Nueve recursos que buscaban suspender la audiencia preliminar del caso Odebrecht desestimó ayer lunes la jueza Baloisa Marquínez durante el primer día del acto.
La funcionaria judicial desestimó recursos de nulidades, acciones legales que alegaban que no era competente para llevar el caso, que señalaban la incapacidad del Tribunal para actuar y el supuesto principio de especialidad al expresidente Ricardo Martinelli para no ser juzgado en otra investigación distinta a la de los pinchazos, entre otros.
Después de resolver esas incidencias, la audiencia siguió con la lectura de la vista fiscal, que contiene los argumentos de la fiscalía para pedir juicio a 49 personas y una sociedad por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. La audiencia sigue hoy martes.
Odebrecht: leen la teoría de la fiscalía y rechazan recursos
Los abogados defensores se prepararon para tumbar la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Presentaron nueve recursos en los que sustentaron de todo: nulidades, incompetencia de la jueza para llevar el caso, incapacidad del tribunal para actuar, que no habían leído el expediente y la protección que supuestamente le da el principio de especialidad al expresidente Ricardo Martinelli para no ser juzgado en otra investigación distinta a la de los pinchazos, entre otros.
Sin embargo, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, los fue desestimando uno a uno. Eso le tomó algo más de tres horas, pues el primer día de la audiencia del proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos empezó a las 10:18 a.m. de ayer lunes 12 de septiembre y a la 1:00 p.m. se decretó un receso. Esto, después de que la jueza resolviera ocho de los nueve incidentes.
El turno de los abogados
Uno de los primeros que habló fue Roniel Ortiz, quien se presentó como abogado de Úrsula Banz, amiga del expresidente Martinelli; y de Fernando Carreiro Muradas, hijo de Aurora Muradas, otra de las amigas del exgobernante.
Ortiz, quien además representa a Martinelli, dijo que el expresidente estaba protegido por el principio de especialidad producto de su extradición de Estados Unidos a Panamá en 2018 para que le hiciera frente al caso de los pinchazos.
La jueza, con voz serena pero al mismo tiempo con temple a y autoridad, rechazó la moción alegando que tanto su despacho como el Tribunal Superior de Liquidaciones, y la Corte Suprema de Justicia, ya se habían pronunciado con respecto a este tema.
“El principio de especialidad es una protección temporal para el imputado”, explicó, para luego complementar que ese beneficio quedó superado una vez concluido el proceso por los pinchazos, en el que Martinelli fue declarado no culpable.
Ortiz también reclamó a la jueza que no le había permitido salir del país a su clienta Úrsula Banz, quien, aseguró, tiene problemas de salud. Hasta le recriminó a Marquínez que no podía hablar con ella.
Esta fue la respuesta de la jueza: “usted ha dicho una gran verdad. Conmigo es imposible hablar y así lo establece la ley”.
Después habló la abogada Shirley Castañeda, otra de las abogadas de Martinelli, quien contó que había presentado un recurso el pasado viernes 9 de septiembre para apartar a la jueza del proceso.
Exigió que esta acción legal fuera resuelta y amenazó con presentar una denuncia por abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra Marquínez, si esta no se separa de la investigación.
Todo ello se transmitía en vivo por el canal de YouTube del Órgano Judicial, y los periódicos, televisoras y medios digitales transmitían la señal a la par.
En Twitter, el tema fue tendencia, básicamente porque se presenciaban las tácticas de los abogados para detener la audiencia. “Que terror le tienen a la audiencia. Si son inocentes, ¿por qué el miedo?”, escribió Lina Vega en Twitter, la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
Marquínez también rechazó otros dos incidentes por falta de competencia presentados por Alfredo Vallarino, abogado de Aurora Muradas y de Gladys Quintero, representante legal de José Porta. Ellos alegaron que el Tribunal Superior de Liquidación, que ha resuelto múltiples recursos en este caso, fue creado después del inicio de la investigación.
Ambos recursos fueron desestimados. También contaron con esa misma suerte los recursos presentados por Alejandro Pérez, abogado de María del Sol Rivera Bigas, otra de las amigas de Martinelli; de Alma Cortés, abogada de Linda Gesto Johnson e Importadora Ricamar; entre otros.
Prescripción
Pero también hubo buenas noticias para algunos investigados. Marquínez declaró prescrito el delito de corrupción de servidores públicos al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima. Esta medida también beneficia a Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia; y a Jaime Ford, exministro de Obras Públicas.
Sin embargo, seguirán en el proceso para hacerle frente a la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Desde Estados Unidos
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes cumplen una condena en una cárcel de Estados Unidos, precisamente por el caso Odebrecht, se conectaron brevemente vía internet, pero luego desistieron de este derecho. Representantes del Departamento de Justicia de ese país también escucharon el acto por esa vía.
Poco antes de decretar el receso de la 1:00 p.m. el abogado Alfredo Vallarino pidió la palabra para decir que la audiencia tenía que suspenderse porque había interpuesto “un habeas corpus colectivo” en favor de todos los imputados.
Añadió que los investigados tenían que ponerse a disposición del Tribunal Superior de Liquidaciones que tiene el recurso y, por lo tanto, la diligencia tenía que parar.
A las 5:30 p.m., antes de que Marquínez decretara un receso hasta hoy martes, se resolvió el asunto.
La jueza dijo que el magistrado a cargo solicitó poner a disposición del tribunal las personas privadas de libertad. Pero que “en este caso no se encuentran personas privadas de libertad”.
La vista fiscal
A las 2:51 p.m., cuando se retomó el acto luego del receso, empezó la lectura de la vista fiscal.
Es decir, del documento que contiene todas las consideraciones de la Fiscalía Especial Anticorrupción para solicitar que se llame a juicio a 49 personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Una vez más salió a relucir el complejo esquema que usó la constructora brasileña para sobornar a funcionarios, empresarios, banqueros, abogados y particulares, caso que salpica a dos expresidentes: Martinelli, (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Ninguno de los dos acudió a la audiencia.
Los representaron sus abogados. Los funcionarios que leían la vista fiscal mencionaron una y otra vez el entramado de sociedades para distribuir las coimas.
Se trata de decenas de millones que recibieron varios de los procesados, de lo distribuido en donaciones, y también quedaron al descubierto las tácticas de los exejecutivos de Odebrecht para completar la operación sin levantar sospechas.
Buena parte del caso se sustenta en los acuerdos de colaboración eficaz y de pena con exejecutivos de la constructora, testaferros, socios de algunos de los investigados y familiares de exfuncionarios que recibieron los sobornos. Leyeron hasta la página 80. La vista fiscal consta de 859 páginas.
