El grupo de abogados defensores que presentaron sus alegatos en el noveno día de juicio por el caso Panamá Papers arremetieron contra los peritos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que elaboraron el informe de actuación financiera sobre las transacciones de las sociedades anónimas creadas por la firma Mossack Fonseca.
El primero que habló en el estrado fue Moisés Bartlett, abogado de Hans Joachim Kohlsdorf. Dijo que la solicitud de condena contra su cliente es infundada, pues no cometió delito alguno. Sustentó que no existió dinero de procedencia ilícita, ya que todas las estructuras creadas por la firma de abogados fueron legales. También aseguró que nunca hubo un acto de conspiración para el lavado de activos.
[Le puede interesar: Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’]
Sostuvo que el informe de actuación financiera elaborado por los peritos reconoció que el beneficiario final de los dineros no era Kohlsdorf, ya que eran parte de una serie de transacciones comerciales legítimas para devolver dinero a la empresa alemana Siemens. Aseguró que los investigadores de la DIJ no conocen las características del delito de blanqueo de capitales y desconocían los trámites mercantiles y bancarios.
En tanto, Marcela Araúz, abogada de Ramsés Owens, aseguró que la fiscalía omitió indicar al tribunal el tipo penal específico de cada imputado en tiempo, modo y lugar. En el caso de su cliente, afirmó, la fiscalía no le probó la vinculación con el blanqueo de capitales y tampoco probó el delito precedente. Araúz también criticó el informe elaborado por los funcionarios de la DIJ. Argumentó que los peritos no eran idóneos para elaborar un análisis financiero y añadió que ambos testigos usaron documentos en inglés, no traducidos por un traductor certificado, lo que convierte a esa prueba en ilegal.
[Lea aquí: ‘Panama Papers’: concluye la etapa de presentación de pruebas]
Luego correspondió el turno a Arturo Sauri, abogado de Gelka Martínez, quien dijo que su cliente era jefa de operaciones y que sus labores eran de carácter administrativo sin relación con clientes y no manejaban fondos. Según Sauri, Martínez no tenía facultades para ordenar transferencias y que solo cumplía órdenes.
En la tarde, una de las que sustentó fue Cheryl Mc Donald, abogada de Yakeline Pérez y Hercibelle González, quienes eran directoras de comunicación interna y elaboraban sociedades en la antigua firma de abogados. Mc Donald dijo que sus clientas atendían sus obligaciones y solo cumplían órdenes. Recalcó que la fiscalía no ha presentado pruebas relevantes para condenar a las procesadas, ya que no especificó hechos concretos de la comisión de un hecho punible.
‘El hackeo’
Guillermina Mc Donald, abogada de Jürgen Mossack, Sandra Naranjo de Cornejo y Sabina Ho de Ramos, aseguró que la investigación fue producto de un hackeo que ocasionó un grave perjuicio a la economía nacional.
Ese hackeo a los servidores de Mossack Fonseca, recordó, se denunció ante el Ministerio Público, pero recordó que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual cerró el proceso a pesar de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó el hackeo. Mc Donald alegó que Jürgen Mossack siempre veló para que se hiciera la debida diligencia de los clientes de su bufete.
Aseguró que en el caso de Siemens y Argentina, nunca se pudo probar que hubo blanqueo de capitales. Alegó que no hubo reportes a la Unidad de Análisis Financiero relacionadas con las actividades de Mossack Fonseca, ya que toda su actividad se apegó a las normas legales vigentes, por lo que pidió una sentencia absolutoria para sus clientes.
