El séptimo día del juicio a 15 personas por el caso New Business se inició con la individualización de los cargos al expresidente Ricardo Martinelli, como gestor de la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) -según el Ministerio Público- con fondos públicos, en el año 2010.
El fiscal contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez, en su alegato, explicó que Martinelli, que entonces era presidente de la República, exigió a contratistas del Estado que le entregaran hasta un 10% del monto pactado en las obras públicas que tenían a su cargo. Para lograr su cometido, se recurrió a sociedades, testaferros, anticipos y adendas “ficticias”, ya que su único propósito era incrementar el precio de los contratos. Algunas de estas gestiones incluso fueron acordadas, según el fiscal, en el despacho presidencial.
Destacó que el interés de Martinelli en comprar Epasa, no era comercial, sino “político” y que armó todo este esquema a fin de no figurar, dado que entonces, para los bancos, era considerada una “persona políticamente expuesta”.
Márquez citó una declaración del testigo protegido FEDO-01-2020 (cuyo contenido íntegro reposa en el expediente), quien relató: “me reuní en varias ocasiones con Ricardo Martinelli Berrocal y era tanta la emoción que mostraba al hablar de la posibilidad de que esta transacción se llevara a cabo, que decía que si lograban cerrar la compra del periódico sería un ‘home run’, un ‘grand slam’. Se paraba y hacía gestos como si fuera pelotero, con un bate pegándole a una bola, explicando la importancia que significaba para él y su gobierno, el tener un periódico”.
“Decía que tener medios de comunicación, estando en Gobierno, es importante, pero que tenerlos después de salir del Gobierno es aún más importante”, agregó el testigo protegido en su declaración.
#Alegatos | En sus alegatos, el Fiscal Superior, Emeldo Márquez indica que un testigo protegido reveló que el expresidente de la República (2009-2014) compró EPASA para propósitos políticos. #NewBusiness pic.twitter.com/rl1z7wHMvK
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 31, 2023
Hablan los directivos de FCC
Márquez también detalló que Eugenio del Barrio y Julio Casla, directivos de Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC), confesaron que se les exigió la entrega del 10% de los contratos que esa empresa tenía en el país. Todos, salvo aquellos pactados con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Martinelli los presionó. Les dijo que de no acceder a su petición, no podrían realizar nuevos contratos con el Estado y todas sus gestiones se verían afectadas.
“Fue una imposición se nos transmitió y que de no acceder a ella no cobraríamos,” expresó Casla en su declaración, la cual fue compartida ayer por el fiscal.
Cuando en FCC advirtieron que semejante aporte pondría en riesgo sus operaciones, se propuso hacer “adendas ficticias” a los contratos, a fin de incrementar el monto de los mismos.
New Business: El fiscal muestra un “contrato” del 13 de diciembre de 2010, en el que Ricardo Martinelli (vendedor) y el abogado Samuel Jiménez (comprador) supuestamente acuerdan la compra de acciones de Epasa. Jiménez declaró posteriormente que su firma fue falsificada.…
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 31, 2023
En estas gestiones participaron el entonces ministro de Obras Públicas (MOP), Federico Pepe Suárez; Jorge Churro Ruiz, y el abogado Mauricio Cort, a quien en España consideran abiertamente un “testaferro”. Cuando Suárez dejó el MOP, su rol lo asumió Riccardo Francolini, según la declaración de Casla. Francolini, en aquella época, era presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros. De hecho, según los extractos que mostró el fiscal en el juicio, ahora se sabe que del dinero que llegó a la cuenta canasta de New Business Service se utilizaron $7.7 millones para cancelar préstamos que Henri Mizrachi tenía en la Caja de Ahorros. Mizrachi era beneficiario del 40% de las acciones de Epasa, pero esta participación ya fue traspasada al Estado.
El fiscal también mostró extractos de la declaración rendida durante el juicio por el imputado y testigo Gabriel Gaby Btesh Btesh, quien narró que fue contactado por Martinelli para que recibiera fondos provenientes de Transcaribe Trading (TCT), los cuales fueron depositados posteriormente a la cuenta de New Business.
Márquez advirtió que Gaby Btesh y el también imputado Danny David Cohen son colaboradores de la fiscalía y reconoció que, al hacer un análisis de la conducta de Jack Btesh Hazan y su hijo Salomón Jack Btesh Btesh, no encuentra en ellos una conducta dolosa, “como sí lo vemos en los otros”. De hecho, el propio Gaby Btesh dijo en su declaración que los dineros que aportó su padre Jack Btesh Hazan fue en calidad de “préstamo”, porque él se lo pidió, y que, por su avanzada edad, desconocía las razones de las transacciones que estaban haciendo con New Business.
El fiscal también citó la declaración indagatoria de Nicolás Corcione, quien contó que Martineli, con quien mantenía una relación comercial de negocios por más de 15 años, lo invitó a participar en la compra de las acciones de Epasa. Corcione aportó $1 millón, supuestamente a cambio del 3% de las acciones, pero nunca recibió nada. Al final, le ofrecieron dividendos en el proyecto privado Bahía Resort Corp.
Márquez alegó que otro elemento que vincula a Martinelli con la compra de Epasa se ubicó durante una inspección al Global Bank Overseas Ltd, en la que se acreditó que la cuenta a nombre de New Business Service Ltd., recibió una transferencia de $ 11 millones 450 mil de la sociedad Ricamar Financial Company Inc. También encontró un pagaré firmado por Martinelli.
También hizo referencia a la declaración de otro testigo protegido, identificado en el expediente como FECDO 00-2020, quien reveló que se elaboraron contratos ficticios, entre los que figuran uno por la compra de acciones realizado por Samuel Jiménez, por un monto de $2.7 millones. También hay otro por un monto de $8 millones, firmado por Felipe Virzi (q.e.p.d).
Ni una de estas personas recibió acciones de Epasa, a cambio de los dineros depositados en la cuenta canasta. Según la investigación, el beneficiario del 60% de las acciones es Martinelli. El 40% restante lo tenía Mizrachi, pero ya no.
Daniel Ochy y TCT
El fiscal Márquez también procedió a la individualización de los cargos a Daniel Ochy Diez, de TCT, empresa que aportó fondos provenientes del contrato para la construcción de la autopista Arraiján - La Chorrera para la compra de Epasa.
Recordó que Ochy está llamado a juicio por la supuesta comisión del delito de peculado, a raíz de las irregularidades encontradas en el contrato de esa autopista, lo que apunta a la existencia de un delito precedente al blanqueo de capitales.
En cuanto a Gonzalo Germán Gómez, de la empresa Excavaciones del Istmo, el fiscal dijo que fue beneficiado con un contrato para la rehabilitación de caminos en Panamá Oeste por un monto de $27.8 millones. El fiscal detalló que también existe una investigación activa por la Fiscalía Anticorrupción con respecto a este contrato.
Excavaciones del Istmo realizó un aporte de $2 millones provenientes de la compra de facturas emitidas a terceros (factoraje) y dicha transacción (según la investigación) se canceló con fondos públicos. Esta situación fue corroborada por la declaración del testigo protegido FECDO-01 -2020.
