Los 20 de tomos de investigación que hasta ahora lleva la Fiscalía de Drogas sobre la Operación PTY, en la que se desmanteló una red presuntamente dedicada al blanqueo de capitales, revelaron que, para legitimar el dinero del narcotráfico, el grupo utilizó pequeños negocios como salas de belleza, cevicherías y servicios de taxis, de decoración de interiores y de remodelación de residencias.
Tal es el caso de Ezequiel Alarcón (alias Zequi), señalado por la fiscalía de ser uno de los cabecillas de la red criminal junto a Jorge A. Zurita, un hombre que todavía no está detenido. Según la investigación, Zequi justifica sus ingresos con un negocio de decoración de interiores y remodelación de casas, actividades que le generaban unos $5 mil mensuales.
Sin embargo, $5 mil al mes no son recursos suficientes para afrontar el alquiler de un apartamento en The Reserve, en la exclusiva zona de Santa María, en Costa del Este, que tiene un precio de venta superior a los $700 mil. Fue ahí donde lo capturaron en compañía de una mujer, la mañana del pasado miércoles.
Además, según las investigaciones de la Fiscalía de Drogas, a través de un grupo de testaferros, los líderes de la red criminal habían adquirido un apartamento por un valor de $400 mil en Costa Esmeralda, San Carlos, y una residencia en Capirita, en el Valle de Antón, valorada en $70 mil.
Señalados como testaferros
Las diligencias se remontan a marzo del 2022, cuando la fiscalía recibió los primeros informes de la actividades de la supuesta red criminal. Para mover el dinero producto de actividades relacionadas con drogas, la organización habría usado a un grupo de personas para que abrieron empresas y adquirieran inmuebles y vehículos.
Así fue con la activista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Caridad Milagros Hurtado Almengor (conocida como Caridad Kanelón), a quien la fiscalía atribuye haber usado la estética Mujeres Bellas, en la que se ofrecían paquetes de belleza a mujeres y cirugías plásticas en Colombia, como fachada para el blanqueo de capitales.
La investigación también apunta a su hermana Jazmín Almengor y a su madre Josefa Almengor, de 72 años, a quien el juez de garantías otorgó una medida cautelar de depósito domiciliario.
📹A alias “Zequi” y otras personas aprehendidas en #OperaciónPTY, se les ordenó la detención provisional por reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y por blanqueo de capitales.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 22, 2023
Fiscal de Drogas, Joseph Díaz da detalles de esta audiencia.👇 pic.twitter.com/nM1hkjmR6G
En el caso de Jazmín, supuestamente también tenía un salón de belleza y recibió plata de Jorge Zurita. Con estos fondos habría adquirido una residencia en Nueva Gorgona, por $85 mil, y un apartamento en Villa Lorena que le costó $19 mil.
Jazmín Almengor le dijo al juez que obtiene ingresos mensuales por $5 mil y que labora en la Junta Comunal de Mateo Iturralde. En la planilla del Municipio de San Miguelito, aparece su nombre con funciones de “promotor comunal”, con un salario, pero de $500; ahí está contratada desde 2015.
Como representante de Mateo Iturralde fue electo en 2019 el perredista Omar Montilla, actual viceministro de Comercio Interior, razón por la cual el encargado de la junta comunal es su suplente, Juan Barsallo. Montilla aparece en varias fotos haciendo campaña política con Caridad Kanelón.
Caridad Kanelón le dijo al juez que recibe ingresos mensuales por $13 mil. La fiscalía sostiene que recibió dinero de la red criminal para comprar una finca valorada en $99 mil, en Pedregal, y costear viajes de placer a Sudamérica, Turquía y otros destinos.
Rubianesa Baker, la mujer detenida con Zequi en The Reserve, ganaba $1,300 como asistente técnico en el Ministerio de Gobierno, donde laboró desde enero hasta el pasado 20 de abril, cuando fue “desvinculada” de ese cargo. Baker le dijo al juez de garantías que sus ingresos mensuales rondan los $2,300, puesto que mantenía una empresa de limpieza.
Es señalada por la fiscalía como parte de la estructura de la que supuestamente recibió dinero para adquirir una propiedad en Capirita, El Valle de Antón, por $70 mil, una residencia en Colón y un apartamento en The Reserve, el complejo de lujo donde fue capturada esta semana.
Mientras que Aileen Ortega Díaz, quien laboraba en Pandeportes desde septiembre de 2019, con un sueldo de $800, es señalada por la fiscalía de haber recibido dinero Jorge Zurita para adquirir una propiedad en Punta Prieta, Coronado, y un apartamento en la ciudad de Panamá.
En tanto, a Giancarlo Medrano, quien alega ser un trabajador independiente y mantener un ingreso por la suma de $3 mil, la fiscalía lo vincula a la red por recibir fondos de Zequi para tramitar la compra de un apartamento en Costa Esmeralda, San Carlos.
En cuanto a Yaribeth Medrano, la fiscalía le atribuye la gestión de una sociedad “fantasma” para recibir dinero de Ezequiel Alarcón, a través de varias sociedades utilizadas para la compra del apartamento en Costa Esmeralda y de varios automóviles de lujo. Sin embargo, Medrano dijo que su único ingreso es un sueldo de $500 como secretaria. También se le vincula con una empresa de lencería y trajes de baño.
A Francisco Rodríguez, otro de los imputados por este caso, la fiscalía dice que recibió el dinero para comprar una residencia en El Valle de Antón. Rodríguez le dijo al juez que trabaja en la construcción y tener un salario de $900.
Con relación a Asher Melamed Urriola, la fiscalía lo vincula a la investigación por supuestamente haber recibido dinero de Jorge Zurita y Jazmín Almengor para comprar propiedades. Melamed es un productor agropecuario en la provincia de Veraguas y contó que tiene ingresos por $9 mil al mes.
También la fiscalía hizo señalamientos contra la contadora Margarita García, quien dijo laborar en el Ministerio de Educación. La fiscalía le atribuye haber facilitado las labores de blanqueo de capitales a través del manejo de las cuentas de algunas sociedades.
El juez de garantías, Manuel Lezcano, además de acoger la imputación a los 11 aprehendidos en la Operación PTY, también se refirió a siete sociedades anónimas que fueron usadas como pantalla para el movimiento de dinero proveniente del blanqueo de capitales.
Entre estas figuran Mercadeo y Estrategia Corp, Caridad Canelón Inversiones y Producciones Agropecuarias. El juez ordenó la suspensión de operaciones de estas sociedades, hasta la conclusión del proceso legal.
En la audiencia, los abogados defensores alegaron presuntas violaciones al debido proceso por parte de la Fiscalía de Drogas, al señalar que no se les permitió acceso a las carpetillas de la investigación, lo que les impidió realizar una defensa efectiva.
También estuvieron en desacuerdo con la medida de detención preventiva aplicada a siete de los investigados, por lo que decidieron apelar esta decisión ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
La audiencia para decidir las apelaciones será el próximo 3 de mayo.
