La audiencia de imputación de cargos a la candidata presidencial por la libre postulación y diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, prevista para este jueves 29 de febrero, fue pospuesta hasta el próximo 7 de marzo.
La decisión fue adoptada este jueves por la magistrada Ariadne García, en funciones de juez de garantías, dado que la diputada no compareció al acto, que inició a las 2:03 p.m. y se extendió hasta las 3:35 p.m.
Como fiscal actuó la magistrada María Cristina Chen Stanziola.
Por el lugar nunca se observó la presencia de Rodríguez, aunque tampoco tendría que acudir en persona, ya que el Órgano Judicial envió a las partes un enlace por Zoom, para aquellos que querían intervenir en formato virtual.
Su abogado Ángel Álvarez sí participó en la audiencia, vía Zoom. Álvarez solicitó celebrar la audiencia de imputación en otra fecha, ya que su clienta no estaba presente. La solicitud no fue objetada por la magistrada fiscal Chen.
Álvarez también le dijo a la magistrada juez García que su defendida ya no es diputada, por lo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya no tiene competencia para procesarla. García dijo que a la Corte no ha llegado ninguna constancia o nota formal que acredite que, en efecto, Rodríguez renunció a su curul.
También se conectó al acto un hijo del fallecido comerciante mexicano José Luis Penagos, cuya familia presentó la demanda contra Rodríguez por la presunta comisión de cuatro delitos: lavado de dinero, abuso de confianza, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia.
Los periodistas no pudieron seguir el desarrollo de la audiencia ni por Zoom ni en la sala con la juez García. Para ellos hay un salón, con una pantalla en la que todavía no se está emitiendo nada.
La magistrada juez anunció que la audiencia se reanudará el próximo 7 de marzo. El abogado defensor solicitó que la misma sea exclusivamente presencial, moción que fue acogida por García.
Mientras transcurría el acto, fuera de la CSJ hay una protesta de miembros del Suntracs, que piden a gritos que se cumpla con lo dispuesto en el fallo que declaró ilegal la ley que adoptó el contrato con Minera Panamá. Se quejan porque la empresa, aunque no está operando ni extrayendo material, sigue dentro del área de concesión, mientras se ejecuta el plan de cierre de la mina.
El escándalo que hace el Suntracs se escuchó con claridad dentro de los salones de la Corte.
El pasado lunes 26 de febrero, durante el primer debate entre los candidatos presidenciales, Rodríguez anunció que había decidido renunciar como diputada. Luego se supo que ese mismo día, envió una carta de renuncia al diputado Jaime Vargas, presidente de la Asamblea Nacional (AN).
Sin embargo, para que la renuncia de Rodríguez sea efectiva, debe cumplir con un trámite que incluye que la comisión legislativa de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales acoja la solicitud de la diputada y remita a la Corte copia de dicha decisión debidamente firmada.
Hasta el pasado martes, esa comisión tampoco había recibido documentación alguna sobre Rodríguez, como lo confirmó su presidente, el diputado Raúl Pineda, copartidario de Rodríguez.
Rodríguez, quien es candidata a presidenta de la República, diputada y alcaldesa por el distrito de San Miguelito por la libre postulación, es investigada por la supuesta apropiación de unas láminas de oro propiedad del mexicano Penagos.
Penagos había contratado los servicios legales de Rodríguez. Ella alega que se quedó con las láminas, porque Penagos nunca le pagó sus honorarios.
