Las millonarias compras de equipos de seguridad efectuadas en el pasado gobierno al conglomerado Finmeccanica siguen bajo la lupa del Ministerio Público.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, investiga el contrato a través del cual se efectuó la compra de los seis helicópteros marca AgustaWestland a un costo de $98 millones, mientras que la Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, adelanta pesquisas por la adquisición del mapa cartográfico a Telespazio, un contrato de $22 millones. En ambas se investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Así lo dieron a conocer fuentes judiciales que explicaron, además, que estos dos casos se suman al que sigue la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que dirige Zuleyka Moore, por la adquisición de los 19 radares, proceso por el que se les imputó cargos al exviceministro de Seguridad Pública Alejandro Garuz, y al exministro también de dicha cartera José Raúl Mulino, a quienes se les dictó medida cautelar de detención preventiva.
TRES PESQUISAS POR EQUIPO DE SEGURIDAD
Dos nuevos procesos son adelantados por el Ministerio Público relacionados con la controversial adquisición de equipos de seguridad entre el Estado y el conglomerado italiano Finmeccanica, durante la administración del presidente Ricardo Martinelli.
La lupa está puesta ahora en el contrato con el que se adquirieron los seis helicópteros a la empresa AgustaWestland por $98 millones; y en la transacción con la que se gestionó un mapa cartográfico a Telespazio Argentina, S.A. en $22 millones.
En ambos procesos se investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
HELICÓPTEROS
Fuentes del Ministerio Público informaron ayer que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que examina lo relacionado con los helicópteros, solicitó al Ministerio de Seguridad Pública todos los documentos que sustentan el contrato gestionado por el exministro del ramo, José Raúl Mulino, para adquirir las aeronaves.
Los helicópteros que llegaron al país en 2013, actualmente son usados por personal del Servicio Nacional Aeronaval.
MAPA DIGITAL
Mientras que la Fiscalía Sexta Anticorrupción lidera las pesquisas para determinar si hubo irregularidades en el proyecto que avaló el suministro de un sistema de cartografía digital por $22 millones a Telespazio Argentina, S.A., filial de la italiana Finmeccanica.
El gobierno de Ricardo Martinelli autorizó el pago de hasta $9 millones, equivalente a poco menos del 50% del valor total del proyecto, pero este sistema nunca fue entregado.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender provisionalmente el contrato suscrito entre el Estado panameño y Telespazio, luego de que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, solicitara la nulidad del contrato. En su fallo, la magistrada Nelly Cedeño argumentó que se busca evitar que los efectos del contrato ocasionen “un perjuicio grave y de imposible reparación para la colectividad, ya que puede verse una afectación en el patrimonio de la Nación panameña por la demora en la decisión de fondo que puede adoptar esta sala”.
En 2010, el Consejo de Gabinete autorizó al entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, a firmar el contrato con Telespazio.
INVESTIGACIÓN COMPLEJA
Ambas investigaciones guardan relación con el expediente que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción por la compra de radares, pero por tratarse de un caso extenso y complejo se decidió distribuirlo en tres fiscalías, aseguraron fuentes judiciales a este medio.
En tanto, Ramsés Barrera, abogado del exministro Mulino, dijo ayer que hasta el momento no ha sido notificado sobre otra investigación que mencione a su cliente.
Se intentó conocer la versión de Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, pero no contestó llamadas.
Mulino está detenido preventivamente, mientras la Fiscalía Tercera Anticorrupción desarrolla las pesquisas. La investigación también alcanza al exviceministro de Seguridad y ex secretario general del Consejo Nacional de Seguridad Alejandro Garuz. A ambos se les formularon cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración.
