A cuatro días del desenlace en una corte de Nueva York, Estados Unidos, de uno de los múltiples capítulos de la trama de corrupción global conocida como caso Odebrecht, gravita en el ambiente, una vez más, “la vergüenza internacional” de que Panamá y su administración de justicia aún no hayan podido llevar a juicio a los responsables locales del desvío de millones de dólares destinados a obras de infraestructura pública.
En esto coinciden diversas fuentes consultadas por este diario, entre ellos quien presentó una de las denuncias originales del emblemático caso Odebrecht hace siete años. A partir de las 4:00 p.m. de este viernes 20 de mayo el juez estadounidense Raymond Dearie leerá la sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes se declararon culpables de participar, entre agosto del 2009 y septiembre de 2015, “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”.
Este período coincide con la administración presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), padre de los Martinelli Linares.
¿Qué significa para el país y quién es este personaje? El excontralor Alvin Weeden, quien sostiene que a Estados Unidos le interesa más al tiburón que las sardinas, dice que no tiene la menor duda de que quien instruyó a los Martinelli Linares fue su propio padre, “para que recibieran esos dineros mal habidos y los llevaran al extranjero”.
Weeden fue uno de los primeros en presentar una denuncia por Odebrecht -en septiembre de 2015- para que se iniciara una investigación por el uso del sistema financiero local en actividades ilegales.
Dice que “felizmente el brazo largo de la justicia está funcionando en alguna parte del mundo”. Pero esto, agrega, es al mismo tiempo lamentable, ya que ha tenido que hacerlo otra jurisdicción. Con la sentencia de esta semana, explica, las investigaciones de los fiscales no concluyen, ya que el siguiente sería el “alto funcionario” o alguno de sus ministros.
En este punto coincide con la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien calificó como “una vergüenza nacional” el hecho de que los Martinelli Linares se hayan declarado culpables por el delito de blanquear coimas pagadas por Odebrecht en favor de un “alto funcionario del gobierno de Panamá, que es un pariente cercano” y que en Panamá no se haya podido hacer ni siquiera la audiencia preliminar. “La ecuación está casi perfecta o casi completa. ¿Para quién podrían lavar dinero los hijos si ellos no ocupaban un cargo público?”, se preguntó Gómez en una entrevista publicada por este diario el pasado 14 de mayo.
Y hay otro factor a tener en cuenta, recuerda el abogado Carlos Ernesto González: el artículo 24 de la Constitución que dice así: “El Estado no podrá extraditar a sus nacionales...”
Para González, este caso pone en entredicho la eficiencia de la justicia. Sustenta que si bien en Panamá hay algunos operadores de justicia que intentan hacer su trabajo, los mecanismos para garantizar la impunidad de los corruptos siguen intactos. “El problema no es que haya corrupción, lo cual puede ocurrir en cualquier parte del mundo, el problema es que no se castiga”.
El exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, por su parte, no espera que en la audiencia del viernes se revele el nombre del “alto funcionario”. Agrega que si bien en Panamá está claro quién es el pez gordo, todavía la interrogante sigue rondando. Citó un artículo del cantante Rubén Blades, publicado el 16 de enero de 2022, en el que, interpelando a Martinelli, hace la siguiente reflexión: “Ya sus dos hijos aceptaron su corrupción, admitiendo ser culpables de aceptar sobornos, lavar y ocultar dinero, y actuar como intermediarios del ilícito. Solo falta una pregunta más por aclarar: ¿Ricardo Martinelli, es usted ese alto funcionario y familiar cercano?”.
Los hermanos Martinelli Linares, que en diciembre de 2021 aceptaron haber lavado al menos $28 millones de dólares en sobornos (ahora los fiscales hablan de que esta cifra podría ser el doble), han intentado minimizar su participación alegando que en realidad tuvieron un papel como actores “periféricos” en este esquema criminal.
Su padre en Panamá no solo está protegido de una eventual extradición, sino que -por ahora- no se le puede procesar en los casos por blanqueo de capitales de New Business, cuya audiencia se inicia este jueves 19 de mayo y Odebrecht (prevista para el 18 de julio).
Ello es así gracias a que el 22 de marzo de 2022, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá y Heriberto Araúz emitieron un fallo en el que mantienen el fuero electoral penal a Martinelli, en su calidad de presidente del partido Realizando Metas (RM), alegando que el expresidente está cobijado por el llamado principio de especialidad, que impediría juzgarlo por otro delito más allá de los pinchazos, del cual fue absuelto.
Precisamente Estados Unidos ha comunicado al Ministerio Público en reiteradas ocasiones que Martinelli, extraditado de ese país en junio de 2018 para que enfrentara en Panamá un proceso por escuchas ilegales (pinchazos), no está protegido por ese principio.
Además, el fuero de Martinelli se ha extendido de facto debido a que su partido RM denunció presuntas anomalías en las elecciones del pasado 24 de abril, comicios que la dirigencia intentó posponer en varias ocasiones.
Esta “extensión atípica e indefinida del fuero” motivó el pasado 12 de mayo al jefe encargado de la Dirección Nacional de Organización Electoral, Santana Díaz, a pedirle a sus superiores del TE que ordenen la “suspensión de la vigencia del fuero electoral penal y laboral que tienen los aforados con ocasión del proceso de elecciones de las juntas directivas de la Juventud y de la Mujer del partido Realizando Metas, hasta tanto se hayan cumplido los trámites de rigor ante la Dirección Nacional de Organización Electoral y se apruebe la convocatoria a nuevas elecciones y se cumplan las condiciones legales previstas en el Código Electoral que permitan adquirir nuevamente los respectivos fueros”. Los magistrados aún no se han pronunciado.
Este diario consultó a uno de los abogados en Panamá de Martinelli y esta fue su respuesta. “No voy a dar declaraciones del caso, no estamos autorizados”.
