El décimo día de audiencia preliminar del caso Odebrecht convocó en el estrado a un grupo de defensores de los 50 imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el que se centra el proceso.
Abogados mediáticos, con trayectoria en el sistema penal panameño, y hasta dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expusieron ayer viernes 23 de septiembre ante Baloisa Marquínez, jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, a cargo del proceso.
Su misión: buscar la manera de desligar a sus defendidos con el ilícito y desvirtuar la tesis del Ministerio Público, cuyos fiscales han reiterado que el caso “es sólido” y durante tres días de alegato mostraron al país el laberinto de sociedades que facilitaron las coimas, señalaron a los beneficiarios y dejaron al descubierto el papel de abogados, bancos, testaferros y funcionarios y políticos con poder para tomar decisiones en millonarios proyectos de infraestructura en el país, entre otros.
“La vinculación está clara, el hecho punible está acreditado. Lógico, la defensa tiene que hacer su trabajo, representa a estas personas” imputadas, dijo ayer viernes el fiscal Mahmad Daud Hasan, quien una vez más tildó el proceso de “atraco a los fondos del Estado”.
Así fue
El primero en argumentar fue Pedro Meilán, quien defiende a Javier Díaz Torres y Rodrigo Díaz Paredes. De Díaz Torres, contó que se trata de un banquero español que trabajó como asistente en la Banca Privada de Andorra (BPA), ligado a la constitución de sociedades y fundaciones desde BPA Serveis. En BPA, tenían cuenta Aeon Group, Klienfield Services, Ltd., Mengil International, Pachira y Ralford Limited, entre otras, sociedades que recibieron dinero de Odebrecht como parte del esquema de sobornos.
El abogado dijo que su cliente no participó en la confección de las sociedades, pues eso fue tarea de una firma de abogados, que designó a los dignatarios. “No cobró, no es beneficiario, no hizo contrato. No se le debió ni indagar. No se le ha comprobado ningún delito”, aseguró ante la jueza del caso.
Pero, la fiscalía argumenta que Díaz Torres era “conocedor de las estructuras mercantiles ideadas y construidas a través de esta filial de la entidad bancaria”.
Meilán empezó enseguida la defensa de Rodrigo Díaz Paredes por las transferencias que este recibió de Klienfeld Services, otra de las empresas que usó la constructora brasileña para repartir coimas.
Tildó a las indagatorias y a la vista fiscal de copy paste. Manifestó que a su cliente no le pueden aplicar el delito de soborno internacional, porque este entró en vigencia en 2008 y la última transferencia que recibió su cliente fue en febrero de 2008. “Se violan todos los preceptos de la legítima defensa. Han violentado el derecho a la defensa”, manifestó.
Según la fiscalía, Díaz Paredes recibió dinero de Klienfeld Services en Inversora Villa Loly, S.A. ($1.1 millón) y Logaro, S.A. ($545 mil 818).
Díaz Paredes fue dirigente del hoy oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Fue quinto subsecretario del poderoso Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la época en que Martín Torrijos era el secretario general del partido y, a la vez, fungía como presidente de la República (2004-2009).
Díaz también fue figura clave en el “Team Martín”, estrategia política que llevó a Torrijos a la Presidencia.
“Estamos tratando de meter a todos en una churuca y eso no es correcto”, expresó Meilán en momentos en que defendía a Rod Díaz.
Los banqueros de Andorra
Por su lado, Alexander Allard argumentó en favor de Norberto Sanguinetti y Frances Xavier Pérez Giménez, exbanqueros de la BPA.
El abogado alegó “doble juzgamiento” en el caso de Sanguinetti, pero enseguida reconoció que la jueza había negado un incidente en el que se alegaba esa figura.
A Sanguinetti se le relaciona con la sociedad Aeon Group, que transfirió millonarios fondos a varios de los investigados en el proceso.
“Él es un gestor, no aperturador de cuentas ni mucho menos trabajaba en la banca privada de Odebrecht”, dijo.
Sobre Frances Xavier Pérez Giménez, afirmó que se limitaba a venir a Panamá porque era “un estructurador financiero”. “Estas personas no han sido vinculadas, no han recibido dinero, no se les ha encontrado dinero, en la trazabilidad financiera no están”, explicó.
