Al nuevo procurador general de la Nación le competerá impedir que la impunidad se arraigue entre los panameños “como una enfermedad terminal”, recordó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
Para la Cciap, ese funcionario tiene una responsabilidad especial debido a que en su esfera de acción confluyen casos que tienen que ver “con temas de gran sensibilidad para el Estado y el interés público”.
Debido a esas razones el procurador designado, Eduardo Ulloa, está llamado a diligenciar, hasta su culminación, las “investigaciones de alto perfil para identificar responsables y, por sobre todo, impedir la impunidad”.
Esta posición de la Cciap surge un día antes de que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional sesione para atender las recientes designaciones hechas por el Órgano Ejecutivo, entre las que sobresale la de Ulloa como nuevo procurador general de la Nación.
Este martes 10 de diciembre el Consejo de Gabinete, además de aprobar la designación de Ulloa como reemplazo de Kenia Porcell, avaló las designaciones de Javier Caraballo como procurador suplente y a Mónica Castillo para procuradora suplente de la Administración.
“Con el nombramiento de un nuevo procurador el Órgano Ejecutivo completa un ciclo de designaciones que se espera sean trascendentales en el ámbito de la administración de justicia en el país”, recordaron los miembros de la Cciap mediante un comunicado divulgado este domingo 15 de diciembre.
Agregaron que la forma en que se han producido las designaciones de Ulloa y de los tres nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia “establece un precedente que difícilmente podrá ser ignorado por los gobernantes siguientes”.
Además confirma que cuando “existe voluntad política y determinación personal” es posible responder al interés general.
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