El Tribunal Superior de Liquidaciones y el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales resolvieron en los últimos días varios recursos legales y con ello allanaron el camino para la realización de la audiencia preliminar del caso Odebrecht –programada para hoy lunes 12 de septiembre de 2022–, en la que 49 personas naturales y 1 jurídica tendrán que encarar a la justicia por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Mediante los edictos 515,516, 517, 511 y 512, del pasado miércoles 7 y viernes 9 de septiembre, el Tribunal notificó que declaró legal las medidas cautelares impuestas a Úrsula Taute Banz Vallarino, Maya Cikurel Spiller, María Isabel Carmona, María Del Sol Rivera Vigas y Linda Gesto Jhonson.
En el caso de Banz Vallarino, el Tribunal declaró legal la medida cautelar de impedimento de salida del país al resolver un recurso de habeas corpus presentado por su abogado, Roniel Ortiz. Respecto a Maya Cikurel Spiller, el Tribunal declaró legal la orden de detención preventiva librada en su momento por la fiscalía.
Así mismo, el Tribunal declaró no viable la acción de habeas corpus presentada en favor de María Isabel Carmona por su abogado, Edgar Sánchez.
A su vez, mantuvo la medida cautelar de prohibición de salida del país aplicada a María del Sol Rivera Vigas.
Y también confirmó las medidas cautelares –el edicto no detalla cuáles– impuestas a Linda Gesto Jhonson al resolver un habeas corpus presentado por su abogada, Alma Cortés.
Entre los fundamentos utilizados por los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación para ratificar las medidas cautelares aplicadas a estas personas figura: que existen medios probatorios y vinculación de la persona con el hecho punible, según el artículo 222 del Código Procesal Penal.
Los recursos que fueron resueltos por los magistrados José Hoo Justiniani, Secundino Mendieta y Manuel Mata Avendaño, que también se fundamentaron en el artículo 2140 del Código Judicial, en el que se establece que “cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva”.
En sus decisiones, los magistrados también hacen referencia al artículo 227 del Código Procesal Penal, que dice: “en cualquier estado del proceso, serán aplicables las medidas cautelares de acuerdo con las siguientes reglas: cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo; cuando existan motivos graves y fundados para inferir que el imputado puede destruir o afectar medios de prueba y cuando, por circunstancias especiales, se determine que su libertad puede ser de peligro para la comunidad por pertenecer a organizaciones criminales, por la naturaleza y número de delitos imputados”.
En otra decisión, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, ordenó –mediante auto vario No 446 de 7 de septiembre de 2022– suspender la tramitación de la causa a Juan Carlos Espinosa hasta tanto sea dirimido un recurso de apelación promovido por la defensa de este contra un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia, fechado el 11 de julio pasado, en virtud de una orden de suspensión de la indagatoria y conducción.
La audiencia
La audiencia preliminar está programada para que comience a las 9:00 a m con la presentación de la teoría del caso por parte de las Fiscalía Anticorrupción, que estará representada por la fiscal Ruth Morcillo, el fiscal superior Mahamad Daud Hassan y el fiscal adjunto Olmedo Gómez.
En esta primera etapa de la audiencia, la fiscalía deberá presentar también las solicitudes de llamamiento a juicio de cada uno de los imputados que considere están involucrados en la comisión del ilícito, mientras que los abogados defensores tendrán que exponer sus alegatos.
La audiencia fue suspendida en una primera fecha fijada para el 18 de julio pasado, debido a que varios abogados defensores no se presentaron. Esa vez, la jueza Marquínez multó con $100 a aquellos abogados que no presentaron excusas y anunció la designación de defensores de oficio para que estén presentes en el acto de hoy lunes, de modo que puedan asistir legalmente a los imputados cuyos abogados no acudan al acto.
Desde la madrugada de hoy lunes, la Policía Nacional dispuso un amplio operativo de seguridad, que implica la restricción de la circulación del tránsito en las inmediaciones del palacio de justicia Gil Ponce.
Al inicio de las investigaciones, el proceso tuvo decenas de personas naturales vinculadas, de las cuales 12 llegaron a acuerdos de pena o colaboración eficaz, 8 recibieron sobreseimientos definitivos y 21 sobreseimientos provisionales. 49 personas naturales y 1 jurídica tienen que presentarse en la audiencia hoy lunes.
La investigación
La investigación del caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que fue archivada, y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el caso fue reabierto en Panamá en enero de 2017.
Inicialmente, el caso surgió del reconocimiento por parte de altos directivos de la constructora de que habían pagado $59 millones en coimas a altos funcionarios panameños para obtener contratos gubernamentales.
El caso se desarrolló en un entorno de constantes interrupciones por los recursos de los abogados defensores y por la mora del Órgano Judicial.
Una parte importante del equipo de fiscales, que llevó a cabo las investigaciones, fue apartado de la causa por el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, lo que ha privado a este proceso de la presencia de las fiscales superiores Zuleika Moore y Tania Sterling.
Solo la fiscal Ruth Morcillo, integrante original del grupo, permanece en la causa, cuyo expediente tiene 2 mil 755 tomos (1 millón 100 mil páginas).
El Ministerio Público deberá decidir si introduce en este caso lo aceptado por los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en una Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, o si ese material probatorio será usado en otro caso.
Los hermanos confesaron ante un juez estadounidense que blanquearon $28 millones en coimas de Odebrecht, según ellos, siguiendo instrucciones de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).La causa no incluye los proyectos de riego Remigio Rojas, la autopista Panamá-Colón ni la primera fase de la cinta costera, desarrollados en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).
El expresidente
El pasado 26 de julio el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral reiteró la decisión de un juzgado administrativo que levantó el fuero penal electoral al expresidente Martinelli para lo relativo a este caso.
Desde el 2019, ha sido posición de Estados Unidos, manifestada y reiterada por escrito y por declaraciones verbales de sus más altos vocero diplomáticos, que el principio de especialidad –garantía procesal que establece que los extraditados solo pueden ser juzgados por el delito por el cual fue solicitada su extradición– no se aplica a Martinelli.
De acuerdo con todo lo anterior, no existe obstáculo procesal alguno que impida que el exgobernante y sus defensores se presenten a la audiencia de hoy lunes.
Carlos Carrillo, del equipo de abogados de Martinelli, dijo a este diario ayer domingo que existen varios recursos legales en trámite, pero no precisó si esto podría afectar el desarrollo de la audiencia preliminar.
Carrillo no aportó mayores detalles de la estrategia a seguir por parte de los abogados defensores que acudirán a la audiencia, que será transmitida por el Judicial en su sitio de YouTube.(Con información de Rodrigo Noriega).
