El fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, solicitó a la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, aplicar la pena máxima que corresponde al delito de blanqueo de capitales, a 13 de los 15 investigados en el caso New Business, pesquisa que le sigue la pista a la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el año 2010.
En el octavo día de juicio y al cierre de sus alegatos, el fiscal aseguró que durante la investigación se logró comprobar que la compra de Epasa se realizó con anticipos entregados a empresas que mantenían contratos con el Gobierno, durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien -según la investigación- es el beneficiario del 60% de las acciones de Epasa. Añadió que esos fondos fueron desviados a través de diversas sociedades, para finalmente acabar depositados en una cuenta canasta a nombre de la sociedad New Business Services Limited. En 15 días, esa cuenta registró depósitos por $43.9 millones.
El fiscal recalcó que los imputados se valieron de una red de sociedades y testaferros, simularon negocios y pactaron “adendas ficticias” para alcanzar su propósito de desviar fondos del Estado.
Martinelli
El fiscal Márquez pidió la máxima pena de prisión para el expresidente Martinelli, ya que, según la investigación, gestionó, a través de otras personas, mecanismos para el traslado de fondos provenientes de adelantos de contratos con el Estado. Ese dinero, añadió, fue autorizado por el Consejo de Gabinete, el cual él presidía en aquel momento.
Martinelli, según el fiscal, contó con la colaboración de personas que prestaron sus nombres para realizar una serie de transacciones para comprar las acciones de Epasa.
Relató que Daniel Ochy, a través de la empresa Transcaribe Trading (TCT), transfirió a New Business $5 millones, dinero producto de un adelanto de $22 millones que se le otorgó por el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Esos fondos llegaron a New Business a través de diversas transacciones.
18 años de prisión
Martinelli podría enfrentar una pena de hasta 18 años de prisión, dado que el fiscal pidió la condena máxima para él y otros 12 imputados. En cambio, solicitó al fiscal que se dicte un fallo absolutorio a favor de Jack Btesh Hazan y su hijo Salomón Btesh Btesh.
El artículo 254 del Código Penal establece sanciones con pena de cinco a 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales. Pero, el fiscal Márquez, al salir del juicio explicó que hicieron alusión al artículo 85 del Código Penal (sobre el delito continuado), que aumenta la pena desde un tercio de la misma hasta la mitad, lo que quiere decir que en este caso “hay personas que podrían enfrentar hasta 18 años de prisión”.
Los otros implicados
El fiscal también pidió sentencia condenatoria para Gonzalo Gómez Wong, quien a través de la empresa Excavaciones del Istmo transfirió $2 millones a la cuenta de New Business. Para ello se valió de un contrato de factoraje.
El fiscal realizó la misma petición para Leo David Cohen Mugrabi, quien a través de la sociedad Fursys Latin Corp envió $2.1 millones a la mencionada sociedad canasta. Estos fondos eran parte de dos anticipos: uno que entregó el Ministerio de Obras públicas (MOP) a TCT, y otro que recibió la empresa Liric Electronics por equipar el Instituto Nacional para la Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh).
Además se pidió condena para Marco Ángel Acrich, quien a través de la sociedad MDM Latin Corp. depositó $300 mil a New Business, recursos que también formaban parte del anticipo entregado a TCT.
En cuanto a Iván Clare, fundador de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), el fiscal aseguró que, a través de esa casa de valores, se transfirieron $2 millones, producto de transacciones con las que se habrían violado las normas del mercado de valores.
Así mismo, se solicitó una sentencia condenatoria para Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli. El 21 de diciembre del 2010, a través de la sociedad High Spirit, Mizrachi envió $2 millones a la cuenta canasta. Él mismo declaró que lo hizo atendiendo una petición de Martinelli y que él no tenía interés en comprar Epasa.
El fiscal también pidió la pena de prisión para Iván Arturo Arrocha, Janeth Vásquez Sanjur y Vernon Salazar, directivos de la sociedad Condotte Panamá, sociedad que se había adjudicado el contrato para la construcción de una ciudad deportiva en Colón. El fiscal detalló que Arrocha, Vásquez y Salazar transfirieron $600 mil que llegaron a Henry Mizrachi a través de Global Office Corp. Ese dinero era parte del adelanto entregado para la construcción de la obra en Colón.
