Las revelaciones vertidas en el juicio a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares el pasado viernes 20 de mayo en una Corte Federal de Nueva York (NY) le darían un nuevo impulso al caso que se sigue en Panamá por las coimas que pagó Odebrecht.
En eso coinciden varios juristas consultados, aunque difieren en la ruta que se debe seguir: algunos alegan que corresponde presentarlas como una prueba extraordinaria en el juicio que se celebrará a partir del próximo 18 de julio, mientras que otros se inclinan por un nuevo caso.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz afirma que el Ministerio Público solo debe solicitar el fallo del juez Raymond Dearie, traducirlo, autenticarlo e introducirlo como prueba extraordinaria en el juicio. Por su parte, el excontralor Alvin Weeden, quien en 2015 presentó la denuncia que motivó este caso, dice que “lo más viable” sería abrir una nueva investigación.
“Los dos hermanos no buscaron pertenecer a una empresa criminal, ni pensaron en ellos. Su padre se los pidió”, dijo el abogado de Rica Martinelli el pasado viernes.
Los dos hermanos fueron condenados a 36 meses de prisión por haber conspirado para lavar $28 millones producto del pago de sobornos de Odebrecht entre 2009 y 2015.
El caso Odebrecht tendría una prueba extraordinaria
Después de las revelaciones surgidas en el juicio a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en una corte de Nueva York por haber conspirado para lavar $28 millones producto de sobornos que pagó Odebrecht, el Ministerio Público (MP) traza la ruta que seguirá para introducir esta información al proceso que se sigue en Panamá.
De acuerdo con información proporcionada a este medio en el MP, el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, se reunió ayer lunes 23 de mayo con Agustín Almario Castillo, fiscal Superior de Asuntos Internacionales y con Mahmad Daud Hasan, fiscal Superior Anticorrupción, para analizar el tema. Estos dos fiscales estuvieron presentes en el juicio que se celebró el pasado viernes 20 de mayo; y ahora analizan presentar una asistencia judicial para obtener copia traducida y autenticada de la sentencia.
Esta nueva evidencia, según explicaron en el Ministerio Público, podría ser presentada como prueba extraordinaria en el juicio del caso, diligencia que está programada para celebrarse del 18 de julio al 5 de agosto de este año. También se analizan los mecanismos para recuperar el dinero producto del cobro de coimas a cambio de millonarios contratos para obras estatales.
La confesión
En la tarde del pasado viernes 20 de mayo, en medio del juicio, Sean Hecker, abogado de Ricardo Alberto Rica Martinelli, le dijo lo siguiente al juez Raymond Dearie: “Los dos hermanos no buscaron pertenecer a una empresa criminal, ni pensaron en ellos. Su padre se los pidió”.
Luego agregó que “cuando se enteraron, por el monto de dinero, decidieron cooperar con la justicia, porque sabían que eso no estaba bien. Fueron ellos mismos los que llevaron el caso al gobierno [estadounidense].
Ustedes entenderán que no es fácil ir a hablar con el gobierno de Estados Unidos sobre tu propio padre”. “Lo que hicieron fue porque el padre se los pidió”, manifestó.
Mientras que James McGovern, el abogado de Luis Enrique Martinelli Linares también apuntó hacia el padre: “Él [Luis Enrique] empezó a hacer lo que su padre decía y abrió las cuentas [bancarias]. Pero una vez entendió que el origen de los fondos era ilegal, fue al gobierno, habló, dio información, entregó el dinero y avisó a su padre”.
Ricardo Martinelli es uno de los llamados a juicio en este proceso. Está imputado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
El impacto
Las revelaciones de los abogados impactaron a la opinión pública, y a la ciudadanía en Panamá, pues por casi dos años se estaba esperando conocer quién era el “alto funcionario panameño” y “familiar cercano” para quien Rica y Luis Enrique habían conspirado para lavar dinero. Ambos ya se habían declarado culpables por este delito.
Por eso ahora juristas locales examinan y estudian los escenarios que tiene la justicia local para robustecer el caso en Panamá. Por ejemplo, la exprocuradora, y exdiputada independiente Ana Matilde Gómez aseguró a este medio que las confesiones surgidas en Nueva York, “definitivamente” fortalecen el caso de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el proceso en Panamá. “Ojalá logren traer al expediente panameño todo lo que sea pertinente de esas declaraciones u otras pruebas para incorporarlas debidamente en el expediente o por lo menos complementar sus argumentos”, añadió.
