La extradición de Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo) a Estados Unidos, la detención de Jaime Powell Rodríguez (Yunya) en España, la imputación de 33 personas acusadas de integrar una red que recibía cargamentos de droga en Chame y Coronado y la detención de otras 39 personas el pasado 25 de enero en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro por presunto blanqueo de capitales son eventos que han dejado al descubierto que las pandillas locales habrían establecido alianzas para dar apoyo logístico a los carteles colombianos y mexicanos.
Así lo concluye el exfiscal de Drogas, José Abel Almengor, quien explicó que estas alianzas se han fraguado por el control que ejercen algunas pandillas sobre ciertos territorios de las provincias de Panamá y Colón.
Almengor detalló que, en el caso de Colón, algunas pandillas se han especializado en la introducción de droga dentro de los contenedores de mercancía con destino final a Estados Unidos y Europa.
Esta simbiosis entre los carteles de México y Colombia y las pandillas nacionales ha originado un recrudecimiento de los crímenes y ajusticiamientos por las disputas de los territorios, ya que su control representa acceso a fuertes sumas de dinero.
Es sería el caso de la disputa surgida entre los grupos liderados por Cholo Chorrillo y Yunya, quienes se disputaban el control de los accesos a puertos de la provincia de Colón, según las investigaciones.
Camargo Clarke, quien mantiene una condena por blanqueo de capitales, fue detenido en Costa Rica y extraditado a un tribunal federal en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo vinculó a varios cargamentos de drogas.
No le sirvió de mucho casarse con una colombiana naturalizada costarricense, ya que de todas formas fue extraditado, convirtiéndose así en el primer presunto pandillero local en ser extraditado a ese país.
A Clarke se le reconoce como un cabecilla de la pandilla Bagdad. En 2018, fue beneficiado con una medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico por el juez Luis de León Guardia, pero logró escapar del país.
En el caso de Powell, detenido por supuestamente conspirar para traficar drogas en España, estaría ligado a una pandilla vinculada a Eduardo Macea (alias Marshall), actualmente detenido en Punta Coco, que mantenía bajo su control algunas áreas de Colón.
Según las investigaciones de los organismos de seguridad pública, Powell, de 39 años de edad, habría asumido el liderazgo de Bagdad, un grupo ligado al narcotráfico y otros delitos, en 2016. En ese entonces habría relevado a Clarke.
En marzo de 2019, cuando Panamá estaba inmersa en la campaña electoral, un juez de Colón lo liberó. Desde entonces, se le perdió la pista. Hasta el pasado lunes de carnaval, cuando se dio a conocer de su captura en España.
A Powell y a Anthony Martínez Meza, detenido en Dubai en noviembre de 2022, se les vincula a una poderosa red criminal que colocaba droga procedente de Colombia en contenedores con destino a Europa. Los contenedores eran “contaminados” con los estupefacientes en asocio con empleados portuarios.
Según cifras de las autoridades, de los 29 asesinatos registrados en el distrito de San Miguelito, el 90% está relacionado con el tráfico de drogas. Las autoridades también vinculan a la lucha relacionada al narcotráfico un enfrentamiento a tiros en el centro penitenciario La Joya, en el que falleció un subteniente de la policía y un hombre detenido.
Otro caso en donde se evidencia esta situación fue la red desmantelada en la operación Damasco en febrero del 2022. En este caso se trató de la pandilla Humildad y Pureza (HP), a la que las autoridades vinculan con el Clan del Golfo.
La noche del pasado jueves, un juez de garantías imputó cargos por los delitos de tráfico de drogas a 33 personas acusadas de ser miembros de una red criminal cuyo centro de operaciones era San Miguelito. Según las pesquisas, esta red recibía cargamentos de drogas en Chame y Coronado, procedentes de Colombia, y luego los enviaba a Estados Unidos.
El juez acogió la petición del fiscal Joseph Díaz, quien presentó como evidencias una serie de audios y detalles de operaciones de vigilancia y seguimiento efectuados por la Policía, en los que se vincula a los implicados en 12 eventos relacionados al tráfico de drogas.
A este grupo también se le asocia con el asesinato un hombre en el área de La Provindencia de San Miguelito, cuyo cuerpo fue desmembrado.