Con relación a Valentín Martínez Vásquez, este abogado remitió la suma de $80 mil de una cuenta de Dudley & Asociados (en la que él era firmante) que fueron depositados en New Business. Igualmente, según el fiscal, Martínez remitió de Clients Custody Account Inc. la suma de $1.3 millones que se usaron para amortizar préstamos adquiridos por Henry Mizrachi con la Caja de Ahorros, que fueron usados para la compra de Epasa.
En el expediente consta que Henry Mizrachi era el beneficiario del 40% de las acciones restantes de Epasa. Mizrachi ya traspasó sus acciones al Estado.
En cuanto a los hermanos Nicolás y José Corcione Pérez Balladares, el fiscal dijo que deben ser sancionados ya que se comprobó que transfirieron $1 millón a la cuenta canasta, a través de Grupo Clio. Ese dinero era parte del adelanto que recibió Constructora Corcione por el contrato para levantar un edificio de oficinas en la Asamblea Nacional.
El turno de la defensa
El abogado Luis Eduardo Camacho González, defensor de Martinelli, refutó la petición del fiscal Emeldo Márquez, al asegurar que su cliente participó en la compra de Epasa con fondos propios, a solicitud de un grupo de empresarios “de la comunidad hebrea”.
Dijo que ese grupo estaba encabezado por Moisés Levy y Henry Mizrachi y que Martinelli aceptó participar con un aporte de $5 millones, de sus cuentas personales.
Camacho dijo que hubo graves irregularidades en el manejo de las acciones de Epasa, ya que hay algunos certificados de acciones que son falsos y que ese hecho era desconocido por su cliente. A la vez, restó importancia a la declaración del perito Eliseo Álvarez, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ya que -según él- nunca pudo establecer el método que utilizó para sustentar los señalamientos contra los imputados. Alegó que Ábrego no tiene la idoneidad y la experticia necesaria para realizar una auditoría forense.
En cuanto a los dos testigos protegidos, aseguró que se violó el derecho a la defensa, ya que no se presentaron en el juicio. La declaración íntegra de los testigos protegidos reposa en el expediente.
Afirmó que no se puede ocultar la identidad de los testigos, ya que es violatorio al derecho a la defensa. Según el fiscal, los dos han expresado su temor a comparecer y la juez manifestó que, ante eso, ella tiene la obligación de proteger la integridad de ambos.
Camacho González descalificó la declaración de los testigos protegidos y de los investigados que alcanzaron acuerdos de colaboración y de pena, ya que -según él- intentan involucrar a su cliente para quedar bien con la fiscalía.
Mientras que Gladys Quintero, defensora de Gonzalo Gómez Wong, dijo en su alegato que a su cliente se le vincula con el ilícito a través de un cargo de peculado relacionado a un contrato otorgado a la sociedad Excavaciones del Istmo, pero que esa investigación fue archivada provisionalmente en el año 2022, ya que un informe de auditoría de la Contraloría reveló que no había una lesión patrimonial.
Rosendo Miranda, abogado de Valentín Martínez Vásquez, expresó que a su cliente se le vinculó a través de una investigación por peculado por la construcción de la ciudad hospitalaria (Ciudad de la Salud), pero que en esta investigación se dictó un sobreseimiento definitivo, que fue confirmado por el Tribunal Superior de Liquidación.
Miranda dijo que ese fallo excluye a su representado del caso de blanqueo de capitales, ya que el delito precedente desapareció.
También presentó sus alegatos José Félix Martín, abogado de Daniel Ochy. Sustentó que a su defendido se le hacen cargos por supuestamente haber entregado fondos de adelantos por la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera a TCT, pero que eso no constituye delito. Indicó que el Tribunal de Cuentas determinó que no existió lesión patrimonial y que esa decisión exime a su cliente de cualquier responsabilidad.
Otro de los abogados que presentó sus alegatos ayer fue Joy Torres, defensor de Leo David Cohen, Marco Ángel Acrich y Salomón y Jack Btesh, quien explicó que sus clientes no tienen responsabilidad alguna en el hecho investigado. Torres señaló que a sus representados se les vincula en este caso por una transferencia de Liric Electronic Ltd., procedente de un adelanto de un contrato suscrito con el Inadeh, por el que se abrió una investigación por presunto peculado, pero -según su alegato- esa investigación concluyó que no hubo una lesión patrimonial.
Luego correspondió el turno a Adriano Correa, defensor de Janeth Vásquez, a quien se le atribuye haber firmado un cheque por la firma $600 mil de la empresa Condotte Panamá que luego fue depositado en New Business. Correa alegó que Vásquez no tiene ningún tipo de responsabilidad, ya que se desempeñaba como directora de cobros de la empresa.