Agregó que es importante que el Ministerio Público utilice las convenciones que correspondan y solicite todas las asistencias judiciales a Estados Unidos para robustecer su caso, que, dijo, “ahora cuenta con dos sentencias que dan detalles precisos”.
Por su lado, Harry Díaz, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el testimonio obliga al procurador Caraballo a solicitar el fallo, traducirlo, autenticarlo e introducirlo como prueba extraordinaria en el juicio. También sugirió que esta información puede adicionarse a los otros casos de Odebrecht que se encuentran en trámite.
A su juicio, el país debe estar atento a que el Órgano Judicial asigne jueces competentes e incorruptibles para que no se repita “la burla que realizan los delincuentes de cuello blanco, manipulando la justicia”.
Recalcó que si el resto de los casos se encuentra en una fase muy avanzada, entonces lo procedente sería abrir un nuevo caso con las pruebas obtenidas en el juicio a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.
Caso nuevo
Por su parte, el excontralor Alvin Weeden, quien en 2015 presentó la denuncia que motivó al Ministerio Público a abrir el proceso por el pago de coimas en Panamá, dijo que independientemente del proceso que se encuentra en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, el Ministerio Público puede abrir un nuevo proceso.
Añadió que la sentencia del 20 de mayo en Nueva York sería “una prueba contundente y demoledora para lograr una condena”. Alegó que sería un proceso por blanqueo de capitales producto de los dineros obtenidos de los actos de corrupción relacionados con Odebrecht, en donde los hermanos actuaron como testaferros.
Mientras que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogado, Carlos Herrera Morán, estimó que lo acontecido en Nueva York “es la mejor prueba que puede obtener la justicia panameña de la existencia de actos ilícitos cometidos por el expresidente Martinelli”.
Herrera Morán, quien también querelló a Martinelli por el caso de los pinchazos, dijo que esta prueba se puede usar en todos los procesos abiertos contra Martinelli y que su defensa poco podría hacer para refutarla.
Mientras que el abogado David Montenegro, exdirector de la Carrera Administrativa, recordó que los fiscales enviados por el Ministerio Público al juicio del viernes escucharon las deliberaciones de los abogados y las lecturas de las cartas donde quedó en evidencia que los hermanos, “además de supuestamente arrepentirse y de pedir clemencia, también mencionan al padre como el autor intelectual de la toda la trama de corrupción en el caso Odebrecht”.
Añadió que “es deber del Ministerio Público solicitar la cooperación de la Fiscalía de Nueva York para evacuar todas las pruebas que sean necesarias para que las personas y empresas que participaron en el esquema de corrupción paguen las consecuencias”. Según Montenegro, “fue evidente en las súplicas desesperadas de clemencia de ambos abogados, la indudable vinculación de Ricardo Martinelli Berrocal en el caso”.
“Ambos hermanos son delincuentes confesos y dijeron que fueron obligados por su padre a evadir la justicia y cometer esa serie de delitos. Somos nosotros las principales víctimas de la corrupción, esperemos que el Ministerio Público cumpla su labor con eficacia y sin errores”, manifestó.
”El ejemplo”
En el juicio, la fiscal adjunta, Alixandra Smith, aseguró que “nadie puede estar por encima de la ley, al menos en Estados Unidos. Ellos creían que aquí en Estados Unidos podían hacer lo mismo que en Panamá, especialmente cuando su padre era presidente”.
También argumentó que la sentencia debía “ser un ejemplo para los funcionarios de Panamá que cometen ese delito y usan el sistema financiero estadounidense”.
La Fiscalía pedía una pena mínima de 9 años de prisión y máxima de 11 años y 3 meses. Este medio llamó a Carlos Carrillo, del equipo de abogado de Martinelli, para que hablara sobre las declaraciones de los abogados de los hermanos Martinelli Linares y el impacto que estas tienen para el caso en Panamá, pero aseguró que no está autorizado en este momento para referirse al tema.
El pasado 20 de mayo, luego de que se conoció la sentencia, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, señaló que el objetivo de la defensa era obtener una sentencia favorable para Luis Enrique y Ricardo Alberto. “En sus conversaciones con ellos, [el expresidente] les expresó que sus abogados deberían hacer todo lo que fuera necesario con ese fin”, aseguró en un comunicado divulgado por Twitter.
