Erasmo Elías Muñoz, uno de los dos abogados que sustentó ayer 26 de septiembre a favor del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) en la audiencia preliminar del caso Odebrecht, reiteró que su cliente no recibió sobornos de la constructora, sino “donaciones”.
También dijo que el Ministerio Público no tiene competencia para investigarlo, pues su proceso está basado en “financiamiento a sus campañas políticas”.
Explicó que eran donaciones que recibía en sus cuentas políticas para uso exclusivo de los gastos de las campañas, “tal como ha sido demostrado y reportado al Tribunal Electoral”. “Había un conocimiento pleno de que esto era electoral”, añadió.
Otro de los argumentos que sacó el abogado para desestimar la investigación ante la jueza Baloisa Marquínez ocurrió cuando aseguró que el Ministerio Público tampoco tenía competencia para investigar al exmandatario, pues “actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen)”, escaño al que tiene derecho por su condición de expresidente de la República, “aunque no esté juramentado”.
“Nuestro representado mantiene una prerrogativa funcional que se adquiere sola y únicamente por aquellas personas que han ocupado la máxima magistratura de este país, o sea, la Presidencia de la República, prerrogativa que se adquiere en virtud del Parlamento Centroamericano, aprobado por la Ley 2 del 16 de mayo de 1964″, manifestó. Según Muñoz, “el único requisito que necesita una persona en calidad de presidente de la República para tener la prerrogativa funcional de diputado del Parlacen es dejar la Presidencia de la República”.
Puso como ejemplo el caso del expresidente de la Asamblea Nacional y hoy diputado del Parlacen, Rubén De León. Incluso, citó un fallo de la magistrada Olga Rujano, del Tribunal Superior, en el que, según él, la magistrada le dice al juez de garantías que el estar juramentado “no es una excepción a ese derecho propio que adquiere el diputado De León”. Aquí el defensor agregó que De León es un diputado “por elección, o sea por votación, máxime entonces nuestro representado, al ser un diputado por derecho propio, que lo único que no ha hecho es activar sus derechos administrativos, pero que mantiene una prerrogativa funcional hasta el 1 de julio del 2024, como diputado”.
Por último, este abogado solicitó la nulidad en cuanto a lo que se relaciona a su representado “por las faltas de competencia que se han establecido al ser un tema electoral, y al tratarse de una investigación en contra del diputado del Parlacen, que si bien, no ha sido juramentado, mantiene los derechos y las prerrogativas funcionales”. Antes de la intervención de Muñoz, sustentó Orison Cogley, otro de los abogados del expresidente de la República, negó que su cliente tenga alguna relación con el seudónimo Cachaza, nombre con el que, de acuerdo a la vista fiscal del caso, aparecía el exmandatario en el sistema Drousys, utilizado por Odebrecht para entregar los fondos.
En la audiencia, Cogley leyó un documento en que, según él, la constructora asegura que desconocían los seudónimos y que estos respondieran a personas específicas.
Cogley, también exfiscal del Ministerio Público, aseguró además que no se puede indicar que por el hecho de que una empresa transfiera dinero se infiera que este es ilícito.
Reiteró que el dinero de Odebrecht con el que se liga a Varela fue directamente a la campaña de vicepresidente, y de presidente, de su defendido.
Cogley dijo que Varela ha sido el que más documentos ha entregado al Ministerio Público. “No hubo introducción del dinero sucio, no hubo estratificación, ni retorno”, añadió.
El exgobernante figura en el caso por los pagos hechos a la campaña presidencial del Partido Panameñista, durante el período 2009-2014, como vicepresidente de la República, y del torneo electoral del 2014, en el que fue electo presidente.
Las declaraciones de su copartidario, el médico Jaime Lasso, fueron clave en su caso. Ante la fiscalía Lasso aceptó haber recibido los pagos para la campaña del exmandatario. Según las pesquisas de la fiscalía, el dinero de Odebrecht llegó al Partido Panameñista a través de la fundación Don James y por medio de dos sociedades: V-Tech y Poseidon Enterprises, todas ligadas a Lasso.
Otros casosAyer lunes también pasaron por el estrado, entre otros los abogados Alejandro Pérez, defensor de María Sol Rivera; Arturo Saurí, abogado de Carlos Duboy y Danna Harrick Atie, ministro de Vivienda y jefa de Conades, respectivamente, en el gobierno de Martinelli (2009-2014); al igual que Carlos Carrillo, abogado de los venezolanos Angelina Valero de Gámez, Marcos Gámez, Alexander Castellaneta Viloria y Franco Castellaneta Viloria. Todos pidieron el sobreseimiento para sus clientes.
