La emblemática investigación de los Panama Papers en 2016 fue y continúa siendo la mayor investigación periodística global de la historia, abarcando unos 11.5 millones de documentos y más de 100 medios de comunicación de 80 países.
La investigación, que se centró en los archivos del ya desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca, descubrió los secretos financieros de algunas de las personas más famosas, poderosas y notorias del mundo y resultó en investigaciones criminales en varios países, incluyendo Panamá.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur Davío Gunnlaugsson, se vio obligado a renunciar después de descubrirse que utilizó una sociedad anónima para ocultar activos, a pesar de haber sido elegido con una plataforma que incluía abordar la corrupción en el sistema bancario.
Varios líderes mundiales fueron identificados incluyendo al exministro de presupuesto francés Jérôme Cahuzac. Esto fue notable porque el gobierno francés, colocó a Panamá en una lista de paraísos fiscales de la cual había sido recientemente eliminada.
El líder de la extrema derecha francesa Jean-Marie Le Pen y los miembros de su familia también fueron mencionados en los documentos y se sospecha que escondieron grandes cantidades de dinero en el extranjero.
El expresidente argentino Mauricio Macri fue listado como jefe de una empresa comercial con sede en las Bahamas que no divulgó durante su mandato como alcalde de Buenos Aires y tenía conexiones con varias otras compañías.
Otro argentino en los documentos fue Daniel Muñoz, el secretario privado y confidente del expresidente argentino Néstor Kirchner. Muñoz y su esposa fueron vinculados a Gold Black Limited, una compañía incorporada en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 para invertir en bienes raíces en Estados Unidos.
Quizás la persona más famosa nombrada en la filtración fue Lionel Messi, quien negó cualquier conexión con la empresa Mega Star Enterprises. Messi y su padre serían más tarde declarados culpables de fraude fiscal.
Los documentos también mostraron que Mossack Fonseca estaba conectada a la investigación de corrupción Lava Jato en Brasil, y se hicieron alegaciones de que las compañías creadas por la firma se usaron para facilitar sobornos pagados a funcionarios públicos.
Se descubrió que políticos de siete partidos políticos diferentes en Brasil eran nombrados como clientes de Mossack Fonseca.
Se estima que los gobiernos han recuperado unos $1.2 mil millones en ingresos utilizando datos de la filtración. Esto incluye unos $250 millones recuperados por el Reino Unido, la mayor cantidad recolectada por cualquier país, y $89 millones por Colombia, la mayor cantidad en América Latina.
La investigación también proporcionó un modelo para proyectos periodísticos a gran escala, que ahora se han convertido en la norma al tratar con grandes filtraciones de datos.
Hoy, los dos fundadores del bufete de abogados serán juzgados en Panamá por cargos relacionados con la investigaciónl luego de que a través del Auto Vario 137 del 21 de julio del 2023, la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, decidió acumular en una sola causa los expedientes Panamá Papers (También conocido como el caso Siemens) y Lava Jato, ya que guardan similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público. En ambas causas se investiga el movimiento irregular de fondos a través de sociedades offshore en Alemania, Brasil y Argentina que fueron creadas por la firma Mossack Fonseca.
Entre los imputados en ambos casos figuran los exdirectivos de Mossack Fonseca Jurgen Mossak, Ramón Fonseca Mora, los abogados Ramsés Owen, Edison Teano, María Mercedes Riaño, y otros colaboradores de la firma, Sandra Alejandrina Naranjo, Luis Adonay Martínez, George Allen, Leticia Montoya, Rey Franklin Taylor, entre otros.
La juez Baloisa Marquínez dispuso la asignación de defensores de oficio para los imputados, en la eventualidad de que los abogados particulares no se presenten al juicio. También ha dispuesto la transmisión del juicio a través del canal de YouTube del Órgano Judicial y la habilitación de una sala para que los medios de comunicación puedan darle seguimiento.
