Cuatro testigos abrieron el tercer día de juicio del caso Panamá Papers. Una de estas personas fue Luris Victoria Madrid, extrabajadora de la antigua firma de abogados Mossack & Fonseca, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, la cual está a cargo de este caso.
Durante el interrogatorio llevado a cabo por la fiscalía, la testigo detalló que trabajó en la sección de cumplimiento de Mossack & Fonseca durante 16 años. Relató que se encargaba de realizar la debida diligencia de los clientes y mencionó que, en ocasiones, este proceso se llevaba a cabo después de la constitución de los fideicomisos, cuando dichos controles debían haberse realizado previamente.
Explicó que la empresa Mossfon Managers LTD se creó con el propósito de atraer a clientes que necesitaban un mayor nivel de confidencialidad y que, por lo general, no cumplían con la documentación necesaria para llevar a cabo la debida diligencia.
Referente a la sociedad Fully Managed, la testigo mencionó que a través de esta entidad, el bufete de abogados brindaba un servicio de oficina virtual. Mediante este servicio, se asignaba al cliente una estructura como si estuviera operando en Panamá, ofreciéndole una dirección, números de teléfono y correos electrónicos, e inclusive nombres ficticios generados a través de un software.
En la sesión de este miércoles 10 de abril, también compareció el exembajador de Panamá en Washington, Eloy Alfaro. Fue interrogado por Basilio González, abogado de Amauri Batista, investigado y vinculado con la compra de 10 apartamentos a través de la sociedad The Panamera Properties. Según la fiscalía, estos apartamentos fueron adquiridos con fondos procedentes de actividades ilícitas cometidas en Argentina.
La investigación de la fiscalía precisa que la compra de los apartamentos fue gestionada por Enrique Juan Blaksley y Alejandro Miguel Carozinno, a través de sociedades creadas por Mossack & Fonseca. Ambos fueron condenados por la justicia argentina por delitos de lavado de dinero y estafa.
No obstante, Alfaro relató en el estrado que las compras se realizaron conforme a las normas legales y que todas las cesiones de sociedades para ejecutar la transacción se hicieron de manera transparente. También compareció el traductor Ricardo Sinclair, aducido por la abogada Guillermina McDonald, quien lo interrogó sobre una serie de documentos traducidos del idioma alemán. Estos documentos detallan que los fondos supuestamente estafados a la empresa Siemens no eran públicos.
El juicio del caso conocido como Panamá Papers se celebra ocho años después de que una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) develara las operaciones de la firma de abogados Mossack & Fonseca para crear sociedades que a su vez se usaban para supuestas prácticas irregulares, entre ellas el lavado de dinero.
