Entre los argumentos que sacó a relucir la jueza tercera liquidadora de causas penales Baloisa Marquínez, para llamar a juicio a 36 personas por presunto lavado de dinero en el caso Odebrecht, están las declaraciones de testaferros y personas que llegaron a acuerdos de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Los mismos dejaron al descubierto la forma en que el sistema financiero panameño fue usado para la movilización de dinero ilícito.
En el auto mixto del pasado del pasado 7 de noviembre, la jueza Marquínez citó las declaraciones hechas por Mauricio Cort, Humberto De León, Jorge Espino, André Mosez Libedinsky, Eduardo Patrao, Carlos Ho y Amado Barahona, en las que detallan el uso de múltiples sociedades anónimas en diversas jurisdicciones que fueron usadas como pantalla para disfrazar los sobornos.
También mencionó las confesiones de exdirectivos de Odebrecht, entre los que se cuentan a André Rabello, Olivio Rodrígues, Vinicius Veiga Borin, Luis Eduardo Rocha Soares, Fernando Miglaccio y Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quienes explicaron en detalle la manera como operaba la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, que era la encargada de los pagos a funcionarios públicos y particulares para la obtención de facilidades para acceder a contratos con el Estado.
Por ejemplo, Rabello dijo que existía una caja negra o caja 2 para los pagos, que en 2012 y 2013, época en que se incrementaron las obras públicas en Panamá “se intensificaron los pedidos (pagos) canalizados a través del departamento de operaciones estructuradas”. El exintendente de Odebrecht en Panamá también contó que entregó entre $35 millones y $38 millones hasta en ocho episodios distintos y que “el líder” Luiz Mameri autorizó los pagos. Además explicó que entregaron “donaciones políticas” a partidos a cambio de solucionar y agilizar trámites y pagos pendientes, o en su defecto “tener la ventana o apertura con el gobierno”. Rabello también habló de la figura de “lobbismo” para conectar con personas en ministerios y proyectos estatales.
En el documento de 407 páginas la jueza narró que con estas declaraciones queda claro el amplio esquema de sociedades anónimas, intermediarios, testaferros y abogados que prestaron sus servicios para la movilización del dinero ilícito.
En sus consideraciones, Marquínez también hizo referencia al acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la empresa brasileña en el que se confirma que usaban sociedades pantalla para facilitar el pago de climas y que se asoció con políticos en varios países para pagar millones en coimas.
También afirmó que está demostrado que hubo varios delitos precedentes a la comisión del blanqueo de capitales. Entre los que se pueden destacar el de corrupción de funcionario público, que si bien quedó prescrito no implica que no se perpetró. Mencionó el delito de peculado cometido a través del sobrecosto de los materiales para la ejecución de las obras.
Los esquemas
Marquínez detalló que se usaron al menos seis esquemas o métodos para lograr el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. Mencionó el uso de contratos ficticios para justificar movimientos de fondos ya que la compañía contaba con la colusión de personal que trabajaba en los bancos favorecidos con las transacciones.
También se refirió al ya conocido complejo esquema societario para la apertura de cuentas bancarias y repartir los sobornos. En este punto recalcó la declaración de Mónica Moura, esposa del publicista Joao Santana, quien aseguró que Odebrecht realizó pagos a través de la empresa de fachada de nombre Isagon, mientras estuvieron trabajando con el partido Cambio Democrático (CD) para la campaña política del 2014.
El tercer esquema para el blanqueo de capitales fue la prestación de servicios de accionistas nominativos. Marquínez precisó que aunque la figura del director nominal es totalmente legal, es susceptible de ser usada para el blanqueo de capitales, ya que puede ser empleada para ocultar a los beneficiarios finales de un dinero ilícito.
El uso de testaferros es el cuarto esquema de blanqueo de capitales detectado. Es decir personas que prestaron sus identidades para poner a su nombre cuentas bancarias, bienes inmuebles, dinero y otras propiedades que en realidad pertenecen a terceros.
El quinto esquema que citó la jueza corresponde a la entrega de dinero en efectivo a terceras personas para borrar el rastro de la procedencia de los fondos.
Mientras que el último esquema citado es el uso de facturas falsas. En este caso se creaba una empresa en el extranjero que supuestamente pagaba por consultorías de distintos temas y para simular los pagos por este servicio, se elaboraban facturas para dar apariencia legal a los dineros ilícitos.
Entre las 36 personas llamadas a juicio figuran los expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), al igual que seis exministros, un exdiputado, banqueros, abogados, particulares y los dos hijos de Martinelli.