Después, le correspondió el turno a Marco Aurelio Vásquez, abogado de Alejandro Stanziola. El defensor empezó su alegato señalando “una serie de errores e inconsistencias en la vista fiscal”.
Sustentó que su cliente solo prestó un servicio de corredor de seguros a través de su empresa Prevenza.
En tanto, el exmagistrado Aníbal Salas Céspedes, defensor de Juan Antonio Niño, fue el siguiente en pasar al estrado. Manifestó que “han identificado una serie de aseveraciones [en el expediente] que no son ciertas”. Según la teoría de la fiscalía, Niño está ligado al caso porque Active Capital Holdings, empresa que preside, habría hecho transferencias a Sherkson, una sociedad desde la cual el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht transfirió millones de dólares para el pago de sobornos. Active realizó una transferencia de $488 mil 457 a Sherkston. Y otro depósito por $1 millón 229 mil 538, desde su cuenta en Multibank, a una entidad financiera con fuertes vínculos con Odebrecht: el Meinl Bank.
Salas Céspedes aseguró una y otra vez que se trató de transacciones lícitas.
Al igual que el abogado antecesor, profundizó sobre el mundo de los seguros y reaseguros y sus complejidades. Añadió que la relación de su cliente con las sociedades ligadas a Odebrecht “son normales y legales”.
Gustavo Pereira sustentó la defensa de los abogados Juan Carlos Rosas, y Rosa Mary Molino Paz, de la firma forense Rosas & Rosas, que prestó servicios a Odebrecht. Dijo que ambos se enfocaron en el servicio al cliente de “manera honesta”.
Según la fiscalía, la cuenta de Rosas & Rosas en Banistmo recibió transferencias de sociedades de Odebrecht, desde las que se distribuían sobornos, entre ellas, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research y Klienfeld Services.
Pereira dijo que sus clientes hicieron la “debida diligencia” en su relación con la constructora.
Por su lado, Fernando Morales Magallón, abogado del exministro de Vivienda, José Domingo Mimito Arias, recordó los elementos que ligan a su cliente con el proceso: un contrato de publicidad entre Polis América, de los publicistas Joao Santana y Mónica Maura, con el partido Cambio Democrático (CD). Arias fue el candidato presidencial de CD en las elecciones de 2014, cuando Ricardo Martinelli era aún gobernante.
De acuerdo con el expediente, Maura fue contactada por André Rabello, intendente de Odebrecht en el país, para gestionar la campaña publicitaria de Arias. El costo: $21 millones que pagaría Odebrecht.
Magallón dijo que cuando se celebró uno de los contratos, su representado no era candidato.
Citó palabras de Moura en el sentido de que su cliente “no realizó ningún ilícito”. Moura, aseguró, también dijo que Arias no negoció nada.
“La sociedad ya ha condenado a José Domingo Arias”, manifestó.
Añadió que “en 2013, no había manera de prever que esa empresa [Odebrecht] realizaba actividades ilícitas. Era una empresa que contaba con solvencia moral”, sustentó.
También expuso Joy Paull Torres, defensor del uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeiras, que fungió como representante legal de Sherkson International.
Según la fiscalía, en 2014, en representación de Sherkson International, Mutio firmó un contrato con Active Capital, “con el fin de dar apariencia legal a la transacción que se realizó hacia la cuenta de Sherkson International en el PKB Privatbank”. El jurista dijo que no se hizo nada por traer a su cliente a rendir indagatoria en este caso y que se enteró de esta audiencia recientemente. Buena parte de su alegato versó sobre el poco espacio que ha tenido su cliente para el derecho a la defensa.
El exmagistrado Jerónimo Mejía expuso a favor de la también uruguaya Maya Cikurel y de entrada solicitó su sobreseimiento. Sostuvo que su clienta no actuó con “dolo” y, más bien, fue víctima del grupo Odebrecht.
Contó que ya ha sido sobreseída por la justicia suiza por los mismos hechos por los cuales ha sido investigada en Panamá. Y manifestó que Panamá no tiene jurisdicción para investigar a su clienta, porque “los actos atípicos que ejecutó los realizó desde Uruguay”.
Como era de esperarse, todos los abogados que han alegado ante la jueza piden el sobreseimiento de sus clientes. La frase “queda claro que no se puede demostrar el ilícito” fue recurrente en la mayoría de las intervenciones.
