La Procuraduría General de la Nación comunicó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pasado 10 de diciembre, el interés de la República de Panamá, “como víctima del delito”, en la restitución de los dineros que blanquearon Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, utilizando el sistema financiero estadounidense.
Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal confesaron haber participado en un esquema para blanquear $28 millones en sobornos que la constructora Odebrecht pagó para beneficio de un antiguo “alto funcionario del gobierno de Panamá”.
De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría, esa petición la realiza en su calidad de autoridad central de la República de Panamá para la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción” y atendiendo su obligación constitucional de defender los intereses del Estado panameño.
En la solicitud de Panamá, se pide la restitución de los fondos procedentes de los delitos o cualquier suma equivalente a los bienes o al producto del delito que hayan sido o en el futuro sean cometidos, con motivo del proceso penal seguido en Estados Unidos a los hermanos Martinelli Linares y “otros”.
Luis Enrique, de 39 años de edad, y Ricardo Alberto, de 42, se declararon culpables el 2 y el 14 de diciembre de 2021, respectivamente, del cargo de conspiración para lavar dinero.
La Procuraduría informó que en la audiencia con el juez federal Raymond Dearie, celebrada el pasado martes en Brooklyn, en la que se validó el acuerdo de culpabilidad de Ricardo Alberto, estuvo presente el fiscal superior de Asuntos Internacionales, Agustín A. Almario Castillo. La entidad informó que le está dando seguimiento a todo lo que sucede en este caso.
La lectura de la sentencia de Ricardo Alberto será el 13 de mayo de 2022 y la de Luis Enrique, el día 20 del mismo mes.
Actualmente, los hermanos Martinelli Linares están en el centro de detenciones metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en el sector de Brooklyn (Nueva York), sin derecho a fianza debido a su “alto riesgo de fuga”.