Las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público (MP) entre 2014 y 2015 relacionadas con el uso irregular de fondos asignados al extinto Programa de Ayuda Social (PAN) apuntaron a un sinnúmero de funcionarios de la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Las diligencias realizadas en el PAN y en las instituciones que supuestamente recibieron las ayudas económicas para programas de comida escolar, construcción de viviendas, compra de llantas, granos y alquiler de helicóptero revelaron que hubo un manejo oscuro en el uso de los fondos y una escasa supervisión sobre las entregas de los insumos. Esa información también fue corroborada por informes de auditoría de la Contraloría General de la República.
Unos 30 personas, entre ellos ministros, directores y particulares fueron vinculados por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias y estafa.
Casi todas estas investigaciones que culminaron con vistas fiscales en las que se pedía llamamiento a juicio tropezaron con las decisiones del entonces juez Decimoquinto Penal Leslie Loaiza y una intrincada maraña de recursos legales que produjeron que algunos de los casos avanzaran a paso lento, que los llevó a estar por años en una especie de limbo.
Leslie Loaiza, a quien el Órgano Judicial no le renovó su contrato de trabajo en diciembre de 2020, dictó sobreseimientos en varios de estos casos: El 10 de agosto del 2018 sobreseyó a cinco personas investigadas por peculado por el Programa de Mejoramiento de Obras Sociales en las provincias de Herrera, Coclé y Los Santos. Pero cuatro años después el Tribunal Superior de Liquidaciones revocó esa decisión y los condenó a ocho años de prisión.
Esa decisión alcanzó al exdirector del PAN Giacomo Tamburelli; al excandidato a diputado por Cambio Democrático Heriberto Yunito Vega, Luis Alberto Hernández, Estilio Díaz y Luis Alberto Vega.
Otro tanto ocurrió con la investigación del Ministerio Público relacionada con el alquiler de helicópteros contratados por diversas entidades públicas a través del PAN. En 2018, el expediente fue archivado por Loaiza, quien declaró su nulidad relativa por supuestas violaciones al debido proceso. Pero el Segundo Tribunal revocó esa decisión y ordenó continuar con el proceso, que nuevamente fue archivado por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que asumió el proceso tras la liquidación del Juzgado Decimoquinto.
Finalmente, el Tribunal Superior de Liquidación, tras una apelación de la Fiscalía Anticorrupción, revocó esa decisión y llamó a juicio a 18 exfuncionarios, entre ellos a los exministros Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social); Franklin Vergara (Salud); y Emilio Kieswetter y Óscar Osorio (Desarrollo Agropecuario), todos acusados de presunto peculado. El juicio está previsto para el 4 de septiembre de 2023.
Esta investigación se inició en septiembre de 2014 y por el tiempo transcurrido se declaró prescrito el delito de corrupción de servidores públicos.
Otra investigación cuyo inicio se remonta a 2014 es la compra de comida deshidratada a través del PAN, que también quedó en manos de Loaiza, quien en diciembre de 2015 sobreseyó a tres de los imputados y llamó a juicio a cinco. En la audiencia, celebrada en 2019, se absolvió a todos los imputados.
Sin embargo, el Ministerio Público apeló y el 16 de diciembre de 2019, el Segundo Tribunal de Justicia reformó dicha sentencia y condenó a la pena de cuatro años de prisión al exdirector PAN Giacomo Tamburelli y a ocho años de cárcel al exfuncionario Ángel Famiglietti y al empresario Rubén De Ycaza.
Una situación similar se vivió con el denominado caso Piso y Techo, en el cual se acusó a funcionarios del PAN y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) de una serie de inconsistencias en la entrega de los materiales. Además, se detectó una lesión patrimonial de $1.5 millones.
En este caso Loaiza decretó la nulidad, argumentando una serie de violaciones al debido proceso. Sin embargo, la fiscalía apeló y el Segundo Tribunal de Justicia revocó esta decisión y ordenó el llamamiento a juicio de 14 personas, entre ellas la exministra del Miviot Yasmina Pimentel. El juicio debió celebrarse el pasado mes de mayo, pero se suspendió. Aún no se ha precisado la nueva fecha.
La historia se repitió el 4 de octubre de 2019 cuando el Segundo Tribunal de Justicia revocó un fallo de Loaiza que en septiembre de 2018 declaró la nulidad del caso de compra de granos a través del PAN. El fallo ordenó continuar con el proceso. En 2015 la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, a cargo de las pesquisas, formuló cargos por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y ordenó indagatorias a 49 personas. En este caso la lesión patrimonial se estima en $12.3 millones.
El pasado 2 de septiembre la jueza segunda liquidadora. Agueda Rentería, llamó a juicio a los 49 investigados y fijó fecha de juicio para el 13 de noviembre de 2023, a las 9:00 a.m., y como fecha alterna el 11 de diciembre de ese mismo año, a la misma hora.
