupo de 21 personas por el delito de blanqueo de capitales. En este caso, la fiscalía investigó a 46 personas.
De esas pidió juicio para 25, pero ahora el proceso se concentra en 21 personas debido a que se realizará una audiencia separada para los hermanos Daniel y David Ochy a raíz de que para la audiencia que estaba programada para enero pasado se les notificó mal; mientras que Ricardo Martinelli fue separado del proceso provisionalmente, luego del fallo dictado por el Tribunal Electoral el pasado 22 de marzo, que le mantuvo el fuero electoral penal. Mientras que Felipe Pipo Virzi, otro de los imputados, falleció en marzo de este año.
La jueza está pendiente de que que la Corte Suprema de Justicia resuelva dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra dicho fallo. Además, debe esperar que se resuelva una recusación presentada por Martinelli contra Marquínez, recurso que está en manos de la jueza primera liquidadora, Agueda Rentería, quien ha expresado que lo resolverá una vez sea definido el asunto del fuero electoral de Martinelli.
La primera audiencia de este caso estaba programada para el 12 de noviembre de 2021, pero fue suspendida luego de que surgieron errores en la notificación de uno de los imputados. Se reprogramó para los días 27, 28, 29 y 31 de enero de enero de 2022, pero al iniciarse la diligencia surgió el tema del fuero electoral penal de Martinelli.
Martinelli fue llamado a indagatoria por este caso el 2 de julio de 2020. Sin embargo, cuando acudió a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada –que lleva el caso– se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo y alegó que lo amparaba el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos.
Esta nota fue modificada a las 11:15 a.m. del martes 24 de mayo de 2022. En el texto original se informó que la juez había multado al abogado José María Castillo. Esa multa fue dejada sin efecto el 23 de mayo de 2022, dado que Castillo ya no defiende a alguno de los imputados de este caso...
