La audiencia preliminar del caso Odebrecht terminó ayer miércoles con el anuncio de la jueza Baloísa Marquínez de acogerse al término que le permite la ley (30 días) para decidir si llama a juicio o no a los 50 implicados.
En el acto, que se prolongó 13 días, el Ministerio Público (MP) dejó al descubierto la compleja trama usada para la repartición de sobornos, que implicó a sociedades, funcionarios, políticos, testaferros, abogados y bancos, entre otros.
A su vez, los abogados de los acusados –por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales– basaron su defensa, principalmente, en tres aspectos: la prescripción del hecho punible, la calificación de las pruebas del MP y la persecución política.
También salieron a relucir conocidas estrategias para esquivar la justicia: el principio de especialidad en el caso del expresidente Ricardo Martinelli y la supuesta inmunidad del Parlamento Centroamericano de la que goza éste y el también exmandatario Juan Carlos Varela.
Al final de la audiencia, la fiscalía refutó 14 de los 15 incidentes presentados por los defensores y pidió a la jueza desestimarlos.
‘Está acreditado el delito’, aseguró la fiscal Morcillo
Considerado el proceso de corrupción más emblemático de los últimos tiempos, el caso Odebrecht cerró ayer miércoles una etapa importante: la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público presentó su teoría y los defensores de los acusados expusieron sus argumentos.
Sentada frente a un escritorio y custodiada por la bandera de Panamá, la jueza Baloísa Marquínez escuchó a cada una de las partes en los 13 días que duró la audiencia.
Al inicio de la diligencia (el 12 de septiembre), desestimó recursos; en la fase de alegatos de la fiscalía, multó a dos abogados defensores que generaban distracción en la sala, y más de una vez llamó la atención a otros que intentaron quebrantar las reglas y la armonía.
Morcillo y los 15 incidentes
Ayer miércoles 28 de septiembre, poco antes de que Marquínez anunciara que se acogería al término que otorga la ley para tomar una decisión (que es de hasta 30 días), la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo pidió a la jueza que desestimara 14 de los 15 incidentes presentados por los defensores. Solo apoyó el del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, quien alegó doble juzgamiento en el caso de la ciudadana uruguaya Maya Cikurel.
Morcillo refutó, por ejemplo, la tesis de los abogados del expresidente Juan Carlos Varela, de que el Ministerio Público no tiene competencia para investigarlo, puesto que el exgobernante es diputado del Parlamento Centroamericano por derecho propio y, por tanto, la Corte es el ente que debe investigarlo.
Razonamiento similar esgrimió la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que, además, volvió a recurrir al supuesto principio de especialidad.
“Ya es un tema superado... Este tribunal ya ha emitido concepto”, dijo la fiscal y acto seguido citó tres autos del juzgado y uno del Segundo Tribunal Superior que sustentan esa afirmación.
Y así, uno a uno, solicitó descartar los incidentes.
Delito precedente
En la fase de alegatos, varios de los defensores de los 50 acusados plantearon la supuesta inexistencia del delito precedente al lavado de dinero, hecho punible que se les imputa.
Un alegato que, de acuerdo con el exmagistrado Harry Díaz, es “inverosímil”. Díaz, consultado por La Prensa, explicó que solo se necesita “un poco de sentido” común para analizar “una situación clara y evidente”: que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios y particulares a cambio de facilidades para quedarse con proyectos de infraestructura pública.
Afirmó que la condena en Estados Unidos de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares por usar el sistema financiero de ese país para lavar $28 millones en coimas de Odebrecht, constituye una prueba más a favor de la fiscalía. “El blanqueo de capitales no es más que tratar de hacer ver que fondos provenientes de actividades ilícitas son lícitos”, dijo, y explicó que al reconocer el uso del sistema bancario estadounidense para tal fin, hubo una confesión de que los fondos recibidos de Odebrecht eran coimas.
El exmagistrado también valoró las confesiones de exejecutivos de la propia empresa que, de paso, acordó pagar $220 millones a Panamá, en concepto de multa. “Tratar de decir que no existe delito precedente es tildar de ignorante a la ciudadanía, ya que la propia empresa reconoció que pagó coimas en Panamá”, añadió.
El excontralor Alvin Weeden, quien presentó una las denuncias en este caso, planteó que en el expediente instruido por la Fiscalía Especial Anticorrupción el delito está acreditado.
Al igual que Díaz, recordó que Odebrecht reconoció públicamente el pago de coimas a funcionarios y políticos, para quedarse con millonarias obras en el país.
Otro que habló del tema fue el abogado Rodrigo Noriega, quien aseguró que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que dicen que no se necesita delito precedente para acreditar el blanqueo de capitales. “La posición histórica de la Corte ha sido que no se necesita”, indicó.
Noriega también destacó que fue un proceso “civilizado”. Esto, manifestó, pese a que hubo momentos hostiles, ataques directos e indirectos al Ministerio Público y a las exfiscales anticorrupción Tania Sterling y Zuleyka Moore, entre otras.
‘La responsabilidad fiscal’
Ayer miércoles, antes de que empezara la audiencia, la fiscal Morcillo respondió preguntas de los periodistas. Dijo que el Ministerio Público “está convencido” de que Marquínez debe formular “un auto de llamamiento a juicio” contra los imputados, para luego pasar a la etapa siguiente, en la que, añadió, “corresponde debatir la responsabilidad penal”; es decir, en el juicio.
Durante los 13 días de audiencia preliminar, tanto Morcillo como los demás fiscales que la acompañaron a esgrimir la tesis del proceso se refirieron a la investigación como “el mayor atraco al Estado”.
Morcillo también afirmó que en la vista fiscal “está acreditado el delito de blanqueo de capitales con un delito precedente de soborno internacional”.
“Recuerden que la empresa Odebrecht ya fue condenada en Estados Unidos, Suiza y Brasil, precisamente porque aceptó haber pagado sobornos a funcionarios de varios países, entre ellos, Panamá. Ese es el delito precedente, esa es nuestra teoría y la prueba la han escuchado ustedes durante toda la exposición de la vista fiscal en este acto de audiencia que ha sido público”.
