Tras una investigación que se extendió por tres años y cuatro meses, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que políticos, dirigentes deportivos y particulares se beneficiaron de fondos públicos entregados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) con la presunta intención de construir canchas y comprar implementos deportivos.
En su escrito de acusación, presentado la semana pasada ante un juez de garantías, la fiscal Leyda Sáenz reveló que entre 2014 y 2018 hubo serias anomalías en el manejo de los fondos estatales asignados por Pandeportes y manejados a través de la Federación Nacional de Béisbol (Fedebeis), la Federación Nacional de Baloncesto (Fepaba) y asociaciones deportivas. Estos fondos, según las pesquisas, no se usaron para la reparación de canchas deportivas ni para la organización de ligas en áreas apartadas como la comarca Ngäbe-Buglé, Darién o barrios de San Miguelito y Panamá.
La fiscal hace señalamientos contra los exdirectores de Pandeportes Roberto Arango y Mario Pérez, a quienes acusa del delito de peculado, al consentir que distintas federaciones y asociaciones deportivas malversaran fondos entregados en concepto de apoyo social y desarrollo de actividades deportivas.
En el caso de Pérez, la acusación guarda relación con el manejo de un subsidio entregado por Pandeportes para organizar una liga profesional de baloncesto, que ni siquiera era reconocida por Pandeportes.
Sobre los exdiputados Adolfo Valderrama, del Partido Panameñista y Jaime Pedrol, del Partido Revolucionario Democrático, también la fiscalía hace graves señalamientos.
En el caso de Valderrama la fiscal lo acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, luego de que entre 2015 y 2018 movilizó fondos a través de exfuncionarios de la Asamblea Nacional, miembros de la Fepaba y de distintas personas jurídicas y comerciales que fungieron como testaferros para canalizar dinero que provenía de Pandeportes. Agrega que Valderrama, a través de la sociedad Eade Group, ubicada en el edificio Salduba, donde está la sede del Partido Panameñista, y mediante testaferros, usó dinero proveniente del peculado, ya que originalmente habían sido solicitados para la Liga Profesional de Baloncesto, no reconocida por Pandeportes.
En el caso de Pedrol, la fiscalía dice que colaboró para que la Fedebeis malversara fondos de Pandeportes, solicitando apoyo económico y social para el desarrollo del béisbol con la compra de uniformes e implementos deportivos para el circuito 12-2 para unas 15 comunidades en la comarca Ngäbe-Buglé. Pero estos implementos nunca fueron entregados.
También atribuyó el delito de peculado a Jair Peralta, presidente de la Fepaba, a quien acusa de malversar fondos públicos que le fueron asignados a esa federación por Pandeportes para el desarrollo de ese deporte en diferentes comunidades del país, lo que incluía la compra de implementos deportivos.
El documento recalca que entre 2016 y 2019 actuó como firmante de una cuenta bancaria de la Fepaba y que hizo uso de ella para transferir y así recibir recursos provenientes de la malversación de fondos públicos.
A la vez la fiscal formuló cargos a otras seis personas, entre ellas, el exgerente de la Fedebeis Aníbal Reluz; Ana Virginia Tejada, exencargada de la Dirección Técnica de Deporte y Recreación de Pandeportes.
Con relación a Reluz, el escrito de acusación presentado por Sáenz precisa que entre los años 2014 y 2018 malversó fondos públicos que le fueron asignados a la Fedebeis por Pandeportes para el desarrollo de actividades deportivas en diferentes comunidades, tales como la compra de implementos deportivos y la reparación de canchas, las cuales no se concretaron.
En cuanto a Ana Virginia Tejada, quien fungía como directora técnica de deportes y recreación de Pandeportes, se plantea que no ejerció una labor de verificación de la viabilidad técnica y económica de los aportes solicitados por las federaciones y asociaciones deportivas.
También se presentaron cargos contra otras cuatro personas, entre exfuncionarios y particulares ligados a las anomalías en el manejo de fondos asignados por Pandeportes a federaciones deportivas.
Entre las pruebas aportadas por la fiscalía figura un informe de auditoría de 2019 de la Contraloría relacionado con los fondos públicos que fueron transferidos a las organizaciones deportivas, específicamente las realizadas a la Fedebeis y Fepaba. Además, tiene otro informe de auditoría de 2021 sobre los fondos transferidos a la Fepaba. En total se estima que las anomalías implicaron un perjuicio de $59 millones que fueron repartidos entre 133 disciplinas, fundaciones y ligas.
Nora Santa, abogada de Mario Pérez, señaló que pedirá el escrito de acusación para ver qué acciones pueden presentarse en esta etapa del proceso.
Dijo que la fiscales tienen una carrera para ver quién logra más condenas dejando de lado la objetividad del proceso investigativo.
Valderrama, al igual que Pedrol, han negado los señalamientos desde un inicio. Cuando fue citado por la fiscalía en diciembre de 2019, Valderrama publicó un comunicado en el que señaló que nunca manejó, administró o gestionó fondos de Pandeportes.
En tanto, Gustavo Pereira, quien ejerce la representación legal de Valderrama, aseguró que la fiscalía no pudo sustentar los cargos presentados contra su cliente y que en la fase de juicio quedará establecida la inocencia de su cliente.
Pereira también aseguró que se presentaron una serie de cheques como prueba, pero que esos cheques no guardaban relación con Pandeportes.
El abogado de Jair Peralta, Nicolás Brea, dijo que haría las consultas con su cliente para ver si quiere hablar de este caso.
