Una petición para que se realice una auditoría al Municipio de San Miguelito, a raíz del incumplimiento del pago de las cuotas obrero patronales, fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño ante la Contraloría General de la República.
Cedeño acudió en la mañana de ayer lunes a la Contraloría y entregó la petición, fundamentada en el artículo 41 de la Constitución, en el que se precisa que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los funcionarios públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución”.
El citado artículo también indica que “el servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de 30 días”.
A través de diversos medios de comunicación, el Municipio de San Miguelito ha reconocido que está moroso en el pago de las cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social (CSS).
El propio alcalde Héctor Valdés Carrasquilla ha dicho que se hacen los descuentos a los funcionarios, pero, según Cedeño, quedan varias incógnitas: a cuánto asciende el total de lo evadido, por qué no se pagó a la CSS y a dónde ha ido ese dinero.
Con eso, la gestión de Valdés Carrasquilla desafía la Ley 51 de 2005, orgánica de la CSS, que dispone sanciones a los empleadores que no cancelen las cuotas de sus trabajadores. También violaría los artículos 241 y 242 del Código Penal, que establece penas de prisión a quienes retengan cuotas de la CSS cuando la suma supere los mil dólares.
Se intentó obtener una respuesta de Valdés Carrasquilla, pero voceros de su departamento de relaciones públicas explicaron que próximamente emitirían un comunicado al respecto. Al cierre de esta nota no se había dado ningún pronunciamiento.
Valdés Carrasquilla ha intentado justificar esta situación, alegando que la pandemia de la covid-19 impactó a todos los municipios del país. Así lo afirmó en una entrevista en TVN, el pasado 28 de noviembre.
Una de las herramientas que permitiría al Municipio de San Miguelito cumplir con la CSS es la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, que fue modificada hace dos semanas para que tanto los gobiernos locales usen el 25% de los fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (un mínimo de $500 mil) para gastos de funcionamiento.
Valdés Carrasquilla llegó al cargo que hoy ocupa tras haber sido postulado por Cambio Democrático (CD) y Alianza en 2019. Antes, fue alcalde de San Miguelito, de 2004 a 2014, y diputado de 2014 a 2019. El pasado 8 de octubre, tras once años de militar en CD, regresó al Partido Revolucionario Democrático de la mano del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y de los diputados de San Miguelito, Raúl Pineda y Leandro Ávila.
Funcionarios condenados
Cedeño también entregó a la Contraloría, dirigida por Gerardo Solís, una nota en la que solicita información de la existencia en el engranaje gubernamental de funcionarios electos que mantengan condenas de carácter penal debidamente ejecutoriadas.
Pide a la Contraloría determinar las medidas que adoptará frente a esta situación, ya que ningún condenado puede ser empleado de manejo, como los dispone el artículo 1088 del Código Fiscal.
El citado artículo plantea que ”para ser empleado o agente de manejo es preciso gozar de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ejecutoriada como quebrado fraudulento o culpable y no ser deudor moroso del Tesoro Nacional”.
Hace una semana, en una elección en el Consejo Municipal de Panamá, se decidió que Yoira Perea (representante de Chilibre) y Mario Kennedy (de San Felipe) serán la presidenta y el vicepresidente de ese ente, a partir de enero de 2023. Perea fue condenada a 60 meses de prisión por malos manejos del Fondo de Equidad y de Calidad de la Educación (FECE), mientras que Kennedy fue sentenciado a seis años de cárcel (que luego se le rebajó a cuatro), por malversar fondos de la Junta Comunal de San Felipe.
El presidente actual del Consejo Municipal, Ramón Ashby, quien también tiene una condena (de 60 meses de prisión) por peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Calidonia.
