Uno de los principales argumentos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) para solicitar la anulación de su condena a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, apunta a que la juez penal Baloisa Marquínez “no valoró adecuadamente” el testimonio de Eliseo Ábrego, perito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
De acuerdo con el recurso de casación presentado el pasado martes 5 de diciembre por Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, el perito nunca efectuó una revisión contable ni accionaria de las empresas que participaron en la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa).
La juez Marquínez condenó a Martinelli y otras cuatro personas por blanquear fondos públicos a través de la cuenta canasta de la sociedad New Business Services, dineros que fueron utilizados para adquirir las acciones de Epasa, en diciembre de 2010.
El abogado Carrillo sostiene que Ábrego, en cuyo análisis y declaración se fundamenta gran parte de la condena contra Martinelli, no recabó suficiente información contable. También dice que el informe que elaboró sólo contiene datos que le suministró la propia fiscalía. “Nunca pudo probar que los dineros usados para adquirir Epasa fueron de procedencia ilícita”, se lee en el documento de 50 páginas.
Según Carrillo, Ábrego no tuvo acceso a los libros contables de las empresas TPAHC Inc, Corporación de Inversiones Multimedios, Ibiza Overseas y Meadows Investment, ligadas a la compra de Epasa. Algunas incluso figuraron como propietarias de las acciones, aunque en la investigación se probó que uno de los beneficiarios era Martinelli.
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Durante el juicio, Ábrego explicó que la compra de Epasa se fraguó con dinero del Estado, ya que la plata depositada en la cuenta canasta de New Business fue aportada por varios contratistas del Estado. Algunos contratistas confesaron a la fiscalía que habían recibido esos fondos supuestamente como parte de los pagos por las obras contratadas. Ese fue el caso, por ejemplo, de la rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera y de un nuevo edificio para la Asamblea Nacional.
Parte de ese dinero se usó, además, para pagar un préstamo con la Caja de Ahorros, relacionado con la compra de Epasa.
En el escrito de casación, el abogado Carrillo sostiene que la juez Marquínez no aplicó la sana crítica al valorar la declaración del testigo protegido FECDO-01-2020, pues al ser uno de los imputados en este proceso no podía ser presentado como testigo. Ese testigo tiene un acuerdo de colaboración y de pena con la fiscalía.
“Al no comparecer al juicio celebrado el pasado 23 de mayo, impidió que la defensa del exmandatario pudiese repreguntarle sobre su declaración rendida a la fiscalía”, dice el recurso de casación.
Por eso alegan que se “violó el derecho a la defensa de su cliente”. Este argumento ya fue desestimado por la juez Marquínez y también por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que en octubre confirmó el fallo de Marquínez y, por tanto, las condenas a cinco imputados, incluyendo a Martinelli.
Contra el testigo protegido
En el juicio del caso New Business, el fiscal contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez explicó que Martinelli, que entonces era presidente de la República, exigió a contratistas del Estado que le entregaran hasta un 10% del monto pactado en las obras públicas adjudicadas. Para lograr su cometido, se recurrió a sociedades, testaferros, anticipos y adendas “ficticias”, ya que su único propósito era incrementar el precio de los contratos. Algunas de estas gestiones incluso fueron acordadas, según el fiscal, en el despacho presidencial.
Márquez citó una declaración del testigo protegido FEDO-01-2020 (cuyo contenido íntegro reposa en el expediente), quien relató: “me reuní en varias ocasiones con Ricardo Martinelli Berrocal y era tanta la emoción que mostraba al hablar de la posibilidad de que esta transacción se llevara a cabo, que decía que si lograban cerrar la compra del periódico sería un ‘home run’, un ‘grand slam’. Se paraba y hacía gestos como si fuera pelotero, con un bate pegándole a una bola, explicando la importancia que significaba para él y su gobierno, el tener un periódico”.
Pero en el recurso de casación, Carrillo objeta los aportes que este testigo hizo a la fiscalía e insiste en que no compareció al juicio y, por tanto, no pudo ser interrogado por los abogados defensores.
La casación también apunta a la declaración aportada por el comerciante Mike Btesh, quien alegó que fue Martinelli quien buscó a diferentes personas para que invirtieran en Epasa, pero añade que en el juicio, Btesh explicó que él aportó a la cuenta de New Business fue producto de un préstamo que le solicitó a su padre Jack Btesh, por tanto, no tenía un origen lícito.
Además, el documento sostiene que el tribunal no valoró adecuadamente la declaración de Henry Mizrachi, quien sostuvo que fue él quien negoció con Francisco Arias Vallarino, en ese momento presidente de Epasa, lo concerniente a la compra y venta de esa empresa. Ese testigo, añadió, no hizo ningún señalamiento directo contra Martinelli.
Arias declaró, bajo juramento, que quien se le acercó con una propuesta y dio la cara en toda la negociación, en representación de los compradores, fue Mizrachi.
Por este caso, Martinelli fue condenado a la pena de 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. Marquínez también condenó a Daniel Ochy (a 96 meses de prisión), Janeth Vásquez (60 meses), Iván Arrocha (70 meses) y Valentín Martínez Vásquez (80 meses).
La juez también ordenó el comiso del 60% de las acciones de Epasa. El 40% restante ya está en poder del Estado.
Martinelli es el candidato presidencial de su partido Realizando Metas.
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