El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, aseguró que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, debe vetar parcialmente el proyecto de ley 91, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para permitir que los condenados a penas que no excedan los 5 años de prisión -con excepción de los que cometan delitos sexuales contra menores- sean beneficiados con una pena sustitutiva de libertad y trabajo comunitario.
La propuesta fue aprobada en tercer debate por el pleno legislativo, el pasado 30 de enero.
El día antes, en la discusión en segundo debate, los diputados incluyeron una inesperada modificación al artículo 65 del Código Penal, para que las personas que firmen acuerdos de pena o que sean condenadas a no más de cinco años de prisión por corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales o cualquier otro delito de alto perfil, se beneficien con trabajo comunitario en entidades estatales.
Algunos de estos delitos conllevan penas de 20 a 30 años (como el homicidio) o de 8 a 12 años, como los delitos relacionados con drogas. Pero un acuerdo de pena permitiría que la sanción fuese inferior. Si es de cinco años de prisión o menos, se le podría aplicar al condenado el beneficio del trabajo comunitario, si este proyecto de ley es aprobado.
“El Reglamento Interno de la Asamblea habla en su artículo 148 sobre la prohibición de incluir materias extrañas a un proyecto de ley, indicando que las modificaciones en segundo debate se podrán proponer siempre y cuando no versen sobre materia extraña”, dijo Araúz.
“Si las modificaciones no guardan relación al tema debatido en primer debate corresponde al Ejecutivo vetarlas”, reiteró.
La bancada panameñista se distanció del camarón y pidió el veto parcial del proyecto de ley 91.
El Código Penal vigente, en el artículo 65, dice así: “El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco años de prisión”.
El artículo aprobado por los diputados plantea: “El trabajo comunitario será aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien, siendo delincuente primario, haya sido condenado a una pena que no exceda de cinco años de prisión”.
Araúz considera, además, que este tipo de modificaciones parciales no son convenientes, ya que se requiere una revisión integral en materia penal, sobre la sanción y la resocialización, que incluya a diversos sectores.
Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), también criticó el camarón legislativo incluído en el proyecto de ley 91, originalmente presentado por el diputado independiente Gabriel Silva.
“Asusta ver cómo algunos diputados de la Asamblea parecen tratar de encubrir a delincuentes, cuando de por sí es difícil que el sistema judicial condene a los corruptos, narcotraficantes y lavadores de dinero; eliminar la pena de cárcel para las condenas menores de 5 años es una invitación al delito”, aseguró.
Entre los proponentes de esta modificación que favorecería a los reos figuran los diputados perredistas Leandro Ávila y Zulay Rodríguez, al igual que Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
Por su parte, la exprocuradora de la Nación y exdiputada, Ana Matilde Gómez, señaló: “Eso estaría muy mal, porque el daño que se le produce al conjunto de la sociedad es de tal magnitud, que el trabajo comunitario parecería un premio”.
Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, también se sumó a las voces críticas de este camarón y pidió a Cortizo el veto.
“Las consecuencias para aquellos que cometan delitos como blanqueo de capitales o corrupción deben ser severas y contundentes. La ley debe mantenerse rígida ante este tipo de delitos; de lo contrario la situación va a empeorar”, declaró.
Agregó que los diputados que hicieron esto prácticamente “invitan a las personas a delinquir, a ser corruptos o narcotraficantes, ya que si te agarran, solo vas a limpiar parques; este es un terrible mensaje”, concluyó.
